EscucharLa Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) expresaron su apoyo a la decisión de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso de abrir una investigación contra el Banco Central por su exigencia de información sin anonimizar de personas y empresas.
Ronulfo Jiménez, asesor económico de la ABC, y Jorge Luis Araya, director ejecutivo de Uccaep, confirmaron a La Nación su respaldo a dicha medida.
La comisión legislativa tomó la decisión de abrir el expediente después de la comparecencia del presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Róger Madrigal López, este jueves.
Jiménez catalogó como una “buena decisión” la apertura del expediente debido a la complejidad del tema y la necesidad de “aclarar las verdaderas razones del BCCR para pedir datos sensibles”.
“La aprobación de la moción para investigar el tema evidencia la importancia de este asunto y la necesidad incuestionable de proteger los datos de las personas”, señaló el asesor de la ABC.
Por su parte, Araya explicó que la unión de cámaras ve de manera positiva la decisión de los diputados de que otras personas puedan comparecer sobre la solicitud de datos sensibles a distintas instituciones financieras.
El vocero de los banqueros también criticó los argumentos que utilizó el presidente del BCCR durante su comparecencia, y opinó que las declaraciones dejaron “más dudas que respuestas”, especialmente en los motivos que dio para acceder a la información sin anonimizar.
Durante la audiencia, Madrigal López dijo que los datos crediticios de personas y empresas no se consideran información sensible y que no se requiere el consentimiento informado de la población para acceder a ella.
Jiménez opinó que la comparecencia evidenció que el jerarca del ente emisor ignora en qué consisten las condiciones socioeconómicas de los individuos.
Además de que la entidad no valoró la pérdida de confianza en el sistema regulatorio como consecuencia de sus denuncias penales a Rocío Aguilar, superintendenta de Sugef, y Bernardo Alfaro, gerente del Banco Nacional.
El director de Uccaep amplió que no se justifica la solicitud de información sensible para fines estadísticos sin anonimizar y amplió que no observa la existencia de criterios técnicos para contar con ese detalle.
La semana anterior, la unión de cámaras solicitó al Central detener la solicitud de datos de ahorrantes y depositantes hasta que la Sala IV resuelva las acciones de inconstitucionalidad bajo estudio; así como retirar las denuncias en contra de los jerarcas que no entregaron la información.
Por su parte, la ABC criticó en reiteradas ocasiones la solicitud de datos del BCCR e interpuso ante la Sala IV una acción por inconstitucionalidad que, según señala el Banco, no suspende la eficacia ni la aplicabilidad de ninguna de las normas impugnadas.
