EscucharLa Encuesta Nacional de Hogares mostró una reducción significativa en la proporción de hogares en condiciones de pobreza y pobreza extrema –de acuerdo con la metodología de “línea de pobreza”– en el último año (el instrumento estadístico es aplicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en julio de cada año, de manera que los datos corresponden a una radiografía de las condiciones económicas de los hogares del país en ese mes).
Casi de inmediato sucedió lo inevitable, sobretodo en tiempos de polarización y conflicto exacerbados: el Ejecutivo pretendió atribuirse el logro y, en la acera del frente, no sólo se minimizó el impacto de acciones gubernamentales sobre dicho resultado –algo, por cierto, absolutamente cierto– sino que el aumento en el ingreso de los hogares, la principal causa de la mejora en los índices de pobreza el último año, generó dudas y cuestionamientos basados en prejuicios y poca profundidad a la hora de analizar los datos.
Tristemente, el tono y la deriva que ha tomado la discusión pública en torno a un tema tan trascendental para la convivencia y el bienestar democráticos como es el de la pobreza y la equidad ha sido, por decir lo menos, poco constructivo y superficial.
Primero, porque se ha construido sobre una visión anclada en los privilegios y, muy probablemente el desconocimiento de las condiciones materiales de las familias vulnerables. La mejora, sin duda importante, no deja de significar que existe una proporción, inaceptablemente alta para una sociedad que se precie de democrática, de hogares que viven no sólo con limitaciones materiales significativas, sino que, además, son sumamente vulnerables, al ciclo económico, y a los efectos de shocks internos y externos, particularmente porque su vinculación con los mercados de trabajo y con las oportunidades que se generan es sumamente precaria y, como si esto no fuera poco, las redes de apoyo que la sociedad construye desde la acción gubernamental son insuficientes y lejos de fortalecerse se debilitan.
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No debe de perderse de vista, que cuando hablamos de hogares en el primer quintil de ingreso y sobredimensionamos que a nivel nacional el ingreso promedio de esas familias creció 14,9% entre julio de 2023 y el mismo mes de 2024, estamos hablando de poco menos de ¢34.000 por mes adicionales y que un aumento de esa magnitud si bien mejora su situación y puede, como efectivamente sucedió, que algunos hogares lograran sobrepasar los umbrales que se definen para clasificar los hogares en pobres y no pobres (las líneas de pobreza y pobreza extrema, en julio de 2024, se definieron en ¢127.324 y ¢60.697 por persona en el caso de hogares urbanos y en ¢98.673 y ¢50.905 por persona para los rurales, de ingresos mensuales) esto no significa que estas familias no continúen enfrentando carencias y vulnerabilidades.
Además, ciertamente, aunque en el último año más de 63.000 hogares (casi 203.000 personas) lograron superar los niveles de ingreso que los calificarían como pobres, no debería dejar de ser una preocupación mayúscula que aún hay más de 327.000 familias y casi 1,1 millones de personas en condición de pobreza y que, en su caso, los ingresos prácticamente no crecieron durante el último año (el ingreso familiar de los hogares en pobreza extrema y no extrema cayeron -0,25% y -0,20% en el último año).
Preocupa, en este sentido, el excesivo triunfalismo en relación con el combate de la pobreza y la búsqueda de una sociedad más equitativa. Pues, aunque circunstancialmente, debido en este caso a la recuperación del mercado de trabajo luego de shock externo intenso, los ingresos han mejorado; lo cierto es que los recortes presupuestarios irreflexivos y el desmantelamiento por razones ideológicas –o simplemente, por pueriles arrebatos– de programas sociales clave no auguran una mejora sostenida en los próximos años.
Recuperación del mercado laboral
Pero, entonces, ¿qué explica el aumento en el ingreso de las familias, especialmente, las más vulnerables durante el último año? La evidencia apunta, sin duda, a una mejora en el mercado de trabajo, después de un shock externo negativo que redujo el ingreso de las familias, el gasto interno y, por tanto, la producción y el empleo.
Entre 2021 y el primer semestre de 2022, cuando la economía aún no se recuperaba plenamente del impacto de la pandemia, aumentos significativos en los precios internacionales de las principales materias primas condujeron a un deterioro importante de los términos de intercambio y alimentaron una aceleración notable de la inflación.
Como consecuencia, el ingreso real de los hogares se contrajo fuertemente y con él la demanda interna, lo que se tradujo en menor producción y empleo, especialmente, en aquellas actividades que se relacionan más intensamente con el nivel de gasto local, como, por ejemplo, el comercio, la industria fuera de zonas francas, los servicios que consumen las familias, los hogares como empleadores (microempresas familiares) y el alojamiento y la restauración.
El impacto del estancamiento de la demanda interna –entre el segundo trimestre de 2022 y el primero de 2023, el gasto interno se estancó y el consumo, su principal componente, moderó notoriamente su crecimiento– tarde o temprano se reflejó en el mercado de trabajo, en especial, en destrucción de empleos en sectores económicos más expuestos a los niveles de gasto de los residentes (de esta forma entre setiembre de 2023 y el mismo mes de 2024 se perdieron más de 110.000 puestos de trabajo, de los cuales más de 62.000 fueron en el comercio y en los hogares como empleadores).
