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Un seguro de depósitos ha sido un tema pendiente –por décadas – en la agenda de reformas al sistema y a la supervisión financieras en el país.
Un esquema de este tipo, cuando es bien diseñado, reduce la posibilidad de retiros masivos de depósitos, pues al proteger –de manera creíble– a los pequeños ahorristas, los vuelve menos propensos a entrar en pánico –sea fundado o no– acerca de la solvencia de los bancos.
De esta forma, de manera indirecta, favorece el desarrollo de una masa de depósitos estables y de costo bajo que, si son aprovechados por bancos eficientes y sujetos a suficiente competencia, deberían conducir a menores costos crediticios.
¿Cuál es el diseño ideal de un seguro de depósitos? Debería proteger a todos los depositantes en cualquier tipo de intermediario financiero, pero por un monto bajo –es decir, no debe garantizar el 100%– con el fin de no generar riesgo moral (es decir, que las personas y empresas se despreocupen totalmente por el estado del banco en donde depositan sus recursos) y desincentivar la necesaria disciplina de mercado.
La solvencia del seguro debería alcanzarse mediante la acumulación de un fondo constituido por las primas que todos los intermediarios financieros aportan en función de sus captaciones y, sobre todo, de su perfil de riesgo.
Este fondo es crucial, no solo para alinear los incentivos de forma que los intermediarios se expongan a niveles de riesgo razonables, sino que, además, para la credibilidad del esquema, es decir, para que los depositantes confíen en él.
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En los últimos meses, la pretensión costarricense de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) parecía que facilitaría acometer ese pendiente con la guía de las mejores prácticas internacionales, con un diseño apropiado en términos de incentivos y solvencia financiera y, propiciando un acuerdo político que permitiera su implementación.
Tristemente parece que esto no será posible. El Poder Ejecutivo ha renunciado a la posibilidad de un diseño –que, sin ser perfecto, pues mantiene la garantía gubernamental sobre los depósitos en bancos públicos– al menos reducía la contingencia fiscal que ella significa, mediante el cobro de primas a los bancos propiedad del Estado.
La razón dada para esta temprana capitulación es muy superficial: que la prima se trasladaría a los costos de intermediación de estos bancos. Este argumento, sobra decir, olvida el efecto general de reducción de la percepción de riesgo y, consecuentemente, sobre los tipos de interés que un sistema bien diseñado tendría y sigue ignorando torpemente los riesgos fiscales que el esquema vigente incuba.
En este tema parece que nuevamente la estrechez de miras propiciada por prejuicios ideológicos conduce a que se desperdicie la oportunidad de adoptar un mejor diseño de política. Pero lo peor de todo es que esas limitantes anteojeras impiden comprender que el frío no está en las cobijas: la discusión sobre la banca estatal –su papel, eficiencia y competitividad y, sobre todo, la naturaleza del apoyo estatal– no debería evitarse más.
