EscucharEl Banco Central de Costa Rica (BCCR) desplegó este miércoles su arsenal de herramientas monetarias para tratar de controlar la alta inflación, la cual prevé sea “más duradera”, de lo estimado previamente, a raíz del conflicto bélico en Ucrania, y porque existe el riesgo de una transmisión más acentuada hacia el consumidor, del alza en los precios de las materias primas.
Para lograr su objetivo, la Junta Directiva de la entidad acordó la quinta alza en su tasa de política monetaria (TPM) desde diciembre, para ubicarla en 5,50%, desde el 4% en el que estaba. Además, subirá de manera gradual el encaje mínimo legal y la reserva de liquidez a entidades financieras, del 12% actual al 15%; y para terminar su avanzada, convocó a una subasta de bonos por $200 millones en el mercado local, para el próximo lunes 20 de junio.
Las decisiones acordadas implicarán del lado de los deudores un incremento en los intereses en colones, lo cual encarecerá el crédito para las empresas y personas, así como de las operaciones a tasa variable; mientras que del lado del ahorro, significará un estímulo para hacerlo, expresaron economistas consultados por La Nación.
Ahora bien, el impacto de las medidas no será inmediato pues la TPM influye en los intereses de préstamos y captación en colones con un retraso de hasta ocho meses, según una investigación hecha por el propio Banco Central. Por ejemplo, la tasa básica pasiva (TBP), principal referente para los créditos en moneda nacional, tuvo esta semana un ajuste relevante al subir 0,18 puntos porcentuales, de 3,13% a 3,31%, pero la tasa de política monetaria comenzó a subir desde diciembre anterior.
Con la subida del encaje y la reserva, la entidad monetaria lo que busca es evitar que los excesos de liquidez de los intermediarios financieros exacerben las presiones inflacionarias, mediante la colocación de nuevo crédito.
“La decisión del encaje es el equivalente a quitarle capital de trabajo a una empresa, porque le resta liquidez a los bancos, que utilizan para dar créditos. Entonces se ven obligados a captar liquidez en el mercado para lo cual deberán pagar tasas más altas (por los recursos) y, eventualmente, lo trasladarán a los intereses de créditos personales, hipotecarios o prendarios porque la operación se vuelve más cara”, explicó la economista Adriana Rodríguez.
El encaje mínimo legal es un porcentaje de las captaciones que las entidades financieras supervisadas deben mantener como reserva en el Banco Central, pero bajo ciertas condiciones. En tanto que la reserva de liquidez, es un porcentaje de las captaciones de recursos, aportes de trabajadores y operaciones de endeudamiento externo que los solidaristas y las cooperativas de ahorro depositan por ley en el BCCR, desde 1997.
Al subir el porcentaje, la autoridad monetaria contrae la cantidad de dinero en circulación, lo cual puede presionar al alza las tasas de interés porque resta recursos disponibles para prestar.
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En el caso de la colocación de los bonos de deuda en dólares, Róger Madrigal, presidente del BCCR, dijo a comienzos de junio que la captación tiene como objetivo reducir las presiones cambiarias y evitar que divisas salgan del país. “Parte de lo que hemos tenido es que la gente toma los colones, los convierte en dólares y los saca del país. Entonces estamos dando una opción a aquellos que sacan los recursos del país y si quieren pueden mantenerlos. Mínimo lo que hace es detener la salida de dólares”, detalló en ese momento.
El ente emisor tenía varios años de no efectuar subastas en dólares. De hecho, los últimos títulos colocados en moneda extranjera vencieron en el 2019, según el registro de la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
Base de medidas
La Junta Directiva del BCCR tomó los acuerdos con el objetivo de frenar el rápido ascenso de la inflación, como consecuencia de la influencia externa por el alza de las materias primas a nivel global, por la guerra en Ucrania, y las sanciones comerciales y financieras aplicadas a Rusia, por Estados Unidos y la Unión Europea.
“La inflación importada continúa como el principal factor que explica esa presión alcista, manifiesta, en mayor medida, en los precios de alimentos y combustibles; este efecto fue reforzado por la depreciación del colón”, sostuvo la entidad monetaria en su comunicado.
El BCCR reconoció que existen factores de riesgo, para una inflación más prolongada, por la continuidad del conflicto bélico y porque los precios internos al productor de la manufactura continúan al alza: en mayo del 2022 mostraron una variación interanual de 16,7%.
“Las acciones de política monetaria adoptadas por BCCR eran las esperadas y consistentes con el cambio hacia una posición más restrictiva para combatir la inflación. Una inflación provocada por un shock externo que está siendo más persistente y, por tanto, aumentando el nivel de precios más”, recalcó el economista José Luis Arce.
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La entidad monetaria también prevé que la inflación del país se mantenga, durante este año y el 2023, por encima del límite superior del rango de tolerancia de la meta de inflación de mediano plazo. Dicho objetivo central es de 3%, pero puede desviarse en un punto porcentual, hacia abajo o arriba.
Los ajustes en la política monetaria no son exclusivos de Costa Rica. Este miércoles 15 de junio, la Reserva Federal de los Estados Unidos (la FED) subió sus tasas en 0,75 puntos base y las ubicó en un rango entre 1,5% y 1,75%, y previó un menor crecimiento de la economía estadounidense, al reducir su proyección de 2,8% en marzo, a 1,7% este mes de junio.
Efecto en producción
El arsenal de medidas presentado por el BCCR, junto con la menor actividad económica de EE. UU., principal socio comercial de Costa Rica, tendrían implicaciones en el producto interno bruto (PIB) del país. En abril pasado, el emisor redujo el crecimiento para este año, de 3,9% a 3,4%, precisamente por el choque externo, alza en materias primas y mayores presiones inflacionarias.
“Veremos una economía que va crecer menos de lo esperado a inicios de año. En particular, porque el aumento en la inflación y tipo de cambio se van a reflejar en un menor ingreso disponible de los hogares y, por ende, van a priorizar el consumo de bienes esenciales y menos el de bienes discrecionales”, subrayó el economista Daniel Ortiz.
El especialista añadió que en el Índice de Confianza del Consumidor, elaborado por la Universidad de Costa Rica, se observa un deterioro en la expectativa de compra de carro o vivienda. “Los ajustes al alza en la TPM tienen efectos negativos sobre el consumo de las familias, también sobre la demanda por nuevas operaciones crediticias y los mismos proyectos de inversión que ya puede ser que dejen de ser rentables por el aumento en los costos de financiamiento (...) Al final, todo se traduce en menor crecimiento económico”, sostuvo Ortiz.
Arce recalcó que una política monetaria restrictiva tendrá un efecto de desaceleración en la economía, pues se prevé un crecimiento magro y poco menor al previsto hace unos meses.