Los empleos destruidos durante la fase recesiva del shock externo además compartían características de mayor precariedad y menor calidad, pues se trata típicamente de actividades con alta informalidad.
Al mismo tiempo, otros factores –no correlacionados con el shock externo adverso– como el aumento en la inversión inmobiliaria en Guanacaste y el Pacífico Central (que impulsó la construcción en esas regiones), el proceso de recuperación del turismo luego de la pandemia, el dinamismo de cierta producción agropecuaria y el aumento en el empleo en servicios y manufacturas amparadas a regímenes especiales contribuyeron a compensar parcialmente el impacto sobre la ocupación y los ingresos del debilitamiento de la demanda interna.
Afortunadamente, con el paso del tiempo, en particular a partir del segundo semestre de 2022, los precios de las materias primas en los mercados internacionales empiezan a caer (desde el segundo trimestre de 2022 han retrocedido más de -30%), a recuperarse, aunque no completamente, los términos de intercambio y a revertirse las presiones inflacionarias internas.
Como resultado, los ingresos reales de los hogares empiezan a mejorar, la demanda interna a reactivarse –incluyendo en consumo de los hogares– y el empleo a recuperar parte del terreno perdido durante el shock negativo.
De esta forma, entre octubre de 2023 y junio de este año, el número de personas ocupadas se recuperó en casi 80.000 especialmente en zonas urbanas (más de 70.000 puestos de trabajo) y, justamente en las actividades económicas que habían experimentado mayor pérdida de puestos de trabajo los meses previos: el comercio (casi 45.000 puestos de trabajo) y los hogares como empleadores (más de 80.000).
Pero, la siguiente pregunta sin duda es, ¿cómo se vincula esto con el comportamiento del ingreso de los hogares más vulnerables y la reducción de la pobreza?
El vínculo está, sin duda, en que el shock externo resultó particularmente adverso para los hogares más vulnerables y la forma en que se vinculan con el mercado de trabajo, pero al disiparse ese impacto, la recuperación de la demanda, del empleo y de los ingresos fue también mucho más favorable para los hogares más pobres especialmente en las regiones Central, Chorotega y Pacífico Central.
Notablemente, pese a las teorías que relacionan el aumento en el ingreso en las regiones Brunca y Huetar Atlántica con las actividades del narcotráfico (que sin duda constituyen una realidad y otro riesgo enorme para la convivencia democrática), fueron esos dos territorios los únicos en donde los ingresos promedio de los hogares más pobres (primer quintil) disminuyeron y, en el caso de la región Brunca, la única en donde los índices de pobreza no mostraron mejora alguna.
Pensando mucho más allá de los efectos sobre el empleo, los ingresos y la pobreza de las vicisitudes del ciclo económico y de la forma en que la economía se ajusta a shocks internos y externos hay una dimensión de lo que ha sucedido en el mercado de trabajo que no puede dejarse de lado: la participación y el empleo femenino.
Durante la parte recesiva del shock externo fueron más puestos de trabajo femeninos los que se destruyeron –en total, más de 69.000, lo que equivale a poco más de 6 de cada 10 empleos destruidos –mientras que, durante la recuperación, la mayor parte de los empleos recuperados han sido, de igual manera, ocupados por mujeres: más de 56.000, siete de cada 10 puestos de trabajo creados desde octubre de 2023.
Esto es particularmente importante para los hogares más vulnerables y pobres, pues en ellos no sólo es más común la jefatura femenina (57% de los hogares en extrema pobreza y 48% de los pobres no extremos tienen este rasgo, en contraste con el 41% de los no pobres) sino que, además, en ellos la fuerza de trabajo por hogar es baja, un rasgo que no es más que el reflejo de las dificultades estructurales que impiden a las mujeres vincularse equitativamente al mercado de trabajo.
Resultados favorables coyunturales
Efectivamente, la recuperación de la actividad económica, el empleo y los ingresos y, con ellos, la reducción de la pobreza son resultados favorables, pero desgraciadamente, coyunturales.
Más que el producto de una ocupación genuina por enfrentar los factores estructurales que perpetúan la pobreza con acciones de política pública apropiadas y efectivas, fueron el resultado de que, afortunadamente, las condiciones externas mejoraron y cambiaron de signo los factores que deprimieron una parte de la economía entre 2021 y el primer semestre de 2022.
El futuro no parece halagüeño, es difícil que pueda sostenerse el crecimiento de los ingresos familiares, especialmente el de los hogares más vulnerables, en los próximos años y, por lo tanto, de nuevo los índices de pobreza tenderán a estancarse e incluso podrían deteriorarse, en un contexto en donde las personas más vulnerables cuentan con una red de protección disminuida por una frugalidad presupuestaria mal entendida y por la ausencia de políticas públicas clave para el acceso a las oportunidades como es el caso de la educación, la salud y la equidad de género.
En lugar de discutir estos resultados con prejuicios o desde el privilegio o usarlos como armas en disputas políticas tribales deberíamos entender mejor este rompecabezas y dedicarnos a crear políticas públicas efectivas para reducir la pobreza y crear oportunidades, los beneficios económicos, en bienestar y, sobre todo, en mejora de la convivencia democrática son infinitamente mayores que sus costos, pese a lo que intereses miopes suelen argumentar.
