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La resolución de denuncias por competencia desleal en el mercado costarricense se tarda hasta siete años, en algunos casos, y supera un promedio de tres años, lo cual afecta no solo a empresarios sino también a consumidores, de acuerdo con la OCDE y el sector privado.
La tarea de zanjar diferencias recae sobre la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), un órgano adscrito por la ley al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), de cuyo presupuesto depende, pero que goza de independencia en sus decisiones.
Resuelve casos de supuesta alteración de mercados mediante prácticas anticompetitivas, presentados por quienes se sienten perjudicados. Generalmente, los casos son presentados por empresas contra otras compañías, a las cuales denuncian por presunto control de mercado, por manipulación de precios o por acuerdos para mantener un valor en determinados productos.
Mientras transcurren los procesos, los empresarios denunciantes se ven afectados y hasta podrían salir del mercado ante la competencia desleal, coincidieron la exministra del MEIC, Geannina Dinarte, y el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), Alonso Elizondo Bolaños.
La Coprocom data de 1996 y su creación se basa en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, también conocida como Ley 7472, emitida en 1994.
Empero, los largos procesos comenzaron a caracterizar a la Comisión. Probablemente, eso se debe a que la organización también tiene debilidades evidentes, las cuales describe el informe Derecho y Política de la Competencia en Costa Rica, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el 2014.
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El régimen de competencia costarricense debe ser actualizado y fortalecido, concluye en general ese informe.
Los ajustes ahora son parte de las peticiones de la OCDE dentro del proceso de acceso de Costa Rica a esa organización de países. Por eso, hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, pero tiene dos años sin avance, se quejó Dinarte, mientras persisten los plazos largos de resolución y los problemas de escasos recursos y presupuesto en la Comisión.
Largas esperas
Uno de los casos aún vigentes desde hace años es el presentado por Compañía Farmacéutica S. A. (Cofasa) contra la cadena Fischel. La denuncia, que data del 23 de octubre del 2011, es por supuesta concentración de mercado y aún no ha salido la resolución.
Mientras tanto, decenas de farmacias independientes pero afiliadas a Cofasa, luchan por mantenerse en el mercado, a la espera de una resolución del caso, según manifestó Douglas Alvarado, representante legal de la empresa denunciante.
Otro de los casos más conocidos es el de la denuncia de la Superintendencia General de Pensiones (Supén) contra las operadoras de pensiones complementarias, porque presuntamente se pusieron de acuerdo para fijar las comisiones de administración a cobrar a los clientes.
Esta denuncia se presentó el 12 de setiembre del 2004 y cinco años después, en el 2009, la Comisión impuso una multa de ¢2.400 millones a las operadoras de pensiones, las cuales elevaron el caso al Tribunal Contencioso Administrativo y en junio del 2016 esta instancia les eliminó la sanción.
En agosto del 2011, y en otro caso conocido, Coprocom impuso una multa de $2 millones a la fabricante de electrodomésticos Mabeca. La denuncia fue presentada tres años antes, en el 2008, luego de que esta compañía adquirió a Atlas Eléctrica S. A. y se demandó por presunta concentración de mercado o monopolio.
Entre tanto, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) fue multada con ¢90 millones por prácticas monopolísticas relativas, en abril del 2011. Esto, luego de tres años de investigación de una denuncia presentada, en junio del 2008, por la empresa Cable Visión de Costa Rica, que acusó a la ESPH de realizar: “actos que impiden el acceso de la compañía al mercado de la televisión por cable e Internet en el cantón Central de Heredia”.
La Unidad Técnica de Apoyo (UTA) de la Comisión, afirmó que las investigaciones eminentemente técnicas se atrasan porque requieren de mucha recolección de información y esta tarea debe ser muy cuidadosa. En el caso de las medicinas, detallaron como ejemplo, para llegar a una conclusión se requiere de una indagación de precios de por lo menos 200 productos, pues hay miles en el mercado.
Aspectos por corregir
La investigación de la OCDE y el BID específicamente establece que una de las principales debilidades del régimen se relaciona con el gran número de mercados y sectores que están exentos de la aplicación de la ley de competencia.
Están fuera del ámbito de la Comisión los concesionarios de servicios públicos otorgados por medio de una ley, aquellos que ejecutan actos autorizados en leyes especiales, y los monopolios estatales.
Lo anterior incluye, entonces, transporte terrestre y marítimo; la generación, transmisión y distribución de electricidad, suministro de derivados de hidrocarburos, el transporte ferroviario de cargas y toda la cadena del servicio público de agua.
