Nathalia Rivas y Andrés Quesada suman dos años y medio casados y dentro de sus planes a futuro está el de ser padres. Esta pareja de profesionales planea tener dos hijos, aunque consideran que las condiciones del entorno siempre harán creer que no es un buen momento para procrear.

En similar situación están Keyla Marchena y Tomás Malavassi, quienes llevan el mismo tiempo de matrimonio y a mediano plazo esperan tener más de un hijo, a pesar de que piensan que el contexto socioeconómico siempre será un obstáculo relevante.

Estas dos parejas ejemplifican la realidad que viven muchas otras que ya no desean una familia numerosa o que, incluso, prefieren no procrear, lo que ha provocado una disminución en la cantidad de nacimientos que se registran en Costa Rica.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el país suma ya cinco años consecutivos de reducción en nacimientos. El año pasado la cifra cayó por debajo de los 60.000 por primera vez en la última década y, aunque coincide con la pandemia de covid-19, los demógrafos creen que la reducción se relaciona más con razones económicas.

Por el contrario, el número de defunciones crece año tras año, por lo que la brecha entre nacimientos y fallecimientos se estrecha paulatinamente.

En esta última década, el país contabilizó 40.000 nacimientos menos de lo que se tenía proyectado.

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“Nosotros con las proyecciones de población estábamos suponiendo que iban a haber entre el 2011 y 2020, 731.802 nacimientos y, en realidad, ocurrieron 690.333”, puntualizó Gilbert Brenes, director del Centro Centroamericano de Población (CCP) de la Universidad de Costa Rica.

De acuerdo con Brenes, el descenso en la tasa de fecundidad viene desde el 2001, lo cual coincide con la puesta en práctica de la ley de paternidad responsable. Ese año la tasa se ubicó en 2,1, la cual se considera el nivel de reemplazo saludable, pero se redujo a 1,4 en el 2020, año en el que se esperaba que fuera de 1,73.

Esta situación, que se repite en muchos otros países, tiene implicaciones económicas y sociales a largo plazo, lo que ha llevado a las autoridades a proponer medidas para la Costa Rica del futuro: más envejecida y con menos trabajadores y contribuyentes.

Reformas en pensiones

La sostenibilidad de los sistemas de pensiones es una de las principales preocupaciones a futuro. Las últimas proyecciones de la Superintendencia de Pensiones (Supén) del 2018 –que no consideran el efecto pandemia– estiman que la relación entre trabajadores y pensionados será de 1,5 al final del siglo, en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Esa relación, conocida como razón de soporte, se ubicó en 4,61 para febrero de este año, menor a la que se estimaba hace tres años pues el número de afiliados activos se ha reducido debido a la crisis sanitaria y económica.

“No se puede determinar si esta caída en la natalidad es consecuencia directa de la pandemia o si es que, en efecto, hubo un cambio estructural en la dinámica de la natalidad nacional. En este momento es muy pronto para afirmar lo uno o lo otro; sin embargo, de haberse adelantado los momentos de caída de la natalidad, sí afectaría las proyecciones actuales”, comentó Rocío Aguilar, superintendenta de Pensiones.

Otros estudios tampoco son halagüeños. Los cálculos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) del 2020 prevén que el régimen IVM enfrentará déficit operacional para el 2030 y el agotamiento del fondo de reserva siete años después.

No obstante, los números pueden cambiar dependiendo de la recuperación pospandemia.

“Después de pasar la pandemia, cuando la economía recupere sus niveles naturales de empleo, el nivel de afiliados activos será mayor, por lo que la razón de soporte aumentará, pero es incierto hasta qué niveles llegará”, manifestó Aguilar.

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Dada la situación actuarial del régimen, la Superintendenta enlistó una serie de medidas que el país debe tomar, relacionadas no solo con la sostenibilidad, sino también con la cobertura que ofrece.

Estas medidas incluyen eliminar el subsidio del seguro de salud por parte del IVM, redistribuir las cargas sociales para que se incrementen los ingresos del IVM para llegar a los niveles de cotización de los países de la OCDE y eliminar la pensión anticipada, con lo que la edad mínima para pensionarse sería de 65 años.

También se contempla unificar en 45% la cuantía básica tomada del salario de referencia, construir una reserva para contar a futuro con una pensión universal y fortalecer el pilar voluntario a través de dos iniciativas: la afiliación automática con desafiliación voluntaria y la “pensión consumo”, con la que los afiliados recibirían “puntos de pensión” con su consumo, los cuales serían canjeados en la vejez.

Reorientación en planificación

El Ministerio de Planificación (Mideplán) es otra de las instituciones que lleva cuenta de esta situación por medio de su Unidad de Análisis Prospectivo, con la que pretenden darle una orientación de largo plazo a las temáticas de planificación nacional.

