La contralora general de la República, Martha Acosta, advirtió, este martes 30 de julio, en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, de que existe un alto riesgo de incumplir la regla fiscal, que es un mecanismo para poner un límite al crecimiento del gasto corriente del sector público no financiero.

“Hay riesgos altos de que se incumpla con la aplicación de la regla”, dijo la Contralora ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios.

Acosta señaló que existen cuatro riesgos. El primero es que se use una base de cálculo distinta a la que dice Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Según Acosta, para estimar cuánto puede crecer el gasto corriente se debe considerar el gasto corriente ejecutado del año anterior. Por ejemplo, para el presupuesto del 2020 se debería utilizar el gasto corriente ejecutado del 2018.

No obstante, el Ministerio de Hacienda estableció, mediante reglamento, que para la aplicación de la regla se utilizará como base el gasto corriente aprobado del año anterior.

Según explicó la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, en una entrevista con La Nación, para la elaboración del presupuesto del 2020 del Gobierno Central, por ejemplo, se utiliza como base el presupuesto de gasto corriente aprobado en el presupuesto del 2019.

Consultada la tarde de este martes sobre la exposición de la Contralora en la Asamblea, Aguilar afirmó que revisarán con calma la posición de la la entidad.

“Nuestro compromiso es con la ley. El presupuesto así lo reflejará”, manifestó Aguilar.

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Acosta explicó que el Banco Central realizó la estimación de los rendimientos de la regla fiscal sobre el gasto ejecutado del 2018 cuando dio su criterio sobre los frutos del proyecto.

“El riesgo de utilizar el presupuesto inicial en comparación con el gasto ejecutado impacta la velocidad del ajuste”, señaló la Contralora.

Según la funcionaria, de aplicar otra base de cálculo el efecto de la regla será tardío y estrujará el gasto de capital, afecta la credibilidad y habrá efectos adversos en los negocios por la afectación del déficit a los servicios públicos.

“La aplicación de la regla fiscal con respecto al presupuesto inicial provocaría que el nivel de endeudamiento sea mayor en alrededor de cinco puntos del PIB (producto interno bruto) que si su aplicación se realiza respecto al gasto ejecutado, o un rezago de por lo menos cuatro años para alcanzar el mismo nivel de endeudamiento”, señaló la funcionaria en su presentación.

Soltarse las amarras

La Contralora General resaltó frente a los diputados que también existe un riesgo de huida de la aplicación de la regla, es decir, que instituciones se quieran salir. Señaló como ejemplo, el caso de las municipalidades, las cuales presentaron un proyecto de ley para que no se les aplique la regla, y de las universidades públicas, que presentaron una acción de inconstitucionalidad.

Advirtió de que el presupuesto de estas entidades depende de las transferencias del Gobierno Central y si no todas cumplen, no será posible lograr la estabilidad fiscal.

“Nos preocupa que cuando empezamos a pensar en unos sectores sí y otros sectores no, la credibilidad se pierde”, dijo Acosta.

El tercer riesgo es el de incumplir las condiciones para la implementación de regla fiscal. Explicó que para el presupuesto del 2020 se utiliza un clasificador nuevo para separar gasto corriente y de capital, que no es un mero convertidor, sino que requiere de un análisis técnico y hay instituciones que están teniendo problemas para la clasificación económica.

Por ejemplo, los salarios son gasto corriente, pero si es la planilla para un proyecto de infraestructura entonces se clasifica como gasto de capital.

El cuarto riesgo es no considerar la gradualidad en el periodo de transición, que dificulte su aplicación. Detalló que la Ley incorporó el transitorio XXXVIII, una gradualidad para el primer año de aplicación de la regla; sin embargo, por la redacción específica de la norma y el momento en que se aprueba la Ley, no es posible su aplicación.

Entonces, la Contralora propuso que la aplicación del presupuesto aprobado se use como base de cálculo para el primer año de implementación de la regla, para dar gradualidad a la regla, pero para los siguientes se utilice el ejecutado.

La regla fiscal está incluida en el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y establece un límite al crecimiento del gasto corriente, sujeto a una proporción del promedio del crecimiento de la producción nominal y a la relación de deuda del Gobierno Central respecto a la producción.

Así por ejemplo, cuando la deuda del Gobierno respecto a la producción sea mayor al 45% de la producción y menor al 60%, que es el escenario actual, el crecimiento interanual del gasto corriente no puede sobrepasar el 75% del promedio del crecimiento de la producción de los últimos cuatro años.