EscucharLa Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) encargó a Marta Eugenia Esquivel, presidenta de la institución, y a las gerencias Financiera y de Pensiones, tramitar con el Ministerio de Hacienda el pago de la millonaria deuda que el Estado mantiene con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
El acuerdo del órgano se tomó este jueves 12 de setiembre, después de que se aprobaran los resultados de la más reciente Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), al 31 de diciembre de 2022, elaborada por la Dirección Actuarial y Económica. El estudio concluyó que el régimen está en un estado deficitario y no pasa una prueba rigurosa de solvencia actuarial en el largo plazo, es decir, no tiene capacidad para pagar todas las pensiones a partir del 2047.
“Encargar a la Presidencia Ejecutiva (...) con el propósito de que las obligaciones por concepto de las cuotas de ‘Estado como tal’ y la cuota ‘complementaria de trabajadores independientes y asegurados voluntarios’ sean pagadas de forma completa y oportuna; así mismo, se recomienda que en forma paralela se les encarga gestionar un convenio que garantice el pago de la actual deuda del Estado con el IVM”, decidió por mayoría la Directiva.
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A julio pasado, la deuda estatal con el régimen de jubilación ascendió a ¢671.135 millones según los estados financieros.
Carolina González Gaitán, directora de la Dirección Actuarial de la Caja, recalcó este jueves, durante la sesión de la Junta Directiva de la CCSS, que el pago total y oportuno de la obligación anual del Estado con el régimen es fundamental. De lo contrario, el agotamiento de la reserva podría adelantarse.
González destacó que el impago estatal era muy bajo en 2015, cuando ascendía a ¢4.000 millones. Sin embargo, a partir de ese año, la deuda empezó a elevarse.
Durante la sesión, los directivos cuestionaron a la funcionaria porque el estudio actuarial se basa en el supuesto de que el Estado cumplirá con su compromiso de pago, el cual actualmente no pasa, por lo que el riesgo de un deterioro en el fondo es muy alto.
La funcionaria respondió que el cumplimiento total del aporte estatal es clave para corroborar si la contribución total al IVM será suficiente en el futuro. “No está contemplada en la proyección la deuda, pero si el Estado paga, mejoraría muchísimo la situación financiera en el corto plazo”, afirmó González.
La directora actuarial detalló que el principal atraso gubernamental se da en la contribución del Estado como tal al régimen, la cual es del 1,57% del total de los salarios reportados.
Otros mandatos de la Junta Directiva
La Directiva de la CCSS también decidió trasladar el estudio actuarial al Comité de Pensiones de la institución para que, en conjunto con la Gerencia de Pensiones, empiece el diseño de la ruta a seguir para promover opciones de fortalecimiento del régimen.
De hecho, al gerente de Pensiones, Jaime Barrantes, se le instruyó iniciar una investigación sobre propuestas implementadas en otros países para reforzar las finanzas del IVM.
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Barrantes dijo que los resultados del informe brindan un periodo para que el país pueda empezar un proceso de discusión de los posibles cambios en el fondo. Adicionalmente, recordó que actualmente la Superintendencia de Pensiones (Supén) generó un espacio de discusión de cambios al sistema nacional de pensiones.
Este órgano se creó en mayo anterior, y el fin es presentar una serie de reformas legales al Congreso en febrero del 2025.
En la discusión de la Junta Directiva no se precisó si la institución incorporará nuevos cambios al IVM en ese mismo foro, o convocará por aparte a una mesa de diálogo.
