Las protestas sociales en Panamá ya generan afectaciones comerciales en Costa Rica, pues los exportadores reportan que 30 camiones han quedado varados en la frontera de Paso Canoas, con mercancía valorada en $825.000.
Las protestas comenzaron el 20 de octubre en respuesta a la aprobación de un contrato minero. Desde entonces, productos perecederos, galletas, productos panificados y chocolates, se encuentran varados, indicó Víctor Pérez, presidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco).
Pérez estimó que el valor de las cargas oscila entre $10.000 y $45.000 por furgón. También se informó sobre dos contenedores que no han podido salir de Panamá hacia Costa Rica.
Indicó que esta situación está generando un aumento de los costos logísticos para los productos de Costa Rica con destino a Panamá y para los productos provenientes de otros países centroamericanos con destino a esa nación.
Marjorie Lizano, presidenta de la Cámara Costarricense de Transportistas Unitarios (CCTU), señaló que las autoridades aduaneras de Panamá informaron este lunes de que no permitirán el ingreso de vehículos de carga debido a un bloqueo en el puente más cercano a ese puesto fronterizo.
Lizano manifestó que hay transportistas varados en varios puntos del territorio panameño, además de unidades refrigeradas y algunas sin combustible, lo que pone en riesgo las mercancías y expone a los conductores a asaltos y robos.
“Nuevamente, el sector ve afectada su economía, ya que llevamos más de una semana sin poder trabajar hacia Panamá”, aseveró.
Las exportaciones de Costa Rica hacia Panamá totalizaron $632 millones en 2022, mientras que las importaciones cerraron en $203 millones, según cifras preliminares de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).
Francisco Quirós, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Transportistas de Carga (Canatrac), señaló que la situación genera mayor afectación en el flujo comercial desde Panamá hacia el resto de la región debido al volumen de mercancías importadas desde la Zona Libre de Colón.
Hasta el momento, las autoridades costarricenses no han emitido una valoración sobre los efectos del conflicto en Panamá. La Nación realizó la consulta al Ministerio de Comercio Exterior (Comex), pero al cierre de esta nota no se había recibido respuesta.
Origen de protestas
El pasado 20 de octubre, el Congreso panameño aprobó una ley que permite a la compañía First Quantum Minerals operar una mina de cobre a cielo abierto durante 40 años.
Horas después, el Poder Ejecutivo promulgó la legislación, lo que dio inicio a las protestas sociales. La minera aporta el 4% del PIB (producto interno bruto) de Panamá, según la agencia de noticias AFP.
El Gobierno de Panamá convocó a consulta popular el 17 de diciembre para decidir si se deroga el contrato minero. El Tribunal Electoral rechazó la propuesta aduciendo falta de condiciones y aspectos jurídicos pendientes de resolver sobre el contrato minero. Mientras, las protestas continúan.
Andrés Tito Muñoz, directivo de la Cámara Nacional de Transportes de Carga (Canatraca) en Panamá, estimó las afectaciones económicas en “varios millones” de dólares, pero no proporcionó datos específicos.
Según sus cálculos, entre 900 y 1.200 camiones están varados en todo el territorio panameño, incluyendo vehículos nacionales y de transporte de otros países de América Central.