Según el Mideplán, es “muy poco probable” que la trayectoria proyectada a la baja se revierta, “lo que generará en el corto, mediano y largo plazo repercusiones en el sistema social y económico del país”, especialmente relacionados con la sostenibilidad de los sectores de educación, salud y pensiones.

El Ministerio cree que el país debe aprovechar el actual bono demográfico para invertir en capital humano que resulte en trabajadores más productivos que puedan hacer frente a la factura demográfica que se proyecta.

Además, se ha desarrollado la Política Nacional de Cuidados 2021-2031 con el fin de implementar progresivamente un sistema de atención a las personas en situación de dependencia, con particular énfasis en la población adulta mayor y en situaciones de discapacidad.

El Ejecutivo le apuesta también a la Estrategia Económica Territorial para una Economía Inclusiva y Descarbonizada: 2020-2050, con la que pretende potenciar y generar crecimiento económico y empleo fuera de la Gran Área Metropolitana mediante 11 polos de desarrollo, los cuales se ubicaron en zonas donde se espera un aumento poblacional mayor al promedio del país.

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Según el Mideplán, 15 distritos costeros proyectan un crecimiento demográfico superior al promedio nacional en 50% y en los que el Mideplán considera clave invertir en el talento humano. Entre esos están Cahuita, en Talamanca; Nosara, en Nicoya; y Puerto Jiménez, en Golfito.

Asimismo, hay oportunidades en las áreas de educación y salud. El cambio demográfico traerá menos demanda, por lo que los esfuerzos se podrían concentrar en mejorar la calidad. Aunque sí habrá mayor presión en servicios de salud y cuido para adultos mayores.

“Si se reorientan los recursos de educación, todo el sistema puede disponer de más recursos por estudiante y los educadores tendrán clases de menor tamaño”, acotó Brenes.

Decrecimiento se adelantó

La reducción de nacimientos en la última década se agudizó en el 2020, coincidiendo con la pandemia, y los números del primer trimestre de este año son todavía menores.

Estos cambios a la baja han hecho que la proyección de decrecimiento se adelante 18 años.

“Entre el INEC y el CCP habíamos proyectado que el decrecimiento iba a empezar en el 2063: se iba a llegar a 6.177.000 personas y eso iba a empezar a decrecer. Pero con los nuevos datos creemos que ese decrecimiento ocurrirá antes”, comentó el director del CCP.

Las nuevas proyecciones arrojan que Costa Rica podría iniciar el decrecimiento entre el 2045 y el 2050.

Mientras tanto, en el corto plazo, existen dos hipótesis alrededor de la pandemia. Una de ellas se denomina efecto de posposición, el cual vaticina que las parejas están retrasando la procreación debido a la situación económica y sanitaria, por lo que se prevé un repunte en el 2022 o 2023.

La segunda teoría indica que, aunque se amplíe la vacunación y la situación sanitaria mejore, la recuperación económica y del empleo tardará más en concretarse, lo que haría que el repunte, de haber alguno, se presente más tarde, en cinco o seis años.

“La hipótesis es que la cantidad de nacimientos tiene que recuperarse, si no al alza, al menos estabilizarse, bajo el supuesto de que el nivel de fecundidad ya no puede caer más, a menos de que lleguemos a una situación crítica como Japón o Corea del Sur”, explicó Brenes.

Incentivos

La caída de nacimientos y el decrecimiento lo enfrentan también otros países y algunos de ellos han aplicado lo que se conoce como “políticas natalistas”.

Países como Finlandia o Estonia han puesto en marcha programas de incentivos económicos para estimular el nacimiento de nuevos niños.

Además, China recientemente abolió su política de hijo único y ahora promueve el tener un segundo hijo, aunque existe aún escepticismo en gran parte de la población.

En Costa Rica esas medidas tendrían poco impacto, consideró Brenes. El investigador mencionó que fortalecer la red de cuido ha sido una de las medidas en ese sentido, pero los estudios indican que eso le ha dado a las mujeres más oportunidades para insertarse en el mercado laboral y no necesariamente promover nuevos nacimientos.

Por su parte, el Mideplán comentó que esas medidas natalistas han sido implementadas en países donde el espacio fiscal lo permite, pero admitió que se pueden revisar acciones estratégicas “siempre que sean realistas para el contexto fiscal del país”.

El Ministerio resaltó, además, el permiso por paternidad con goce salarial por un mes del proyecto de Ley Marco de Empleo Público y externó la necesidad de extender estas licencias al sector privado, según lo ha indicado también la OCDE.

Por lo pronto, las parejas de Nathalia y Andrés, y Keyla y Tomás no consideran como incentivo un monto económico, pues creen que el país debe resolver antes otros problemas. Pero sí sueñan con que sus hijos tengan acceso a mejores oportunidades laborales y de educación.