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La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) emitió un criterio negativo al proyecto de ley que pretende suspender la aplicación de la regla fiscal en las municipalidades del país.
También autoriza a los ayuntamientos a elevar su planilla, a incrementar el gasto administrativo para el periodo 2020-2021 y a efectuar compras fuera del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), por la emergencia sanitaria del coronavirus.
La Directiva del BCCR determinó que la iniciativa legal tendría consecuencias adversas para todo el país.
“El proyecto de ley señalado carece de sustento técnico, es perjudicial para la salud y sostenibilidad de las finanzas públicas, y es contrario al deber de transparencia debida y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos”, recalcó el ente emisor, en un comunicado de prensa, este 30 de abril.
La iniciativa denominada “Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las Municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de Covid-19” también fue criticado por la contralora Marta Acosta.
Está previsto que los legisladores voten el proyecto en primer debate, este jueves 30 de abril.
Acosta cuestionó que un grupo de alcaldes acudieran al Congreso a presionar a los legisladores.
Entre ellos estaban Johnny Araya, alcalde de San José; Marcel Soler, de Montes de Oca; Nixon Ureña, de San Ramón; y Juan Pablo Barquero, de Tilarán.
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Críticas al plan
El Banco Central basó su rechazo a la iniciativa en que no hay una explicación clara sobre el vínculo de la pandemia sanitaria y la necesidad del incremento del gasto en los gobiernos locales.
“Más preocupante aún, el artículo 11 del proyecto, como respuesta ante la emergencia temporal por el covid-19, dispone suspender de forma permanente la aplicación de la regla fiscal establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, al introducir como parte de las excepciones a las municipalidades, a los concejos municipales de distrito y a los comités cantonales de deportes y recreación”, alertó el ente emisor.
Los directivos del BCCR recalcaron que la iniciativa se fundamenta en una premisa contraria a la lógica y la intuición económica.
“El razonamiento es que, ante la emergencia sanitaria y la correspondiente caída en la actividad económica y en los ingresos de las municipalidades, lo que procede es aumentar los gastos municipales. Es decir, el proyecto se funda en el argumento de que, en respuesta a la eventual reducción en los ingresos de las municipalidades (…) es preciso aumentar sus gastos. Eso, por supuesto, iría en perjuicio de la salud de las finanzas públicas”, destacó la entidad pública en su comunicado.
La institución monetaria recordó que los municipios reciben transferencias de recursos del Gobierno Central, por lo cual la difícil situación fiscal y la búsqueda de la sostenibilidad en las finanzas públicas no les son ajenas.
Otra de las críticas al proyecto es que propone realizar procesos de contratación administrativa sin usar la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
“Eso debilitaría la aplicación de criterios que permitan identificar las mejores opciones de compra, y entorpecería la transparencia debida y la rendición de cuentas en el uso de los recursos del Estado”, sostuvo el Banco Central.
La institución destacó que el plan es contraproducente y perjudicial a la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Además de que carece de principios como el deber de transparencia y rendición de cuentas sobre el manejo de dinero publico.
