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La calificadora Fitch Ratings advirtió sobre los riesgos que enfrentará Costa Rica, este año y el próximo, para aprobar las reformas legales necesarias con el objetivo de equilibrar las finanzas públicas, debido a la fragmentación política en el Congreso.
Así lo destacó la agencia estadounidense en el informe Riesgo Político Ejerce Presión sobre algunos Soberanos Latinoamericanos, publicado este jueves 29 de julio.
En el informe se destacaron los principales desafíos que, según Fitch, enfrentará la región latinoamericana en lo que resta de este año y en el 2022.
Los retos señalados son las movilizaciones sociales, desafíos de gobernabilidad, congresos fragmentados y elecciones que podrían cambiar la orientación de la política económica.
Precisamente, Costa Rica enfrenta los dos últimos desafíos dado el proceso de elecciones presidenciales y legislativas el próximo año, destaca la agencia.
“Solo Brasil y Costa Rica tienen un ajuste negativo para el riesgo político en nuestras calificaciones cualitativas, en parte porque la fragmentación del Congreso ha obstaculizado las reformas de las finanzas públicas”, se subraya en el documento.
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Fitch señaló en su análisis que cualquiera de estos riesgos puede modificar la nota de riesgo soberano a raíz de la posible inestabilidad política y social.
Las debilidades políticas, subraya la agencia, afectan las calificaciones; pero también se toman en cuenta variables macroeconómicas, fiscales, menor crecimiento de la producción y la trayectoria de la deuda pública.
“Surgen riesgos si las autoridades gubernamentales carecen de la capacidad política y la voluntad para abordar los desafíos económicos y fiscales o movilizar los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones financieras”, enfatizó la calificadora.
En marzo anterior, la agencia mantuvo al país la calificación B, con perspectiva negativa, a raíz de la falta de consolidación fiscal y estabilización de la deuda debido a la incertidumbre política del país para resolver el desequilibrio en las finanzas del Gobierno.
La nota de riesgo otorgada por Fitch a Costa Rica se considera de grado especulativo, es decir, que la posibilidad de incumplimiento de las obligaciones del deudor es “significativamente alta”, según la metodología de la agencia estadounidense.
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No es la primera vez que una agencia de calificación cuestiona al país por su incapacidad política para resolver los desequilibrios fiscales.
En febrero del 2016, Moody’s advirtió de que cada vez era menos probable la aprobación de la reforma fiscal por el bloqueo legislativo.
Ese mismo año, la parálisis de los proyectos en el Congreso, la elevada deuda pública y el alto déficit fiscal, generó la baja de la nota de riesgo soberano del país por parte de Fitch.
Para enero del 2017, las calificadoras Moody’s, Standard & Poor’s (S&P) y Fitch mostraron su desconfianza para que el país aprobara en la Asamblea Legislativa los proyectos fiscales, proceso que se alcanzó hasta diciembre del 2018.
En enero de este año, las tres agencias volvieron a mostrar su desconfianza en que el Congreso apruebe los proyectos pactados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir el financiamiento por unos $1.778 millones.
El Gobierno y el Fondo anunciaron, el viernes 22 de enero, un pacto que implica lograr un superávit primario del 1% del producto interno bruto (PIB), en el 2023.
Igualmente, se acordó reducir el endeudamiento público al 50% de la producción, en el 2035. El año pasado cerró en 67,5% del PIB.
Además de la aprobación en el Congreso de los proyectos de Ley de Empleo Público, Renta global dual, un nuevo Impuesto a premios de lotería, la eliminación de exoneraciones fiscales, elevar el tributo a las casas de lujo y establecer un aporte temporal del 30% de las utilidades de empresas públicas al Gobierno.
