Las entidades financieras contarán con flexibilidad para prestar los ¢700.000 millones que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) pondrá a disposición para financiar, en condiciones más blandas, a los hogares y empresas más afectados por la pandemia del coronavirus.

La propuesta del BCCR se envió, este lunes 3 de agosto, a consulta pública, por un plazo de 10 días hábiles, y la misma entidad reconoció que los parámetros establecidos en cuanto al grupo objetivo fueron muy generales.

Los recursos serían aportados por el ente emisor y se canalizarían a los deudores mediante las instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Entre las disposiciones establecidas por el BCCR está que el dinero se debe prestar en operaciones en colones para readecuaciones, prórrogas y nuevos créditos.

En caso que se use para extender prórrogas crediticias, estas no podrán ser menores a los tres meses para ningún deudor, se detalla en la propuesta de facilidad especial y temporal de financiamiento para entidades supervisadas.

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En el resto de condiciones como tasa de interés, cuota y plazo en que prestarían los recursos a los clientes afectados por los efectos económicos de la covid-19, el Banco Central da holgura a cada institución para establecer sus propios parámetros.

Las entidades financieras interesadas en obtener una porción de los recursos deberán presentar un plan al BCCR exponiendo el tipo de beneficios por actividad económica y zona geográfica, el tipo de deudor (persona o empresa), el monto solicitado, distribución del dinero por tipo de operación y condiciones de los créditos.

Durante la revisión del uso del dinero, el Central sí verificará que, efectivamente, se ofrezca una mejora real en las condiciones crediticias respecto a las prevalecientes antes del otorgamiento de la facilidad, se destacó en el documento puesto en consulta.

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“El plan de uso de recursos sí debe contar con información de que se otorgarán los recursos en mejores condiciones de tasa y plazo. Eso se vería reflejado en una reducción de la cuota y un aumento en el plazo”, explicó Rodrigo Cubero, presidente del BCCR.

El planteamiento del Banco Central es brindar los recursos a los intermediarios financieros (bancos, mutuales y cooperativas, por ejemplo), a un plazo de cuatro años con un interés de tasa de política monetaria (TPM), actualmente en 0,75%, más una prima de cinco puntos base (0,05%). En total, la tasa sería de 0,80%, en este momento.

“Esperaríamos ver mejoras significativas en las condiciones de los créditos (a deudores), considerando que el Banco Central dará los recursos en condiciones muy favorables. Sí vamos a esperar que las entidades nos entreguen los planes de uso de recursos con mejoras significativas”, destacó Cubero.

Adicionalmente, no se podrían pagar dividendos, sobre los recursos dados por el Central, durante los primeros 12 meses posteriores al primer desembolso de dinero.

En la propuesta prevé que el dinero se distribuya con base en la participación del crédito colocado al sector privado, por parte de 45 instituciones financieras tomadas en cuenta por el BCCR.

Los ¢700.000 millones de este plan salen de emisión que realizaría el Banco Central y son parte de un conjunto de medidas implementadas por la institución, para favorecer la reactivación económica del país.

La facilidad estaría disponible por un periodo de seis meses a partir de su aprobación final por parte de la Junta Directiva del Banco, con posibilidad de extensión del plazo y el monto, previo acuerdo de dicho órgano.

Visión bancaria

Varias entidades financieras consultadas por La Nación destacaron que los recursos se colocarían en condiciones más favorables, pero deberán contemplar la posibilidad de riesgo de impago en el análisis de cada deudor.

Entre los sectores que se prevé sean prioritarios están turismo, comercio y construcción, que están entre los más golpeados por la crisis económica.

En la distribución propuesta de los recursos, el Banco Nacional es la institución que tendría la partición mayor con ¢128.452 millones.

Gustavo Vargas, gerente de la entidad, recalcó que si se abriera la posibilidad de obtener más recursos, los considerarían.

“Las condiciones serán trasladas de manera integral a los deudores (…) hay otros costos asociados como el de la pérdida esperada que hay que considerar, pero al menos en el rubro de costo de los recursos, serán tomadas totalmente en cuenta las condiciones con las que estamos accediendo a dichos recursos”, afirmó Vargas.

En tanto, Rossy Durán, gerente de Finanzas del Banco de Costa Rica (BCR), enfatizó en que las condiciones de los créditos deberán ser financieramente muy similares a las entregadas por el BCCR.

“Las tasas de interés deben ser ajustadas por elementos que cada banco considera con sus modelos internos, tales como los cargos administrativos, capital sujeto a la suficiencia patrimonial, nivel de riesgos asumidos por los sectores a los que se les entregará dicho crédito”, destacó la vocera.

En el planteamiento del ente emisor al BCR le corresponderían ¢81.289 millones.

Amedeo Gaggion, director de Tesorería de Scotiabank, recalcó que para obtener los recursos se deben dar como garantía, al BCCR, títulos valores de la entidad lo cual implica costos adicionales a considerar sobre la tasa de préstamo del ente emisor.

“La solicitud de los fondos será gradual y enfocada en apoyar a nuestros clientes, es claro que esto es una herramienta más y que es un monto limitado, como bien se indica, de acuerdo con el tamaño de nuestras carteras”, destacó Gaggion.

En la distribución prevista por el Banco Central, Scotiabank tendría acceso a un máximo de ¢50.113 millones.

Para Marvin Rodríguez, gerente del Banco Popular, todas las opciones formales de apoyar a los clientes, en medio de la crisis generada por la pandemia, serán tomadas en cuenta.

A la entidad pública le corresponderían ¢77.837 millones del dinero puesto a disposición por el BCCR.

Luis Carlos Rodríguez, subgerente Financiero de Banco Promerica, destacó que la propuesta será de gran ayuda para canalizar recursos a un costo accesible a los deudores más afectados por la pandemia.

El banco privado tendría opción de solicitar ¢26.189 millones del dinero puesto a disposición por el ente emisor.