Comisión de competencia recomienda derogar texto que limitaría la participación de empresas en compras públicas

Se trata del Decreto Ejecutivo N°42709-H- MEIC-MINAE-MICITT, que autoriza a las proveedurías institucionales a establecer factores de calificación distintos al precio en los sistemas de evaluación de las compras, tales como la ubicación geográfica, la inclusión social, que se trate de empresas de la economía social en consorcio, o sean micro, pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por la Coprocom este martes 19 de julio, la norma además otorga a las entidades públicas una “absoluta discrecionalidad para ponderar estos factores, lo que podría ocasionar la confección de carteles dirigidos a determinadas compañías”, limitando la competencia y libre concurrencia en la contratación pública y los beneficios de contar con el mayor número de opciones.

“La Administración debe colocar a todos los oferentes en igualdad de condiciones, desde el inicio del procedimiento y hasta la adjudicación o formalización del contrato, por lo que no puede crear discriminaciones jurídicas ni de hecho entre ellos, susceptibles de dar ventaja o perjudicar a ciertos concurrentes”, comentó Viviana Blanco, presidenta del Órgano Superior de la Coprocom.

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Además de la derogatoria, la Coprocom recomendó al Poder Ejecutivo, de considerarlo necesario, proponer una nueva normativa que pueda rescatar el objetivo de incentivar la participación de más empresas en las compras públicas, evaluando previamente el impacto de la regulación en la dinámica de la competencia, a fin de seleccionar entre las distintas opciones de política pública, la menos restrictiva para la competencia.

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Recientemente, la Coprocom también se refirió a las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo relacionadas al mercado del arroz en Costa Rica y señaló que la propuesta de eliminar los precios mínimos de las distintas calidades del arroz “es un primer paso en la dirección correcta para mejorar la competencia en el mercado”, y para erradicar la distorsión en los precios del grano provocada por una regulación.

La autoridad en materia de competencia aseguró, por medio de un comunicado de prensa del 2 de junio, que la medida se ha mantenido durante ocho años sin sustento jurídico lo que genera efectos anticompetitivos en el mercado nacional.

“La fijación de precios mínimos se considera ilegal por cuanto no existe norma alguna que habilite a la Administración para ello. Ni del espíritu de Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7.472, ni de su letra, se desprende que faculte a la Administración al establecimiento de precios mínimos hacia los consumidores, como una forma de proteger los intereses de un sector productivo”, señaló la Comisión.