EscucharUno de los aspectos más importantes para los contribuyentes, sean personas físicas o jurídicas, es la protección de la información privada relacionada con su actividad económica y sus obligaciones tributarias.
Pero también es importante, en la sociedad moderna, el acceso a la información sobre el cumplimiento de la obligaciones tributarias de esos contribuyentes, a fin de evidenciar los posibles casos de evasión, elusión o incumplimiento de esas obligaciones fiscales.
¿Cómo definir el límite entre el derecho a la privacidad y el derecho a la información pública? A nivel internacional es posible identificar diversas soluciones a este problema.
Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, un país con un fuerte sistema tributario, se mantiene una protección muy importante de las declaraciones juradas que son presentadas por sus ciudadanos.
LEA MÁS: Clave Fiscal: Conozca las nuevas normas y procedimientos para el uso de plataformas digitales
En este sentido, al contribuyente le asiste el derecho a mantener la privacidad de las declaraciones juradas de impuestos que se rinden a su Autoridad Tributaria; es decir, al IRS (Internal Revenue Service). Las leyes federales resguardan la confidencialidad de la información y declaraciones de los contribuyentes que entregan al Fisco.
Se entiende que solo el contribuyente puede autorizar explícitamente la divulgación de su información, y que existe la prohibición al funcionario o exfuncionarios de dar información de la identidad, naturaleza, fuente o monto de las rentas, pagos, recibos, deducciones, exoneraciones, activos o pasivos, patrimonio neto, obligación tributaria, retenciones tributarias, deficiencias, sobreevaluaciones o pagos de impuestos, ya sea que la declaración del contribuyente haya sido, o esté siendo sometida a examen u otra investigación o procedimiento, o cualquier otro dato, entre otras cosas.
Por otra parte, en la Unión Europea, encontramos el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos, el cual busca la transparencia, pero también establece límites en protección de los ciudadanos.
El Convenio ofrece protección cuando la información toca o se refiere a la necesidad de proteger los intereses y derechos establecidos como límites en la normativa, pero la protección cede cuando hay un interés público. ¿Cómo funciona este tema en Costa Rica? Seguiremos en la próxima columna.
El autor es abogado.
rgonzalez@roblesoreamuno.com
