EscucharUn grupo de 901 empleados judiciales buscan dejar de cotizar al fondo de pensiones del Poder Judicial y trasladarse de manera voluntaria al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El objetivo de estos funcionarios, que representan el 6,4% de los 14.000 trabajadores, es no pertenecer a un sistema de jubilaciones constituido de manera desventajosa y desigual, afirman, pues brinda mayores beneficios a quienes se pensionaron previo a la reforma del 2018, frente a quienes se retirarán en el futuro.
También cuestionan que se les obligue a pertenecer al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, cuyo aporte del trabajador es del 13,5% del salario, cuando el IVM es el régimen universal establecido en la Constitución Política y cuya contribución es del 4%.
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Otro de los argumentos planteados es que el sistema de la Corte “más temprano que tarde” volverá a entrar en problemas económicos porque los actuales trabajadores tienen cuatro años con salarios congelados y, quienes ingresen a la entidad bajo la Ley Marco de Empleo Público tendrán una escala salarial menor.
Sin embargo, las pensiones de los jubilados se actualizan de manera semestral por inflación.
“Por qué no me dan la posibilidad de elegir pasarme a la Caja, donde el Estado cotiza menos y yo cotizaré menos, aunque vaya a tener una pensión menor. No nos importa que sea así. Además, si nos pasamos podemos colaborar en reforzar el IVM”, subrayó Laura Murillo, una de las voceras del movimiento y es quien es jueza penal.
Añadió que hay un fuerte descontento entre los trabajadores con los administradores del Fondo. De hecho, en pocos días, el grupo que busca trasladarse al régimen de la CCSS pasó de unas pocas personas a cientos.
Para la jueza Jennifer Arroyo la principal preocupación es que no hay certeza de que, a futuro, se les brinde una pensión a los actuales trabajadores.
“Si nos pasamos a la Caja se nos libera parte de nuestro salario. Sabemos que la contribución al IVM aumentará, pero difícilmente llegará al 13,5% que pagamos hoy y es un hecho de que, para que el fondo (del Poder Judicial) sobreviva, ese porcentaje subirá”, recalcó Arroyo.
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El más reciente estudio actuarial contratado por la Junta Administradora del fondo de pensiones concluyó que, pese la reforma de hace cinco años, persistía un déficit que oscilaba entre ¢369.684 millones y ¢1.079.928 millones al cierre del 2022.
El informe indicó que el desequilibrio en el sistema se genera porque las pensiones de 4.009 personas, dadas antes de la reforma del 2018, se dieron en condiciones laxas.
Por esa razón, recomendó un drástico recorte en los beneficios a esta población, como limitar los aumentos por inflación en el monto del beneficio.
No es posible
La Junta Administradora del régimen argumentó, según las respuestas dadas a algunos afiliados, que el traslado voluntario al IVM no es legalmente posible.
“La única forma de renunciar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial es renunciando directamente a la institución y en el momento que cuente con los requisitos para jubilación en el IVM, solicitar el traslado respectivo del tiempo laborado para el Poder Judicial”, se indicó en una de las respuestas dadas a una petición de traslado.
La jueza Annia Enríquez contó que, desde el 2018, le brindaron una respuesta similar cuando pidió pasarse a la Caja, pero la intención de los trabajadores es continuar laborando en la institución y no verse obligados a dimitir.
Ella planteó su solicitud, en ese momento, al Consejo Superior que administraba el fondo.
“No es prohibido por la ley que nosotros nos traslademos. No hay una norma que diga que ningún funcionario del Poder Judicial pueda trasladarse a otro régimen, siendo aún servidor judicial”, destacó la funcionaria quien labora desde hace 25 años en la institución.
Enríquez añadió que la legislación actual indica que el fondo de pensiones de la institución se conforma con los salarios de los empleados, pero no por la cotización obligatoria de todos los trabajadores.
“Tengo 25 años de trabajar en el Poder Judicial y se puede pensar que soy de las interesadas de que se mantenga el Fondo. Creo que por una cuestión de justicia debe existir el derecho a elegir la permanencia o no en el régimen”, afirmó.
Enríquez tiene, desde el 2018, una demanda presentada en el Tribunal Contencioso Administrativo contra la negativa de poder trasladarse al IVM.
