EscucharEl Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) fustigó la denuncia penal presentada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) contra Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), por negarse a entregar al BCCR la información sobre las deudas de los clientes del sector bancario con sus respectivas cédulas.
Los miembros del Consejo acordaron solicitar al Central retirar la denuncia.
Así lo confirmó a La Nación Alberto Dent, presidente del Conassif. Explicó que, en la sesión del martes 15 de agosto, cinco de los seis miembros presentes aprobaron una moción para pronunciarse en contra de la denuncia por considerar que no tiene “ni pies ni cabeza”.
Solamente votó en contra el presidente del Banco Central, Róger Madrigal.
Dent agregó que se sometió a votación otra moción para instar a la Junta Directiva del BCCR a retirar la denuncia contra Aguilar. En esta votación, cinco de los seis miembros respaldaron la solicitud, mientras que Madrigal se abstuvo.
El pasado jueves, la Sugef informó de que el Banco Central denunció a la superintendenta Rocío Aguilar por el supuesto delito de desobediencia a la autoridad, luego de negarse a entregar los “datos integrales de todas las operaciones de crédito”, incluido el número de identificación de cada deudor, que los intermediarios financieros remiten a la Sugef.
Según el jerarca del Conassif, lo sucedido es “inaudito” debido a que tanto el BCCR como la Sugef solicitaron criterio a la Procuraduría General de la República (PGR), órgano que funge como asesor legal del Estado, acerca del fondo de la petición.
“La ley claramente indica la vía para dirimir las diferencias entre dos entes del Estado, y es ir a la Procuraduría. Habiéndose hecho la consulta, no había razón para, en medio de esa consulta y sin tener una respuesta, presentar una denuncia penal”, declaró Dent.
Según explicó el presidente del Conassif a La Nación, si bien entienden el objetivo del BCCR de cumplir con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), consideran que la solicitud de información protegida por ley no debería ser parte del proceso.
Proceder del BCCR genera críticas
Distintas organizaciones del sector empresarial y bancario han criticado el proceder de la autoridad monetaria.
En un comunicado de prensa enviado el viernes 18 de agosto, el Banco Central defendió que el requerimiento de datos crediticios responde a la necesidad de generar nuevas estadísticas que permitirán conocer, entre otras cosas, el nivel de endeudamiento de los hogares, riesgos geográficos y medir la eficacia de la política monetaria.
Este sábado 19 de agosto, la Cámara de Comercio de Costa Rica solicitó tanto a la Sugef como al Central a velar por la protección de la información de las personas físicas y jurídicas, y consideró que los objetivos planteados por el BCCR de generar nuevas estadísticas se puede cumplir con información anonimizada.
Anteriormente, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) también externó preocupación ante la solicitud por parte de la autoridad monetaria. Consideró que la petición contraviene el artículo 24 de la Constitución Política, que salvaguarda el derecho a la intimidad, la libertad y el secreto de las comunicaciones.
La Cámara de Bancos e Instituciones Financieras resaltó la importancia de que la solicitud de información de los clientes de las entidades bancarias y financieras respete los derechos fundamentales a la intimidad y a la autodeterminación informativa. De forma similar, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) también respaldó la postura de la entidad supervisora para generar estadísticas económicas, en el sentido de que se deben utilizar datos agregados y anónimos, respetando la privacidad e intimidad de las personas.
