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Una tajada, o tal vez un mordisco, de los aproximadamente ¢150.000 millones que conformarán el queque del proyecto de Ley de ordenamiento fiscal serán para los programas sociales del Gobierno.
Aunque hasta ahora el Gobierno vendió la tesis de que esos eventuales nuevos ingresos se destinarán a reducir el déficit fiscal (más gastos que ingresos del Gobierno), la vicepresidenta de la República y coordinadora del Consejo Social, Lineth Saborío, reveló que una parte debe ser para el gasto social.
“No será ni el 50% ni el 20%, solo un mordisquito”, dijo la Vicepresidenta durante una reunión anteayer con un equipo de La Nación.
También participaron el coordinador del Consejo Económico, Ronulfo Jiménez, y el presidente del Banco Central, Francisco de Paula Gutiérrez.
Saborío optó por no dar cifras acerca del mordisco a los posibles ingresos. Pero adelantó que se pretenden fortalecer algunos programas, como la Universidad para el Trabajo, que otorgará becas a 2.500 jóvenes el próximo año y requerirá de alrededor de ¢1.500 millones.
Comentó que hay una estrecha coordinación entre los planes económicos y los programas sociales. Por ejemplo, se desarrollarán programas de capacitación en educación técnica y formal, con miras a aprovechar las oportunidades que se abrirán con el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Centroamérica, de acuerdo con el Gobierno.
Sostenible
Saborío justificó su pedido de financiar programas: la asistencia a grupos vulnerables requiere cada vez más financiamiento, aunque también se está analizando el impacto real de los ¢196.000 millones que ahora se destinan a esa finalidad.
A programas de diversa índole se destinan dentro del presupuesto nacional sumas que alcanzan ese gran total, entre ellos vivienda, Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), acueductos rurales y programas agrícolas, entre otros.
La Vicepresidenta reconoció que en muchos de los casos los funcionarios no se devuelven a investigar qué impacto tuvieron los programas sociales, cuántos beneficiarios realmente son alcanzados y qué tan exitoso ha sido según sus objetivos iniciales.
Por esto, adelantó, se inició una investigación en ese sentido que ya está en marcha en Fodesaf y seguirá con algunos programas agrícolas.
Esa investigación permitirá decir con certeza, a final de año, a quién se le apuesta con recursos para tener un impacto en el desarrollo económico y social costarricense, advirtió la vicepresidenta Saborío.
