La Superintendencia de Pensiones (Supén) y la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) recomendaron posponer el traslado de las Operadoras Complementarias de Pensión (OPC) que administran el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) hasta que los mercados bursátiles internacionales se estabilicen.
Así lo informaron a través de un comunicado de prensa este lunes, donde hicieron un llamado a la calma ante la guerra comercial desatada por el anuncio de nuevos aranceles por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
La Supén fue enfática al señalar que se trata de una situación coyuntural, es decir, aunque en este momento afecte las inversiones de los rendimientos.
“Es esperable que las personas tengan dudas sobre el impacto que puedan generar estas fluctuaciones del mercado en sus pensiones. No obstante, lo más recomendable es esperar a que el mercado se estabilice y no cambiar de operadora de pensiones en este momento, dado que esto conllevaría a materializar pérdidas”, comentó Tomás Soley, superintendente.
Además, sugirió a los costarricenses acercarse a su OPC para consultar el estado de sus fondos y asesorarse sobre los pasos a seguir en caso de estar próximo a jubilarse.
“Instamos a los trabajadores a informarse adecuadamente a través de sus operadoras antes de tomar cualquier decisión”, manifestó, por su parte, Danilo Montero, director general de la OCF.
Según Montero, este régimen de capitalización individual pretende acumular fondos durante la vida laboral del beneficiario para que, una vez se pensione, pueda generar una pensión que la complemente
Por tanto, los factores políticos y económicos que influyan de una u otra manera en los mercados donde los recursos son invertidos por los administradores afectarán su estado.
No obstante, a juicio de Montero, “esas fluctuaciones son una característica inherente de cualquier portafolio de inversiones de largo plazo, y no tiene por qué implicar por fuerza pérdidas para los afiliados”.
El ROP está compuesto en un 4,25% por el salario de los trabajadores reportado a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
De dicho porcentaje, el afiliado aporta un 1% y el empleador el 3,25% restante, de manera que la mayoría proviene de la parte patronal e incluso del mismo Estado, si se toma en cuenta la exención fiscal de las inversiones de la pensión.
Ambas entidades recuerdan que estas variaciones no son inusuales, ya que en 2022 se presentaron circunstancias similares de las que posteriormente se recuperaron.