Colegio de Abogados cuestiona competencia del BCCR para obtener datos sin anonimizar

Así lo expuso Fabián Volio, coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional del colegio profesional, en su comparecencia, este jueves 19 de octubre, en la Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.

“No existe ninguna competencia del Banco Central por la que necesite la información personal (...). El Banco no necesita los datos individualizados de nuestras cuentas, los saldos, los datos de la Caja Costarricense de Seguro Social para sus labores para fijar la política monetaria”, explicó el abogado.

El jurista también rechazó que la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y la Ley del Sistema de Estadística Nacional faculten a la entidad para solicitar información con la identificación de las personas.

“La Constitución Política exige, en el artículo 24, que se publique una ley especial cuando los diputados consideren necesarios para el país delegarle a una institución la posibilidad de pedir datos personales, si la ley especial no existe hay una prohibición general y absoluta de pedir la información en una acción administrativa”, explicó Volio.

Él fue convocado por los legisladores para referirse a la oposición unánime de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, emitida a finales de setiembre pasado, que cuestionó la actuación del BCCR.

Volio también catalogó de ilegal el acuerdo de la Junta Directiva del Banco Central, de noviembre del 2022, en la cual efectuó el requerimiento de información sin anonimizar de deudores a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

“Toda la información pedida por el BCCR debe ser agregada y general, sobre condiciones del crédito a los bancos, lo más ilegal fue lo que pidieron”, enfatizó.

Además, consideró como un “error gravísimo” el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, C-125-2023 del pasado 3 de julio, que señala la obligación de la Superintendencia de entregar la información solicitada al Banco Central.

Inseguridad jurídica

En la comisión legislativa también compareció Mario Gómez, asesor jurídico de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), quien reconoció que, desde el 2016, los bancos brindaban información sin anonimizar al BCCR, bajo el principio de confianza.

Sin embargo, la reciente ampliación de petición de datos más detallados del ente emisor, para la elaboración de estadísticas, provocó las dudas de la Sugef, por lo cual, las entidades bancarias decidieron detener el envío de información.

“Los bancos quedaron en medio de una discusión de la Sugef y la Gerencia del Banco Central que tienen posiciones encontradas. Los bancos requieren seguridad jurídica (...) los propietarios de los datos son los costarricenses, no se puede hacer uso de la información sin consentimiento”, afirmó el abogado de la organización empresarial.

Gómez insistió en que lo correcto es esperar la resolución de la acción de inconstitucionalidad presentada por la ABC a la Sala IV, pues allí se deben esclarecer las discrepancias en la interpretación legal.

Adicionalmente, catalogó como arbitrarias las denuncias presentadas por el BCCR contra Rocío Aguilar, jerarca de la Sugef; y Bernardo Alfaro, gerente del Banco Nacional, por negarse a entregar datos de deudores al ente emisor.

“Definitivamente actuaron (en el Banco) irrazonablemente por las medidas contra doña Rocío y don Bernardo. Si se revisa la Ley del Sistema de Estadística Nacional claramente se deriva que se debe hacer una prevención cuando hay negativa reiterada a entregar información, pero este no fue caso”, dijo Gómez.

El asesor de la Asociación Bancaria consideró la actuación del BCCR como “beligerante” y nunca vista en años. Para el asesor jurídicos del gremio bancario, la salida al actual conflicto debe ser el diálogo y no la confrontación.

Incluso recordó que recomendaron al ente emisor conformar una comisión para discutir los temas de confrontación, pero nunca hubo respuesta.