La Contraloría General de la República (CGR) halló, a finales del 2018, que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) no efectuaba la retención del impuesto sobre las utilidades a las empresas constructoras subcontratadas para realizar obras de infraestructura públicas.
Para ese momento, la agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) contaba con casi cuatro años de brindar servicios al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) como unidad ejecutora de proyectos viales en Costa Rica.
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La entidad halló la omisión después de realizar una fiscalización en el Conavi y advertirle al ministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez, como presidente de dicho Consejo, sobre la necesidad de aplicar la normativa tributaria en los contratos que Unops establece con terceros.
En ese momento, a la agencia internacional se le habían otorgado cinco proyectos viales por cerca de $134 millones, para la gerencia y supervisión, de proyectos como el nuevo puente sobre el río Virilla, conocido como puente Saprissa; el Puente Binacional entre Costa Rica y Panamá, el paso a desnivel de Garantías Sociales, la Radial Lindora y la supervisión de la Circunvalación norte.
“A modo de ejemplo (…), se finalizó la construcción del puente sobre el río Virilla, cancelando un total de 16 facturas a Copisa Constructora Pirenaica, por un monto de $8.569.613, facturas sobre las cuales no se realizó retención del 2% de impuesto sobre la renta”, destacó la CGR, en el oficio DFOE-IFR-0615, del 19 de diciembre del 2018.
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Solo en este caso a la compañía señalada se le tuvo que efectuar un cobro por $171.392 de los pagos efectuados por la agencia internacional.
De hecho, la misma entidad ejecutora del Conavi reconoció que Unops está exento de efectuar la figura de agente retenedor del tributo en los desembolsos que hace.
Sin embargo, la Dirección General de Tributación concluyó que dicha agencia internacional debe estar inscrita en el fisco, para contratar con el Estado, y hacer la función de retenedor de impuestos, según el oficio DGT-1728-2018 dado en respuesta a consultas de la Contraloría.
“Se le advierte a ese Consejo de Administración (de Conavi) sobre su responsabilidad en cuanto a valorar las incidencias de lo señalado por la autoridad tributaria en relación con la situación de la UNOPS (…), así como en los controles que ha de ejercer el Conavi para garantizar que la ejecución se enmarque dentro del ordenamiento jurídico aplicable en materia tributaria”, afirmó la CGR en su oficio, del cual tiene copia La Nación.
También le subrayó que debe efectuar las acciones necesarias en resguardo de la Hacienda Pública.
En enero del 2020, la CGR volvió a consultar al Conavi cuáles acciones tomó sobre la orden girada a finales del 2018.
La Dirección Ejecutiva del Consejo informó, en ese momento, de que aún exploraba las opciones para implementar un proceso de retención de impuestos a los contratistas de UNOPS.
Además, añadió que tenía previsto la realización de una reunión con dicho organismos, con la intermediación de la Cancillería, según consta en el oficio DFOE-IFR-0031, del 15 de enero del 2020.
La Nación consultó a Conavi cuál es el avance del requerimiento dado por la Contraloría, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Por su parte, Alejandro Rossi, representante de Unops en Costa Rica, confirmó que en ninguno de los acuerdos firmados con Conavi se establece la retención de renta a los contratistas. Además de que la agencia está exenta de efectuar dicha labor, en la normativa internacional ratificada por el país, agregó.