EscucharEl proceso de contratación iniciado por el Instituto Nacional de Seguros (INS) para la adquisición de 1,8 millones de marchamos digitales, por un valor de ¢4.860 millones, comienza a acumular objeciones por parte de oferentes a menos de un mes de la apertura del concurso.
La Contraloría General de la República (CGR) confirmó que estudia seis recursos de objeción contra el cartel de licitación que la aseguradora pública abrió el pasado 9 de junio.
En el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) el proceso está en estado de impugnado, pero aún no hay detalle de quienes presentaron las quejas.
El INS comenzó el trámite de contratación con base en un estudio de mercado “condensado” en siete páginas porque, según la aseguradora estatal, la totalidad del informe es confidencial por secreto comercial. Carlos Mejías Alegría, director del Proyecto Marchamo Digital del INS, aseguró que el análisis más detallado es solo para uso interno.
El documento publicado en Sicop indica, sin citar las fuentes de información, que la confección de las etiquetas del marchamo digital le costarían al Instituto entre $2,75 (¢1.511 al tipo de cambio de referencia de venta) y $12 (¢6.595), sin incluir el impuesto sobre el valor agregado (IVA). La institución calculó, en abril pasado, un costo de ¢2.000 para los propietarios de vehículos
Además, el INS encontró que en el país existen 16 empresas como potenciales oferentes de esta tecnología, entre las cuales está Radiográfica Costarricense (Racsa).
“El estudio de mercado que se puede ver en Sicop es un estudio condensado que nos marca nuestra Proveeduría, entre los 31 requisitos que debemos complementar para hacer la apertura de un proceso de contratación (...) el estudio (completo) no está en Sicop, ese estudio está en los expedientes internos”, aceptó el funcionario, en entrevista con La Nación.
Mejías Alegría indicó que el documento interno cuenta con mucha más información como elementos técnicos de los bienes a contratar y la experiencia de los potenciales proveedores. Algunos de los datos, dijo, fueron aportados por los propios oferentes.
El documento registrado en la plataforma del Sicop fue preparado por el mismo funcionario.
Este diario solicitó una copia del análisis completo, pero la aseguradora pública se negó a entregarlo porque la información es considerada confidencial por los propios proveedores del INS.
“Entregar esa información podría implicar demandas para la institución al violentar dichos acuerdos con las empresas (de secreto comercial)”, justificó la aseguradora estatal.
Además, argumentó que en Sicop se publica la información necesaria para garantizar la transparencia, más no datos desagregados de cada una de las empresas, pues estas no autorizaron su divulgación.
El director del Proyecto Marchamo Digital afirmó que parte de los datos obtenidos se solicitó a las empresas interesadas en la plataforma de compras públicas, durante el primer trimestre del 2023.
“Las empresas que participaron en el estudio de mercado completaron un formulario, en el que indicaron que la información que estaban entregando al INS formaba parte de su secreto comercial, por lo que no aprobaban su divulgación a terceros”, según el Instituto.
En la plataforma de compras públicas sí se incorporó información sobre los requerimientos técnicos de los productos, sistema de calificación y las multas por incumplimiento del contrato.
¿Qué es un estudio de mercado?
La Ley General de Contratación Pública dicta que los estudios de mercado tienen como objetivo brindar información de fuentes confiables con el propósito de obtener información de costos sobre los bienes, obras, servicios; así como verificar la existencia de proveedores a contratar sean públicos o privados.
De hecho, la Contraloría CGR detalló, en el oficio DCA-1120 de marzo del 2020, que dichos análisis deben tener y explicar la metodología empleada.
Además, catalogó de vital importancia que todo el proceso se documente, desde el inicio del análisis hasta el resultado final, y que quede incorporado a los expedientes de contratación.
El director del Proyecto Marchamo Digital afirmó que la finalidad del estudio fue establecer un sondeo de mercado preliminar para conocer los costos y compañías especializadas para contratar.
Además negó que el informe se hiciera entre abril, cuando el Gobierno anunció la intención de incorporar la nueva tecnología, y el pasado 9 de junio, cuando se abrió el proceso de contratación.
El INS espera recibir las ofertas de los potenciales proveedores hasta finales de este mes. El objetivo de la empresa pública es que en el pago del derecho de circulación del 2024 se aplique la nueva tecnología.
En el cartel técnico se detalla que el marchamo digital utilizará el mecanismo de Etiquetas con Tecnología de Identificación por Radio Frecuencia (RFID, por sus siglas en inglés), que permite identificar objetos, en este caso vehículos, por medio de ondas de radio que brindan la posibilidad de captar cientos de objetos a la vez.
Costos y oferentes
El INS hizo un análisis del costo actual de la compra de etiqueta con la tecnología RFID el cual difiere a los ¢2.000 estimado, en abril pasado, que le saldría al propietario del vehículo.
De hecho, el Instituto no sabe cuál será el precio final para los usuarios o si se pagará en una única vez o por partes. La vida útil de cada marchamo digital se prevé sea de 10 años.
Esos detalles se definirán hasta cuando la entidad reciba las ofertas hechas por las empresas interesadas, afirmó Mejías Alegría.
Tomás Soley, jerarca de la Superintendencia General de Seguros (Sugese), confirmó que el costo de las etiquetas del marchamo digital son asumidos por el INS y deben ser incorporados para la determinación de las primas a cobrar en el Seguro Obligatorio para Vehículos Automotores (SOA).
“La primas a cobrar deben considerar, al igual que en otros seguros, el riesgo a cubrir, los gastos administrativos y de comercialización, así como la utilidad que va a tener la aseguradora”, dijo Soley.
En el estudio de mercado de la empresa pública se detalla que el adhesivo para los vehículos con parabrisas hoy tiene un costo menor en el mercado externo de $2,75 (¢1.1511, a un tipo de cambio de ¢549,6) sin IVA que con el tributo subiría a $3,10 (¢1.704). En tanto que el precio máximo fue de $5 (¢2.748), sin incluir el IVA, y con el impuesto se eleva a $5,65 (¢3.099).
Para las motocicletas el costo máximo es el mismo que los carros. Mientras que el mínimo se encontró en $3 (¢1.649), y cuando se incluye el IVA, sube a $3,39 (¢1.863).
El costo más elevado fue para las etiquetas encapsuladas, es decir, las que se usan principalmente en vehículos de trabajo en condiciones hostiles. El valor mínimo fue de $7 (¢3.847) y $7,91 (¢4.347) con IVA. Mientras que el máximo fue de $12 (¢6.595), que con IVA se eleva a $13,56 (¢7.452).
“La ventaja es que el costo que se cobre (al usuario) será una vez cada 10 años. El precio para el ciudadano se sabrá hasta cuando termine el proceso de contratación. Pero esperamos que sea menor a lo estimado en el estudio”, dijo el director del proyecto.
En el caso de los posibles oferentes, el funcionario del INS comentó que como este sistema es nuevo en Costa Rica, por lo menos su aplicación masiva, pocas empresas tienen experiencia en su uso.
Mejía Alegría comentó que las compañías señaladas en el estudio algunas tienen representación en el país.
“Nunca se ha hecho una implementación con este alcance en Costa Rica, por ende, la experiencia que se requiere no está en el país. Son empresas que trabajan en consorcio”, reconoció.
Cuando se le consultó por qué se incluyó a Racsa, dijo que la firma pública también puede operar mediante una alianza.
Además, reconoció que ya se reunió con personeros de Racsa y una empresa proveedora de la tecnología RFID. También aceptó que otras empresas privadas pidieron información del proceso de contratación administrativa.
