Una nueva emisión de bonos de Costa Rica en el extranjero en el 2023 encontraría un escenario más adverso, con mayor inflación, menor crecimiento económico y tasas de interés más altas; sin embargo, dos analistas bursátiles consultados por La Nacion concuerdan en que el país, de igual manera, encontraría compradores.
El Gobierno presentó, el 26 de abril, a la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley para colocar bonos en el exterior, hasta por $6.000 millones, durante un periodo de cuatro años. La propuesta es colocar un máximo de $1.500 millones por año, a partir del 2023.
“Lo que veo en este proyecto, entre varias cosas, es que todo lo hicieron a diciembre del 2021 y a diciembre del 2021 otro gallo era el que cantaba. Por ejemplo, dentro de la explicación que da Hacienda dice que la FED (Reserva Federal de Estados Unidos) pronostica tres subidas de tasas de interés, de 25 puntos cada una, ese mundo ya cambió”, indicó Douglas Montero, economista y analista de mercados internacionales.
Este profesional añadió que la FED no solamente pronostica tres, sino hasta siete subidas en la tasa. “Hasta el 2023 va a seguir subiendo y la semana pasada el presidente de la FED (Jerome Powell ) confirmó que son 50 puntos base lo que debería esperarse para la subida de mayo”, indicó Montero.
También los rendimientos de los bonos del Tesoro han subido y seguirán al alza. Según explicó Montero, Costa Rica generalmente ha pagado 400 puntos base (cuatro puntos porcentuales) sobre el rendimiento de los bonos del Tesoro y si estos llegan a 3,5% nuestro país tendría que salir con una tasa de casi 7%, que consideró bastante alta.
“Siempre van a haber compradores, esto es una cuestión de precio”, indicó Montero.
Por su parte, Adriana Rodríguez, gerente general de Acobo Puesto de Bolsa, opinó que si bien está descontado por el mercado que este 2022 estará marcado por tasas de interés al alza, el país también tiene algunos puntos a favor.
“Si bien la coyuntura del mercado juega en contra, una mejora sostenida en el repunte económico y en los resultados de las finanzas públicas juegan a favor, por lo que parte del incremento de tasas internacionales podría compensarse con una disminución en la prima por riesgo país, inclusive una mejora en la calificación de riesgo por parte de las agencias calificadoras internacionales”, opinó Rodríguez.
Ella añadió que en los mercados internacionales siempre habrá demanda si el inversionista percibe que su riesgo está siendo adecuadamente compensado. En el caso particular de la deuda de Costa Rica, esta siempre ha sido acogida satisfactoriamente por los distintos inversionistas, tanto jurídicos como fondos de inversión o ETF (exchange traded fund) dedicados a deuda latinoamericana, deuda emergente y deuda de alto rendimiento o especulativa.
Características del plan
Ambos analistas también comentaron las características del plan. El proyecto propone que los plazos de vencimiento de los títulos autorizados deberán ubicarse a un mínimo de cinco años y que cuando venzan la emisión se pueda renovar. También deja abierta la posibilidad de colocar bonos internacionalmente denominados en colones, para que de existir mercado o demanda por parte de los inversionistas, se evalúe si resulta más favorable emitir en moneda nacional.
Montero consideró que son correctos los tractos de $1.500 millones por año, y que cuando venza se pueda renovar, opción que considera interesante porque si no, cuando se alcance el vencimiento el Gobierno tendría que ir a pedir autorización para pagar el capital. Eso sí, consideró que lo mejor son bonos de 10 años para adelante.
“Los montos por emisión son los acostumbrados en el mercado, con la ventaja de que entre mayor la cantidad a colocar, más liquidez y protagonismo dentro de la curva soberana gana el bono, pues además entra en el monitor de distintos índices de deuda, otorgándole cierta demanda de forma automática”, opinó Rodríguez.
Opción para emergencias
El proyecto también incluye la posibilidad de que, en casos extraordinarios de escasa liquidez local y dificultades temporales en el flujo de caja, el Ministerio de Hacienda esté autorizado a contratar una línea de crédito internacional de corto plazo de un máximo de $500 millones mientras se activan o restablecen los mecanismos usuales de colocación. Esta línea es aparte de los $6.000 millones.
“Esas líneas son inferiores a un año, son como las líneas de capital de trabajo que tienen las empresas. En este caso lo que viene es ayudar a que en un determinado mes, por ejemplo, en vez de presionar la captación se toman $300 millones o $400 millones de la línea, y no se presiona la captación”, explicó el ministro de Hacienda, Elian Villegas.
El crédito se pagaría cada año, de tal manera que no habría una acumulación, añadió el Ministro.
Al respecto, Rodríguez consideró que contar con líneas de crédito autorizadas, para usos predefinidos, debería ser una facilidad de la administración hacendaria, pues se percibe que son para atender eventos que se puedan presentar a lo largo de los distintos meses. Consideró, además, que tener facilidades de crédito disminuye el riesgo operativo y el riesgo de que, ante una necesidad no anticipada, se busquen soluciones de corto plazo más caras para el país en términos de tasas de interés.
Montero también ve con buenos ojos esta herramienta que utilizan otros países. “Es una práctica buena tener un as bajo la manga”, dijo el analista.