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La mayoría de las convenciones colectivas del sector municipal tienen más de tres décadas de no renegociarse.
Un total de 27 acuerdos laborales, de los 48 existentes, no sufren ningún tipo de modificación desde la década de 1990.
Sin embargo, los casos más extremos se encuentran en los ayuntamientos de El Guarco, Mora, Alajuelita y Cartago, pues mantienen intactos los incentivos a sus trabajadores desde la década de los 80.
Así se reseña en la información brindada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a La Nación, y en los 48 documentos publicados en el sitio web de esta misma entidad pública.
La vigencia tan prolongada de los acuerdos entre los trabajadores y los municipios se fundamenta –según el análisis de Trabajo– en que en 33 de las convenciones se establece la renovación automática de la convención si ninguna de las partes pide su actualización.
Los acuerdos colectivos son documentos con rango legal y de acatamiento obligatorio para las partes. La vigencia es de dos a tres años y para modificarlos es necesario que se denuncie un mes antes de su vencimiento ante el Ministerio de Trabajo.
Privilegios pactados
El principal beneficio de los acuerdos colectivos es el pago del auxilio de cesantía por más de 12 años, periodo establecido como razonable por la Sala IV, en junio anterior.
La información de Trabajo detalla que, del total del convenciones (48), en 18 el tope de cesantía es de 20 años.
Además, en 16 ayuntamientos no existe un límite; es decir, el trabajador tiene derecho a recibir sus prestaciones legales por el total de años laborados.
Solamente los municipios de Aguirre, Alajuela, Corredores, El Guarco, Osa y Puriscal reconocen una cesantía de 12 años o menos a sus trabajadores cuando se jubilan.
Los acuerdos de los municipios tambien incorporan incentivos monetarios cuando muere el trabajador o un familiar; y bonos para la compra de útiles escolares al comienzo del curso lectivo.
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La directriz presidencial N° 009-H, de junio anterior, instó a las instituciones descentralizadas –como los municipios– a renegociar las convenciones para hacer un uso más razonable de los recursos públicos.
Alicia Borja, alcaldesa de Curridabat, comentó que cada municipalidad cuenta con la independencia para decidir si acata o no el decreto ejecutivo.
"Dentro de los planes de esta Administración se encuentra el renegociar de la mejor manera posible el acuerdo colectivo ya sea parcial o total", afirmó Borja.
Este municipio no revisa los acuerdos de su convención, como la inexistencia del tope de cesantía, desde octubre de 1997.
Casos excepcionales
La convención colectiva del ayuntamiento de El Guarco, en Cartago, tiene 36 años sin revisarse. El acuerdo entre los trabajadores y el municipio comenzó a regir en 1982, según el Ministerio de Trabajo.
En el caso de los cantones de Mora y Alajuelita el convenio rige desde 1987 y en Cartago, desde 1989.
En las cuatro municipalidades la convención se ha prorrogado, de manera automática, desde su suscripción.
La Nación consultó a los municipios de El Guarco Alajuelita las razones del por qué no se denunciado la convención. Pero al cierre de la nota no hubo respuesta.
Gilberto Monge, alcalde de Mora, explicó que nunca se había negociado pues los trabajadores no estaban organizados, no existía una contraparte para dialogar.
Además –recalcó– porque no había una necesidad de modificar las condiciones del acuerdo.
“Cuando ingresé a la municipalidad solo habían 30 empleados y ahora son 100. Esto ha hecho el tema relevante”, afirmó Monge.
El funcionario resaltó que el principal abuso de la convención es el reconocimiento del pago de prestaciones cuando el trabajador renuncia.
Actualmente, el acuerdo laboral del municipio está impugnado en la Sala VI. Monge detalló que esperan el fallo del Tribunal antes de proponer la modificación de otros artículos.
El municipio de Cartago informó, por escrito, que hay artículos de la convención de 1989 que tienen años de no aplicarse, como las ayudas económicas a los empleados.
“Sí se ha planteado renegociar algunos aspectos de la convención colectiva. Esta administración está en conversaciones sobre algunos extremos a revisar en el año 2019”, resaltó el ayuntamiento.
Además esperan la redacción final del voto de la Sala, sobre cesantía, para determinar si reducen el actual beneficio de 15 años.
