¿Qué harían, en un eventual Gobierno, el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) con el convenio que el país tiene vigente con el Fondo Monetario Internacional? Esta es la pregunta que planteó Ronulfo Jiménez, asesor económico de la Asociación Bancaria Costarricense a dos representantes de los equipos económicos de estos dos partidos, en un webinar organizado por la agrupación bancaria este 24 de febrero.
Gerardo Corrales por el PLN y Stephan Brunner por el PPSD consideraron importante el acuerdo con el organismo multinacional para lograr la consolidación fiscal, ganar la confianza de los mercados porque de ello depende también el ingreso de recursos de otros préstamos externos; sin embargo, plantearon rutas distintas sobre cómo gestionar el actual convenio.
En síntesis, Corrales indicó que le darían continuidad al actual acuerdo, que apoyan la ley de empleo público que está actualmente en la Asamblea Legislativa, que esperan que con la aprobación de dicha ley y los buenos resultados fiscales del 2021 sea suficiente para que el directorio del organismo apruebe la primera revisión y el segundo desembolso por $296,5 millones que aguarda Costa Rica.
Por el contrario, Brunner, por su parte, respondió que renegociarían completamente el acuerdo para que el ajuste fiscal se base en la reducción de gastos, lucha contra la evasión y revisión de exoneraciones y confirmó que propondrían una nueva ley de empleo público. Añadió que la renegociación tendría que ser muy rápida porque se necesita generar certidumbre, por lo que debería ser “en semanas”.
Sobre los proyectos planteados
El actual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo aprobó el Directorio Ejecutivo del organismo el 1°. de marzo del 2021 y es por aproximadamente $1.778 millones, a 36 meses, para ayudar a respaldar la recuperación de Costa Rica y estabilizar su economía. La aprobación del Directorio le permitió al país obtener un primer desembolso por $296,5 millones y están pendientes los restantes.
El acuerdo incluye el cumplimiento de metas económicas específicas y también la aprobación de los proyectos de ley de renta global dual, exoneraciones, casas de lujo, dividendos de las empresas del Estado y la reforma a la Ley General de Aduanas. Además de la ley de empleo público.
Sobre éste último proyecto el candidato del PSD, Rodrigo Chaves indicó, en una actividad reciente, que si se aprueba habría que vetarla. Brunner explicó este 24 de febrero que la ley es necesaria, pero que la actual no soluciona los problemas en ese sector.
Entre los problemas que consideró que tiene la actual ley están que tiene demasiadas familias de puestos, que introduce varias rigidices; por ejemplo, que los salarios se tienen que ajustar anualmente al menos por la inflación y en ciertos casos eso no se puede y que hay inconsistencias.
“Nosotros apenas entrando al Gobierno, si así el pueblo de Costa Rica lo decide, presentaríamos una alternativa a ese proyecto de empleo público”, manifestó Brunner. Añadió que le propondrían al FMI eliminar del acuerdo los proyectos de ley que están actualmente y en lugar de eso plantearían la reducción de gastos así como propuestas contra la evasión, en destinos específicos y cargas parafiscales.
El representante del PLN, por su parte, comentó respecto a los proyectos de ley del acuerdo, que actualmente hay solo tres en el plenario: ley general de aduanas, casas de lujo y empleo público, e indicó que sobre este último están de acuerdo. “Es un proyecto que no es perfecto, pero una vez aprobado se tienen 12 meses para que entre en vigencia de manera tal que se tiene un periodo para hacerle ajustes y para poder negociar algunos cambios”, expresó Corrales.
Respecto al tributo a la casas de lujo, Corrales dijo que ¢133 millones (unos $200.000) no es de lujo, pero por temas de estabilidad estarían de acuerdo en el tanto no se afecte a la clase media, lo cual implica soluciones de más de $500.000, que sean tarifas progresivas y que el cobro sea descentralizado. Y sobre el proyecto de renta global dual, comentó que es una recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); no obstante, el texto está en comisión y es un expediente muy técnico y no considera que haya viabilidad técnica, ni política para aprobarlo.
Precios del arroz
En la actividad también se recibieron preguntas de la prensa y del público y una de ellas fue si levantarían o no el control de los precios del arroz.
“Sí claro, eso lo vamos a eliminar en la primer semana de Gobierno, eso lo hemos anunciado repetidamente. También vamos a hacer algo similar con las medicinas, y con el ICE en la parte de tarifas eléctricas. Todo eso va en los primeros cinco decretos (del eventual Gobierno)”, indicó Brunner.
El economista del PPSD explicó que en medicinas se implementaría la importación paralela y sobre el ICE afirmó que lo obligarían a implementar las Normas Internacionales de Información Financiera.
Corrales indicó que, respecto al tema del arroz, ya está pactada una reducción gradual en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. “Vamos hacia una liberalización de los mercados, pero respetando los tratados comerciales que se han firmado y las gradualidades que se han dado buscando eficiencias y protección de los consumidores”, indicó el representante del candidato del PLN.