El Banco Central de Costa Rica estimó que el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa el 5 de octubre pasado, permitiría reducir el déficit financiero del Gobierno Central en 3,68 puntos de la producción al año 2022.
Así lo informó la tarde de este jueves 18 de octubre el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, al explicar que la entidad le otorgó dictamen positivo al proyecto, ante la consulta que les realizó la Asamblea Legislativa.
La Junta Directiva del ente emisor concluyó que dicha iniciativa de ley restablece gradualmente la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo, y con ello conseguirá mejorar las condiciones de tasas de interés, crecimiento económico y generación de empleo en el país.
Esos 3,68 puntos del producto interno bruto (PIB) implicaría llevar el déficit del Gobierno a cerca de la mitad, pues para el 2018 el Banco Central estima que llegaría a un 7,2% de la producción. Según el Banco Mundial el país requiere reducir el déficit en 4,5 puntos para lograr la estabilidad en las finanzas públicas (cada punto del PIB equivale a cerca de ¢345.000 millones).
Además esa estimación ayudaría a llevar a cero el déficit primario (exceso de gastos, sin contar los intereses, sobre los ingresos del Gobierno) en el año 2021 e, incluso, generar un superávit de 0,9% en el 2022.
Si se logra un superávit primario, más otras condiciones, el país podría comenzar a bajar la deuda. El Banco Central esperaría que la deuda del Gobierno alcance su punto máximo en el 2023, cuando llegaría a representar un 65% de la producción, y luego empezaría a disminuir.
La estimación del Banco Central de lo que generaría la reforma fiscal es superior al 1,29% que había estimado el Ministerio de Hacienda en setiembre pasado.
Esto obedece, según Cubero, a que el Banco Central considera no solo los ingresos adicionales que generarían la ampliación del Impuesto al Valor Agregado y las modificaciones al impuesto sobre la renta, sino también los ahorros por las medidas relacionadas con el empleo del sector público y las pensiones, la reducción en la evasión (la cual surgiría de la información que aportaría el impuesto al valor agregado) y la reducción del déficit que generaría la regla fiscal.
La regla fiscal limitaría el crecimiento del gasto corriente del Gobierno Central de acuerdo con ciertos rangos, según el nivel de deuda pública que exista.
Cubero comentó que es importante recalcar que el proyecto ataca el desequilibrio en las finanzas públicas en forma balanceada, no solo por ingresos, sino también por gasto y la menor evasión.
La Junta directiva del Banco Central enfatizó que la materialización de los resultados dependen del cumplimiento estricto de las disposiciones del proyecto de ley; en particular de las normas sobre remuneraciones en el sector público y la regla fiscal. También se requeriría reformas en la administración tributaria para gestionar los nuevos tributos, añadieron.
De no aprobarse el proyecto, el Banco Central advierte que la deuda del Gobierno seguiría creciendo hasta alcanzar un 100% de la producción.
“En ausencia de medidas estructurales adicionales para corregir la situación financiera del Gobierno, su deuda seguiría creciendo explosivamente y superaría el 100% del PIB en diez años”, dijo el Central en su criterio. Para este año se estima que la deuda del Gobierno representará un 53,8% de la producción.
La situación actual de las finanzas públicas podría generar que las agencias calificadoras de riesgo le reduzcan la nota al Gobierno que refleja su capacidad de pago.
Precisamente, ayer la agencia calificadora de riesgo Moody´s anunció que inició la evaluación de la calificación de Costa Rica.
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La agencia podría dejar sin cambios la nota o reducirla porque la perspectiva es negativa. “Ellos tomarán la decisión según lo que consideren que pasara con el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, manifestó Cubero.