EscucharEl Banco Central de Costa Rica (BCCR) argumentó que el requerimiento de datos crediticios hecho a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), responde a la necesidad de generar nuevas estadísticas que permitirán conocer, entre otras cosas, el nivel de endeudamiento de los hogares, riesgos geográficos y medir la eficacia de la política monetaria.
En un comunicado de prensa emitido este viernes, la autoridad monetaria reafirmó que, para unificar las bases de datos que contienen información financiera, es necesario contar con el número de identificación de los deudores (cédula física, jurídica, Dimex, entre otros) con el fin de establecer conexiones entre ellas.
“Así, desde el punto de vista estadístico y únicamente para elaboración de datos agregados, es decir, para la presentación de la información agrupada y sin posibilidad de identificar datos particulares de individuos o de empresas, se puede clasificar la información crediticia por variables tales como la ubicación geográfica, la actividad económica, o si el crédito fue otorgado a familias o a empresas”, explicó el Banco Central.
El emisor argumentó que actualmente recibe información crediticia para sus análisis, pero que estos datos no cumplen con los requisitos mínimos para lograr las clasificaciones y agrupaciones que están definidas en el proyecto de estadísticas crediticias. La Sugef confirmó a La Nación que desde hace tiempo suministra datos al BCCR, pero anonimizados.
Según el documento del acuerdo JD-6093/10 aprobado por la Junta Directiva del Banco Central el 23 de noviembre de 2022, entre los nuevos indicadores que planean desarrollar se encuentran riesgos financieros asociados con las variables de estratificación, la relación entre el monto del crédito y los ingresos, así como la concentración de créditos y las diferencias en tasas de interés entre grupos corporativos o empresariales.
Ronulfo Jiménez, economista y asesor de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), consideró que, si bien el Banco Central requiere información para elaborar sus estadísticas, no es necesario identificar los datos con números de cédula o los nombres.
“Lo que interesa es ver el comportamiento de los datos agregados, y descomponer esos datos con ciertas características que puedan tener. Puede ser la actividad económica, localización, una serie de variables que pueden suministrarse sin la necesidad de entregar la identificación de las personas”, afirmó Jiménez.
El asesor de la ABC añadió que la evaluación del riesgo de los deudores a nivel individual es responsabilidad de las entidades financieras en primera instancia, y en segundo lugar de la Sugef. “Por eso hay una división del trabajo, hay superintendencias que tienen desconcentración máxima, para que realicen la labor del control de riesgos separado del BCCR”, expresó.
El Banco Central también esgrime que en varias de las estadísticas que elabora, incluidas las crediticias, necesitan caracterizar y agrupar a personas físicas y jurídicas, para cumplir estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La Nación consultó al Banco Central, al mediodía de este viernes, cuáles son las bases de datos que quiere unificar, las limitantes de obtener los datos de forma anónima, la finalidad de desarrollar las nuevas estadísticas de crédito y por qué algunos de los indicadores que planean desarrollar están más relacionados con el análisis de riesgo crediticio, pero no hubo respuesta.
Enfrentamiento
El comunicado de la autoridad monetaria surge luego de que Rocío Aguilar, superintendenta general de entidades financieras, reveló que fue denunciada penalmente por Hazel Valverde, gerente del Banco Central, el pasado 21 de abril, bajo la acusación de desobediencia a la autoridad debido a su negativa a entregar los datos requeridos.
El departamento legal de la Sugef sostiene que esta información crediticia es confidencial. Por su parte, el Banco Central argumenta que la solicitud de información se basa en la Ley del Sistema de Estadística Nacional, con el propósito de cumplir los objetivos y funciones definidos en la Ley Orgánica del Banco Central.
Dado que la Sugef considera que la solicitud de información involucra datos privados y confidenciales de los clientes, Aguilar optó por consultar a la Procuraduría General de la República (PGR), entidad que actúa como asesor legal del Estado.
Esta consulta fue enviada el 23 de diciembre de 2022 y la respuesta se recibió el 3 de julio. Según la interpretación de la autoridad monetaria, incluida en el comunicado, la obligación de proporcionar la información solicitada a la Sugef fue “expresamente validada” por la PGR.
Al ser consultada sobre si entregarían la información con base en el criterio de la Procuraduría, la oficina de prensa de la Sugef respondió a La Nación que el pronunciamiento se refiere a temas puntuales relevantes, pero que, un traslado seguro de la información implica la observancia de procedimientos rigurosos.
Otras entidades como la ABC, la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras, y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) han expresado su rechazo a los requerimientos informativos detallaados que fueron solicitados por el Banco Central.
Entre otros puntos, alegan que la petición de la autoridad monetaria es contraria al artículo 24 de la Constitución Política, que salvaguarda el derecho a la intimidad, la libertad y el secreto de las comunicaciones de todos los ciudadanos de Costa Rica.
