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Las entidades financieras estarán obligadas a degradar, a partir del 1.° de diciembre, la calificación crediticia de los deudores a quienes se les aplique una prórroga, readecuación o renegociación de su préstamo por deterioro, como consecuencia de la pandemia.
La medida la acordó el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), este lunes 2 de noviembre, para que la nota de riesgo otorgada a los clientes y las carteras de crédito reflejen realmente el impacto generado por la crisis económica, confirmó Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Para que los bancos, cooperativas, mutuales y financieras no enfrenten un golpe en su estabilidad financiera, el Consejo avaló liberar una provisión de ¢129.531 millones, a 44 instituciones, para que puedan cubrirse del efecto de la menor calificación de sus clientes.
La Superintendenta también confirmó que se flexibilizó, por un año, el coeficiente para determinar el nivel de irregularidad por la reducción en la suficiencia patrimonial de una entidad financiera.
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La suficiencia patrimonial es el aporte que cada institución debe constituir para responder por pérdidas inesperadas en sus operaciones.
El límite mínimo es del 10%, cuando es menor a dicho porcentaje una entidad cae en irregularidad financiera y puede ser intervenida por Sugef.
Aguilar recordó que, desde marzo anterior, se aprobaron una serie de facilidades a las instituciones para ajustar los créditos a sus deudores, como la de mantener la nota crediticia de los clientes, previo a la crisis provocada por la covid-19.
“Se tomó la decisión de que, a partir de diciembre, todas las operaciones que se deban reestructurar iniciarán la respectiva calificación de riesgo. No con toda la cartera, sino en las operaciones que se ajusten desde el 1. ° de diciembre”, destacó la jerarca.
La medida, destacó, tiene el objetivo de que el balance y estados financieros de las entidades reflejen el riesgo acumulado durante los últimos meses.
“La decisión se adopta para ir mostrando la verdadera situación y que no lesione de manera importante la situación de las entidades, que han apoyado de manera decidida a sus deudores”, enfatizó Aguilar.
Annabelle Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos, consideró adecuada la decisión de flexibilizar las reglas para calificar la suficiencia patrimonial.
“En la situación actual que vivimos, nos parece que la medida de liberar las estimaciones contracíclicas es conveniente. La Cámara lo había solicitado meses atrás”, dijo Ortega sobre otra de las decisiones del Conassif.
Desde que se ablandó la normativa crediticia, en marzo anterior, se ha readecuado el 48% del saldo de dinero prestado por las instituciones supervisadas, es decir, $10 billones.
La mayoría de bancos y cooperativas brindaron prórrogas a sus clientes por la pandemia, entre marzo y junio.
A partir de julio, las entidades que mantuvieron las medidas lo hicieron solo para los deudores que demostraran una afectación directa por la pandemia.
La decisión acordada por el Consejo implica cambios en el Reglamento para la Calificación de Deudores y el de Suficiencia Patrimonial de Entidades Financieras.
Más ajustes
La reactivación de la calificación de riesgo de deudores implicará que, para algunos clientes, la banca deba efectuar una provisión para cubrirse en caso de impago.
Para que las entidades no deban usar el dinero de las ganancias de este año, el Conassif aprobó el uso de las estimaciones contracíclicas.
Esta reserva se comenzó a acumular desde el 2014, con el objetivo de ser usada para cubrirse de pérdidas, en un momento de contracción de la economía.
Los datos de la Superintendencia muestran que la banca pública tenía acumulado, hasta setiembre anterior, ¢50.580 millones; Caja de Ande, ¢30.893 millones; y las cooperativas, ¢28.751 millones.
En los bancos privados el monto asciende a casi ¢16.000 millones.
“Las reservas contracíclicas las van a poder pasar a las estimaciones específicas, considerando que es probable que se puedan incrementar las estimaciones”, reconoció la jerarca de Sugef.
Por otra parte, se ablandó, hasta diciembre del 2021, el parámetro usado para determinar el grado de irregularidad de una entidad financiera, con base en su suficiencia patrimonial. El porcentaje mínimo se mantiene en el 10%.
Sin embargo, el grado de irregularidad grado 1 se establecerá, temporalmente, cuando la suficiencia se ubique entre el 8% al 10%, en lugar del 9% a 10%, como está originalmente en la normativa.
La irregularidad 2 será cuando el rango sea de 6% a 8%, en vez de 8% a 9%.
La irregularidad 3, que implica intervención de Sugef, será ahora cuando la suficiencia patrimonial sea menos del 6%, respecto al 8% en que se ubicaba.
“La idea es que esto genere un espacio para que las entidades reflejen de mejor manera los riesgos y que el proceso no implique que tengamos empresas con un nivel de irregularidad tal, sujetas de otras medidas”, aseguró la Superintendenta.
Por último, Conassif y Sugef enviarán a consulta una reforma para que las entidades financieras, con inversiones de valores que se mantengan hasta su vencimiento, no deban valorar dichos títulos a costo de mercado.
“El porcentaje de inversiones a costo amortizado (al vencimiento) no es relevante y se aplica solo a las entidades financieras”, dijo Aguilar.
Esta medida, en caso de aprobarse en firme, será permanente y no de carácter temporal.
