Competencia Perfecta: Prueba de fuego para la resolución bancaria y el seguro de depósitos

Procurar un proceso de resolución de bancos e intermediarios financieros fallidos más expedito y que permita reconocer, aislar y disponer de los activos saludables de los bancos en problemas con el fin de aumentar la posibilidad y la velocidad de recuperación de los recursos aportados por los acreedores —en especial, los depositantes— y, sobre todo, el crear un esquema que garantizara los depósitos de los ahorristas —por un monto limitado por persona que proteja principalmente a los pequeños depositantes sin que se pierda la necesaria disciplina de mercado que provee el actuar de los inversionistas institucionales y los grandes ahorristas y que fuese, a la vez, generalizado, es decir, cubriera a todos los depositantes en cualquier intermediario financiero— constituían ansiadas reformas a las que se aspiraba desde décadas atrás y cuyo momento llegó en el marco del proceso de adhesión de Costa Rica a la OECD.

Ambas forman parte, junto con una más efectiva y mejor supervisión prudencial, de la red de seguridad del sistema financiero y tienen como objetivo procurar volverlo más estable al constituir mecanismos que, en casos extremos como los que involucran el fallo de intermediarios financieros, contribuyen a construir confianza. Hoy ante la necesidad de responder ante la coyuntura de un intermediario regulado en problemas financieros y probablemente fallido van a ser puestas a prueba por primera vez.

LEA MÁS: Competencia Perfecta: Dos años más pérdidos

Esta será una oportunidad valiosa para analizar los retos de implementación de ambos esquemas y, por supuesto, para que los reguladores y supervisores del sistema financiero identifiquen los ajustes necesarios no sólo en la letra de ambas regulaciones sino sobre todo en la forma en que es interpretada y aplicada.

La velocidad con la que se actúe es crucial. En el caso del seguro sobre los depósitos lo ideal es que con rapidez proceda a honrar el compromiso de cubrir un máximo de seis millones de colones por depositante en el intermediario financiero en problemas.

Justamente el éxito de este tipo de esquemas es la credibilidad que se tenga en ellos, es decir, que los depositantes en el sistema, en especial los pequeños, perciban que esa garantía es real y que en los casos en que deba invocarse, se aplica con rapidez, de otra forma simplemente los ahorristas no se sienten protegidos y, por lo tanto, seguirán actuando como si no existiera esa cobertura.

En el caso de los procesos de resolución de bancos fallidos también la velocidad es fundamental a la hora de escindir el banco “bueno” del “malo” y procurar disponer del primero de manera expedita con el fin de minimizar los riesgos de desvalorización de esos activos y obtener los recursos para pagar a los diferentes acreedores y al fondo de garantía de depósitos sobre una base equitativa y transparente.

Además de las dificultades que entraña aplicar por primera vez una política pública también deberá enfrentarse el reto del mal diseño de algunas de sus disposiciones pues, producto de la negociación con grupos políticos y de interés y con el fin de lograr la aprobación de estas reformas, fueron introduciéndose en los planteamientos originales de los expertos modificaciones que no necesariamente son congruentes con las mejores prácticas internacionales.

Esto sin duda saltará a la cara en estos momentos. Al final del día y como siempre sucede en estos casos, la realidad desnudará las deficiencias del marco de políticas e institucional actual. Lo realmente importante es, ahora, que los hallazgos conduzcan a reformas honestas que pongan en primer lugar lo técnico y, sobre todo, la efectividad de ambos mecanismos en términos de su capacidad para proteger a los depositantes, en especial los más pequeños, y de contribuir a una mayor estabilidad y resiliencia del sistema financiero gracias al fortalecimiento de la confianza en él.