La OCDE y el BID llamaron la atención acerca de mercados controlados por leyes especiales, como los del azúcar y el arroz, así como la no incidencia del sistema en las municipalidades.
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La estructura institucional es la segunda debilidad, pues Coprocom depende del presupuesto del MEIC. Esa dependencia presupuestaria y administrativa, en cierto punto, podría atentar contra la independencia de la Comisión, alega el informe.
El documento de OCDE y BID también cuestiona que los comisionados sean nombrados por el ministro de turno del MEIC, que el director ejecutivo de la Unidad Técnica de Apoyo (UTA) sea también nombrado por ese jerarca y el hecho de que, oficialmente, los funcionarios de la UTA sean empleados del MEIC.
"El hecho de que los comisionados trabajen tiempo parcial en ocasiones ha resultado en decisiones incongruentes, así como en retrasos injustificados en la toma de decisiones y en tensiones en las relaciones entre comisionados y funcionarios de la UTA", agrega el análisis de los dos organismos internacionales.
En la práctica ocurre que los comisionados tienen otros trabajos y en muchas ocasiones los casos chocan con sus labores en el sector privado y deben deshinibirse de conocerlos, recordó la exministra Dinarte.
La exfuncionaria aseveró que los atrasos en las resoluciones no solo afectan a las empresas denunciantes sino, también, a las denunciadas, pues pierden prestigio aunque luego puedan salir liberadas; y a los consumidores, que pueden tardar años adquiriendo productos de un mercado distorsionado (por precio o por prácticas monopólicas).
"Ya invertí todo mi fondo de pensiones en el negocio"
Desde hace 42 años, en el Centro Comercial Guadalupe, la farmacia Avenida Cero comenzó a forjar una clientela fiel. Desde hace un poco más de 20, su propietario es el doctor Jorge Trejos, quien se declara un apasionado de la farmacéutica y del servicio al cliente.
Aunque también tiene bastantes clientes jóvenes, este local se caracteriza por contar con usuarios que rozan la tercera edad o ya están en ella. Son clientes fieles, dice el doctor Trejos, a quienes se les conoce ya por su nombre y se les da una atención personalizada.
La farmacia Avenida Cero es uno de los más de 600 establecimientos independientes de ese ramo que están integradas a la red de Compañía Farmacéutica S.A. (Cofasa). Este laboratorio les brinda algunas condiciones especiales para la compra de los productos al estar afiliados, aunque se mantienen como unidades independientes.
Pero la fuerte competencia de las cadenas de farmacias ahora tiene en zozobra a los independientes, según coincidieron Trejos y el representante legal de Cofasa, Douglas Alvarado.
El problema comenzó, narra Trejos, cuando con la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor se consideró a las medicinas como un producto más, como cualquiera. Desde ahí se incentivaron, dijo, una serie de prácticas comerciales: la "docena de trece", es decir, compra 12 y le regalo un producto. Ahora hay hasta tres más o el tres por dos, señaló.
Según Trejos, este tipo de prácticas beneficia a las grandes compras por volúmenes y se trasladan al precio final al consumidor. Eso, agregó, lo hacen las grandes cadenas que tienen capital para adquirir volúmenes altos.
El empresario señaló que, inicialmente, el lío fue con La Bomba, la cual luego inició una "guerra de precios" con Fischel. A esta situación se unieron, recientemente, dos cadenas hondureñas.
A esa práctica no se pueden enfrentar las farmacias independientes, pues adquieren volúmenes mucho menores continuó el farmacéutico. Por eso, como miembros de Cofasa, denunciaron el problema ante la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom).
"Yo estoy en un punto donde ya invertí todo mi fondo de pensiones en el negocio para mantenerlo. Ya llega un momento en el que usted no puede seguir perdiendo o ya no tengo de dónde tomar", se quejó Trejos.
La situación, dijo, está afectando a decenas de los más de 600 afiliados a Cofasa.
"He tratado de diversificar, ahora metí la línea de pañales de adulto, todo lo dirigido a viejitos y así lo publicamos en la página nuestra. Y la línea de vender tiliches: colas, todo lo que se pueda. Pero llega un momento en el cual no tenés capital para seguir adelante", concluyó.
Por su lado, la cadena Cefa-Fischel contestó en un correo electrónico: "En Cuestamoras Salud tenemos un profundo respeto por el trabajo que realiza la Comisión para Promover la Competencia, el cual en este caso esperamos sea conforme a derecho. Es precisamente por ese respeto que tenemos de la autoridad que declinamos de referirnos con detalle al fondo del asunto, ya que las discusiones sobre el caso deben darse dentro del proceso, tal y como mandan las reglas éticas del Colegio de Abogados".
