Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades del gobierno de Costa Rica alcanzaron dos acuerdos a nivel del personal técnico que allanan el acceso al país a $526,6 millones de financiamiento.
El primero de ellos fue en el marco de la cuarta revisión del programa de reformas económicas del Servicio Ampliado del FMI (SAF). El otro se relaciona con la primera evaluación de las medidas de reforma en el marco del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS).
El cumplimiento de la cuarta revisión del acuerdo SAF dejará disponible un nuevo desembolso por $277,8 millones, mientras que el cumplimiento de las medidas de reforma programadas en el marco del SRS brindarán $248,8 millones.
En este último caso, aún está pendiente su aprobación en la Asamblea Legislativa con lo cual, aunque el Fondo avale el giro, se necesita la autorización de los diputados.
Los acuerdos quedan sujetos a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, lo cual dependerá del cumplimiento por parte de las autoridades de una medida previa relacionada con la implementación de la Ley Marco de Empleo Público.
“La implementación de la Ley Marco de Empleo Público le dará mayor equidad y eficiencia al actual sistema fragmentado de remuneraciones del sector público. Se ha avanzado sustancialmente, pero la implementación plena de la ley está tomando más tiempo de lo previsto”, mencionó Ding Ding, jefe de misión del FMI.
Según Ding, el Gobierno se comprometió a elaborar la estructura de salario único para por lo menos una cuarta parte de los puestos en el Poder Ejecutivo antes de finales de mayo del 2023, en línea con el calendario de las autoridades para implementar esa ley.
El FMI también resaltó que las metas fiscales para finales del 2022 previstas en el programa SAF se cumplieron con un margen holgado y añadió que el Gobierno se mantiene encaminado a superar el objetivo del balance primario que se habían fijado para este año (¢609.000 millones).
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, enfatizó que el país ya cumplió las metas de la revisión del FMI, con lo cual el desembolso de los recursos se dará una vez que el Directorio del organismo lo apruebe. La previsión, según el jerarca, es que el dinero se gire en julio próximo.
“El compromiso del Gobierno era tener en vigencia (la Ley Marco de Empleo Público) el 10 de marzo, eso ya se cumplió. Ellos (FMI) lo que nos están pidiendo es que se implemente lo más pronto posible”, recalcó Acosta.
El funcionario agregó que el compromiso fue tener, lo más pronto posible, una familia de salarios de al menos el 25% del sector público, para conocer el impacto de la legislación en las finanzas públicas.
Sobre la posibilidad de reforma de la regla fiscal, contenida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el Fondo consideró que existe margen para redefinir la cobertura institucional, para sacar a instituciones que no dependen del Presupuesto Nacional, pero siempre preservando la disciplina fiscal.
Además, mantuvo su posición de que los intereses de la deuda y el gasto de capital deben continuar bajo la regla fiscal. El ministro de Hacienda dijo que así se hará, pues ya se modificó el texto de ley que está en discusión en el Congreso.
El jefe de la misión del FMI dijo que están complacidos con los avances del Gobierno en la Ley Marco de Empleo Público, pero reconoció que hubo atrasos en el proceso de aplicación.
“El Gobierno ha demostrado su pleno compromiso con la aplicación de la Ley y, en ese sentido, aceptó analizar la definición de la estructura única de salarios para un 25% de los trabajadores totales antes de finalizar mayo, y se espera que la plena aplicación se logre posteriormente”, dijo el vocero del organismo multilateral.
El equipo del FMI, encabezado por el economista Ding Ding, mantuvo reuniones virtuales y presenciales con las autoridades de Costa Rica entre el 17 y el 28 de abril de 2023, según el comunicado compartido por el organismo internacional, la tarde de este viernes 28 de abril, al término de la misión.