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El Gobierno corre el riesgo de tener que limitar la inversión pública debido a que este año su deuda llegará a representar 59% de la producción, según estima el Ministerio de Hacienda.
Si la deuda llega al 60% de la producción, la regla fiscal se vuelve más estricta en el crecimiento del gasto corriente para el presupuesto del año 2021 y afectaría el gasto de capital para poder mantener a raya los egresos totales del sector público y evitar un deterioro fiscal mayor.
“En 60% ya empezamos a tener limitación en inversión de capital. Para no sobrepasar ese umbral tenemos que seguir siendo muy disciplinados en gasto, pero sobre todo tenemos que ver cómo bajamos más la tasa de interés”, explicó la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.
La medición de la deuda respecto a la producción se conoce como la carga de la deuda y el concepto es similar a lo que haría una familia para medir su deuda respecto a los ingresos que puede generar en un año. El Gobierno, al igual que un hogar, conforme el endeudamiento es mayor enfrenta un mayor riesgo de dificultades para pagar.
La carga de la deuda del Gobierno Central ha aumentado a grandes pasos en Costa Rica desde el 2008. En ese año el indicador representó un 24% de la producción y partir de ahí, debido al constante déficit fiscal (gasta más de lo que recibe principalmente por impuestos) más que se duplicó en 10 años.
La contralora general de la República, Martha Acosta, también advirtió que el país está a las puertas de que su deuda alcance el 60% de la producción este año, en una exposición en la Comisión de Asuntos Hacendarios el 30 de julio pasado.
“La regla regula el gasto corriente, solamente en el escenario más gravoso de deuda se limitaría el gasto de capital, cuando la deuda sobrepase el 60%, que ya estamos a las puertas”, dijo Acosta.
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El problema es que si se afecta el gasto de capital –destinado a pagar obras como carreteras y escuelas–, que hace el Gobierno Central va a ser más difícil que la producción crezca en el futuro y por lo tanto será más difícil tener los ingresos para pagar la deuda.
Al 14 de febrero del 2019 el Ministerio de Hacienda había estimado una deuda del Gobierno Central respecto a la producción de 56,26% para el 201. Debido al bajo crecimiento de la economía el Banco Central redujo la estimación de aumento en la producción para este año de 3,2% a 2,2% y eso hizo subir la estimación de la carga de la deuda a 59,27%, explicó Aguilar.
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La regla fiscal, aprobada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, hace depender el crecimiento que puede tener el gasto corriente (que no es para inversión) del nivel de endeudamiento del Gobierno y el crecimiento de la producción, de donde surgen los ingresos para pagar.
Según dicha regla, cuando la deuda del Gobierno respecto a la producción se ubique entre 45% del PIB y el 60% del PIB, el crecimiento del gasto corriente no sobrepasará el 75% del promedio del crecimiento del PIB nominal en los últimos cuatro años.
Si sobrepasa el 60% el crecimiento del gasto total (corriente y de capital) no puede sobrepasar el 65% del promedio de crecimiento de la producción. Para este año, el crecimiento esperado de la producción será apenas del 2,2%; lo cual haría el ajuste todavía más fuerte hacia el 2021.
Más allá de la regla
Más allá de la regla fiscal, el economista Oswald Céspedes, experto en finanzas públicas y desarrollo económico, explicó que dicho nivel de endeudamiento puede tener más secuelas negativas.
“Tomando en cuenta algunos estudios sobre endeudamiento de la deuda pública en países en desarrollo, países en Latinoamérica y el Caribe con deudas públicas superiores al 50% del PIB ya son preocupantes y generan alertas ante organismos internacionales y agencias calificadoras”, comentó Céspedes.
Añadió, que a diferencia de naciones desarrolladas, donde límites mayores de endeudamiento público podrían verse aún viables, en el caso de países como Costa Rica con finanzas públicas relativamente débiles, tasas por encima de ese porcentaje son de preocupantes por sus efectos en los mercados locales de capital (fondos internos).
“Tienden a estrujar (desplazar) a otros demandantes de fondos y, en consecuencia, aumentan sus tasas de interés de mercado de forma permanente y significativa, tal como lo hemos visto en los último años, especialmente en los últimos 24 meses en nuestro país. Eso impacta las posibilidades de inversión pues encarece los fondos. Los efectos ya se ven en el clima recesivo económico que estamos experimentando desde hace unos tres o cuatro años”, añadió.
Acosta reiteró, en la comisión, que es muy importante que todo el sector público se ajuste a la regla porque hay instituciones que reciben importantes transferencias del Gobierno Central y si no se ajustan el gasto del Gobierno seguirá creciendo y así también la deuda.
