Piden la quiebra del Solidario

Según Alfonso Guzmán, asesor legal de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), el Consejo pedirá la quiebra pues el informe del interventor, Wílliam Rojas, confirmó todas las deficiencias que en un principio obligaron a aquella medida.

Dicho proceso iba a durar 180 días (6 meses), pero al final consumió solo dos meses. Según Guzmán, la SUGEF presentará hoy ante el Juzgado Civil de Pavas la petición correspondiente.

El Banco Solidario fue creado en 1991 y a febrero anterior tenía ¢2.770 millones en activos y deudas por ¢1.558 millones.

Cuando se declaró la intervención, la SUGEF había detectado varias razones que obligaron a tomar esa decisión, las cuales fueron ratificadas por Rojas.

Primero, en diciembre pasado sus indicadores de calidad de cartera (morosidad) mejoraron bruscamente, debido a que –supuestamente– habían pasado algunos créditos como buenos cuando no lo estaban. Segundo, el banco no había cumplido el límite mínimo de capital requerido (¢1.450 millones).

Tercero, a la fecha no estaba claro quién era el dueño del banco, pues aunque el año pasado el estadounidense Tim Sacora poseía el 89,5 por ciento de las acciones, ahora tiene varias demandas judiciales en contra del canadiense Bryan Newman, y el holandés Bally Manon, quien aparentemente se quedó con los títulos.

Bernardo Alfaro, titular de la SUGEF, indicó que esa situación aún no está clara y tendrá que resolverse en los tribunales.

Ayer se trató de hablar con Tim Sacora, pero no fue posible ubicarlo. Su abogado, Roy Ching, dijo que no había recibido ninguna comunicación sobre la petición de quiebra.

Sobre las demandas presentadas, Alfaro declaró que el Ministerio Público ya empezó a recibir las pruebas correspondientes.

Se intentó hablar con Bryan Newman, pero no se le logró ubicarlo. Tampoco a su abogado, José Alberto Schroeder. Schroeder había dicho a La Nación , en marzo, que tanto Newman como Manon también interpondrían demandas contra Sacora.

Lo que sigue

En cuanto a la quiebra, el Juzgado Civil deberá evaluar la razones del interventor para aceptar tal pedido. De ser así, nombraría a Bernardo Alfaro como curador interino, mientras se constituye la junta liquidadora.

Esta será presidida por Alfaro y por un representante de los acreedores y otro de los dueños, los cuales procederán a hacer una valoración de los activos y luego a su liquidación.

Guzmán reveló que la decisión de pedir la quiebra se había tomado desde la semana pasada, pero quedó en firme ayer, por lo que dieron un tiempo prudente para ver si los dueños encontraban los recursos económicos para salir de la situación, lo que no ocurrió.

Alfaro justificó que la intervención durara dos meses, aunque se había aprobado por seis, debido a que como se trataba de un banco pequeño el interventor tuvo el tiempo justo para "escudriñar" en sus cuentas y dar un veredicto.