EscucharLa Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular (BP) eligió el pasado sábado 4 de noviembre a sus representantes ante diversos órganos, entre ellos, los cuatro integrantes de la Junta Directiva Nacional de la entidad bancaria.
También se nombraron a los delegados de la Asamblea de Trabajadores en el Directorio Nacional, el Tribunal Electoral, la Comisión de Integración, la Comisión Permanente de la Mujer, el Comité de Vigilancia y la terna de representantes ante el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
Las cuatro personas que representarán los intereses de los empleados ante la Junta Directiva serán Francisco Cruz Marchena, Iliana González Cordero, Gilbert Díaz Vásquez y Martha Eugenia Camacho Murillo. A su vez, los suplentes serán Víctor Mora Schlager, Wendy Vargas Méndez, Steven Oreamuno Herra y Ana Luisa Calvo Monney, respectivamente.
Los nombramientos se realizaron pese al polémico contexto de la Asamblea. Algunos miembros de ese órgano consideraron que se limitó el principio de participación democrática. Se decidió que los candidatos no podrían postularse individualmente, sino que tendrían que hacerlo por medio de una papeleta de cuatro integrantes.
El sector solidarista presentó una moción para corregir este mecanismo que, según dijeron, se empezó a implementar el 4 de mayo del 2019, tras ser aprobado en una sesión plenaria extraordinaria.
“Estas disposiciones son inconstitucionales por contravenir el principio democrático de elección, al restringir el derecho de cualquier delegado a postular candidaturas. Esta metodología limita la función de la Asamblea a un rol meramente decorativo, debido a que las nominaciones son pre-acordadas por un reducido grupo, buscando imponerse autoritariamente en la elección de diversos cargos”, se consignó la moción.
Sin embargo, la propuesta fue rechazada. Al final se presentó una única papeleta, cuyos postulantes resultaron electos.
El representante legal de CoopeSuperación R. L., Julio Rojas, presentó un recurso de amparo en contra de ese proceso de elecciones, el cual está bajo estudio en la Sala Constitucional.
El artículo 15 de la Ley Orgánica del Banco Popular establece que la Junta Directiva debe estar integrada por tres personas nombradas por el Poder Ejecutivo (al menos una mujer) y cuatro designados por la Asamblea de Trabajadores (al menos dos mujeres).
Los representantes de los trabajadores deben ser ratificados por el Ejecutivo. En general, dicho órgano debe tener al menos un 50% de representación femenina.
También fueron electos en la sesión ordinaria del sábado las dos representantes ante el Conassif: Karen Vargas Soto y Martha Eugenia Aguilar Bermúdez.
En el Directorio Nacional de la Asamblea fueron escogidos Lenin Hernández Navas (presidente), del sector sindicalista; Vivian Rodríguez Araya (secretaria), del cooperativismo; Orietta Zúñiga Vargas (Vocal I), como delegada comunal; y Marco Flores Arroyo (Vocal II), por el sector profesional.
Junta Directiva controlada por el Ejecutivo
Actualmente, la Junta Directiva del BP es controlada por el Gobierno, luego de que, el pasado 17 de mayo, extendieran por siete meses más la gestión de cuatro directivos temporales nombrados por el Poder Ejecutivo, en representación de la Asamblea de Trabajadores.
Se trata de Iliana González Cordero, Shirley González Mora, Raúl Espinoza Guido y Eduardo Navarro Ceciliano, quienes permanecerían en el puesto por un total de hasta 15 meses, hasta noviembre del 2023.
El Gobierno justificó la medida alegando que el proceso de integración e instalación de la Asamblea de Trabajadores para el periodo 2022-2026 aún no había finalizado, y por tanto, no podían elegir a sus representantes.
Tras esa decisión, el Ejecutivo mantuvo un dominio absoluto sobre el máximo órgano de dirección del banco público, porque también eligió a los tres representantes estatales en la Directiva. Se trató de Genoveva Chaverri Chaverri, María Clemencia Palomo Leitón y Jorge Eduardo Sánchez Sibaja.
Chaverri fue presidenta de la Junta desde el 23 de enero del 2022 hasta el pasado martes 26 de setiembre. Un día después renunció al puesto luego de ser suspendida por un juez.
Ella figura como sospechosa de cometer los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica. Habría incluido datos “falsos” en su currículum sobre sus carreras universitarias y se presume que no cuenta con los títulos requeridos para el cargo. La expresidenta alegó “motivos de salud” para dimitir.
“Se cree que, de esa manera, la sospechosa indujo a error al Consejo de Gobierno, para ser nombrada como integrante de la Junta Directiva del Banco Popular, donde habría recibido un monto bruto de ¢26,7 millones, producto de sus dietas mensuales”, detalló el Ministerio Público en esa ocasión.
En junio pasado, un informe elaborado por el auditor general del BP, Manuel Antonio González, y el director general de Riesgo, Maurilio Aguilar, denunció la falta de atestados de los miembros de la Junta Directiva, así como el incumplimiento de la normativa que busca garantizar la idoneidad de estos.
El caso de Chaverri fue señalado como el “más crítico”, por considerar que no contaba con la formación necesaria en finanzas o negocios, ni la experiencia en el sector financiero.
Chaverri es psicóloga con una licenciatura en Administración Hotelera y Turística; además, tiene formación en emprendedurismo y mercadeo, y es graduada del programa de Alta Gerencia de Incae.
Según el informe de la Auditoría, con excepción de este último atestado, Chaverri no tiene una carrera afín a la actividad financiera y tampoco tiene experiencia laboral en el sector público o bancario.
A continuación puede encontrar la única papeleta que se presentó, cuyos postulantes resultaron electos.
