EscucharEn agosto pasado la deuda del Gobierno representó 66,9% de la producción del país. Si el resultado se mantiene cercano a esa cifra hacia final de año, Costa Rica podría haber alcanzado antes de lo previsto la ansiada meta de doblar la curva del endeudamiento.
La deuda del Gobierno Central respecto a la producción es como para un hogar comparar lo que debe en préstamos con los ingresos que es capaz de generar en un año.
En el 2008, la deuda del Gobierno representó 24,4% de la producción y a partir de ese año comenzó a crecer y, todo parece indicar, en el 2021 habría alcanzado su punto máximo de 68% de la producción.
Pasado ese punto, conocido como punto de inflexión, la deuda se coloca en una trayectoria descendente hasta lograr un nivel que sea menos riesgoso para el país. Doblar la curva de la deuda ha sido el objetivo de la reforma fiscal que ha aplicado el país en los últimos años, especialmente con la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas, publicada en diciembre del 2018.
En el comunicado del acuerdo ampliado de 36 meses del Fondo Monetario Internacional con Costa Rica, publicado en marzo del 2021, se esperaba llegar a ese punto en el 2023.
“Partiendo de la base del diálogo amplio y de la reforma fiscal de 2018, las autoridades se comprometen a alcanzar un superávit primario para el 2023 que encauce la deuda en una trayectoria descendente”, se indica en el documento.
Para el presidente del Banco Central, Róger Madrigal, esta es una buena noticia.
“Si ese resultado que estamos viendo a agosto del 2022 se mantiene obtendríamos que el punto máximo de la deuda PIB (producto interno bruto) fue en el 2021, y el tan ansiado y pretendido punto de inflexión de la deuda producto ocurrió en el 2021″, dijo Madrigal en la conferencia de prensa del 31 de octubre, en la cual presentó el Informe de Política Monetaria de octubre del 2022.
El funcionario advirtió de que es un resultado preliminar y aunque hay cifras que lo confirman, se mantiene prudente ante lo que sería una “muy buena noticia”. No obstante, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, es menos optimista y considera que en lugar de un punto de inflexión la deuda del Gobierno podría quedarse en una meseta si no se aprueban los $6.000 millones en eurobonos.
“Estamos llegando como una cima, lo que pasa es que esa cima va a depender de lo que hagamos, va a ir hacia abajo, o va a ir hacia arriba dependiendo de eso. Por eso es tan importante que sean $6.000 millones, osea, poner $3.000 millones nos va a dejar en una meseta, y después de dos años vamos a ver hacia dónde vamos a agarrar, ese es el problema”, comentó Acosta.
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Una de las razones por las cuales este resultado se logra es porque el Gobierno ha comenzado a tener superávit primario, lo cual quiere decir que los ingresos que recibe, principalmente por impuestos, le alcanzan para cubrir los gastos primarios (que no son intereses) e incluso para pagar un poco de la parte de intereses. Cuando tenía déficit primario el Gobierno tenía que endeudarse hasta para pagar los intereses de deudas anteriores.
Según los datos que publicó Madrigal en la conferencia, después de tener un déficit primario que representó 0,3% de la producción, en el 2021, para el 2022 se espera un superávit primario de 1,3% de la producción, y para el 2023 de 1,5%. A julio pasado dicho excedente alcanzó 1,6% de la producción.
¿Cuántos años más de ajuste?
La Ley de Fortalecimiento establece que cuando la deuda supera el 60% de la producción se requieren los mayores esfuerzos pues es ya un escenario riesgoso. Por encima del 60% se debe aplicar la regla fiscal (un límite al crecimiento del gasto que se define cada año) tanto al gasto corriente como al de capital que incluye las obras públicas.
Según las proyecciones mostradas por el Banco Central, pese a la buena noticia de alcanzar antes el punto de inflexión, todavía faltan varios años de restricción para poder seguir bajando el endeudamiento. Manteniendo las restricciones al gasto que indica la regla fiscal sería hasta el 2027 que el Gobierno llegaría a tener una deuda equivalente al 60,8% y requiere bajarla de ahí para liberar el gasto de capital.
Para Juan Robalino, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica, cinco años más de restricción en el gasto público implica reducciones fuertes en términos reales con importantes consecuencias sobre el desarrollo del país, no solamente desde la perspectiva de la inversión en infraestructura, sino también en educación y en protección social.
“Ya se están viendo los problemas en la infraestructura vial, parte por eventos climáticos extremos y también por falta de mantenimiento, pero hay otros rubros de gasto como la educación donde las consecuencias más fuertes se verán en el largo plazo”, indicó.
Robalino explicó que los datos del Central muestran que en el último año ha habido una caída de casi tres puntos porcentuales en la relación deuda y PIB y esperaría que si el sector público logra manejar el rubro de servicios de la deuda se podría bajar del 60% antes del 2027.
“Sin embargo, es difícil saber la evolución de las finanzas públicas en los próximos años donde pueden aparecer cuestiones políticas y emergencias climáticas como las de este año”, consideró el director del IICE.
El economista José Luis Arce, director de FCS Capital, también es optimista sobre la posibilidad de bajar a menos del 60% antes del 2027.
“Yo creo que en el 2025 se alcanzaría una razón deuda PIB por debajo del 60% a un ritmo menos optimista de aumento en el déficit primario. Es un tema complejo en términos de inversión pública pero también político pues los salarios del sector público se encuentran congelados desde 2021 por la regla fiscal”, aseveró Arce.
El expresó que si el Gobierno termina flexibilizando la regla fiscal antes que mejorar los presupuestos (recortando con criterio y reasignando) sería una verdadera lástima.
Colaboró con esta información el periodista Óscar Rodríguez.
