EscucharFitch Ratings advirtió de que un retroceso en la política fiscal de Costa Rica podría derivar en un aumento en la deuda pública y mayores restricciones en la capacidad del gobierno para financiarse. La agencia estadounidense expresó esta preocupación a raíz de un proyecto de reforma a la ley de eurobonos, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso.
En la iniciativa de ley, el Ministerio de Hacienda propone flexibilizar los objetivos de superávit primario y pago de intereses del Gobierno, así como posponer las emisiones de eurobonos previstas para 2024 y 2025 de manera que se puedan mover un año, es decir, en 2025 y 2026. Cada una de estas captaciones brinda acceso a financiamiento por $1.000 millones.
“Una reversión de la política fiscal que dé como resultado un aumento de la deuda pública y mayores restricciones a la capacidad de financiamiento del gobierno serían potenciales factores negativos para el crédito”, enfatizó la agencia, en un comunicado el pasado 30 de agosto.
Una calificadora de riesgo evalúa la solvencia de empresas y gobiernos para determinar su capacidad de cumplir con obligaciones financieras. La nota de riesgo soberano es crucial para un país, ya que influye en su costo de financiamiento y en la confianza de los inversionistas.
Con este comunicado enviado a los mercados financieros, Fitch Ratings amplía un reporte publicado el 21 de agosto pasado, donde alertaba de que varios países de América Latina, en general, se encuentran lejos de cumplir sus metas de consolidación fiscal en 2024, según datos del primer semestre.
En este mismo informe, la calificadora hizo referencia a que Costa Rica solicitó autorización legislativa para ajustar sus metas fiscales dentro del proyecto de eurobonos.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, dijo que el gobierno no ha modificado sus objetivos fiscales, y defendió la reforma a la legislación para colocar deuda externa, pues incluye una modificación a la colocación de escáneres en puertos.
“Se ha reducido la recaudación (tributaria) y el impacto del aumento retroactivo (en salarios) se ve reflejado en las finanzas. Esos no significa un cambio de rumbo (...) La dirección se mantiene tanto en los objetivos fiscales como el marco fiscal de mediano plazo″, dijo el jerarca.
Añadió que el análisis hecho por la agencia incluyó varios países latinoamericanos pues todos, al igual que Costa Rica, enfrentan presión sobre las finanzas públicas.
Acosta también responsabilizó a los diputados por la aprobación de leyes que drenan la capacidad de recaudación del Estado como el cambio en la fórmula para calcular el marchamo y la ley de renta extraterritorial.
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En febrero pasado, Fitch Ratings mejoró la nota de riesgo soberano del país, a raíz de los resultados positivos en las finanzas públicas atribuidos a la adopción de la regla fiscal, así como en el crecimiento económico y el aumento en la liquidez.
La calificación pasó de BB- a BB, y se mantuvo con perspectiva estable, de acuerdo con la escala de Fitch. La calificación BB indica que la deuda está en la categoría de “especulativa” y se encuentra a dos escalones de alcanzar el grado de inversión, que comienza a partir de BBB.
Impulso se modera
La calificadora destacó que, al primer semestre de este año, se presentó una meseta en el impulso de mejora de las finanzas gubernamentales porque se dio un incremento del gasto superior a los ingresos, lo cual provocó una reducción en el superávit primario.
Fitch comentó que la tendencia no implica un riesgo al perfil crediticio soberano de Costa Rica porque aún hay exceso entre la relación de ingresos y gastos, sin tomar en cuenta el pago de la deuda. “Sin embargo, sí sugieren un impulso positivo moderado en la calificación soberana observada en los últimos dos años”, apuntó la entidad.
La calificadora consideró que la baja en el ingreso y el aumento en el gasto hace cada vez menos probable que el Gobierno Central alcance los objetivos fiscales de la ley de eurobonos de 2022, condición impuesta para poder efectuar las siguientes emisiones de bonos de deuda externa.
En el análisis del proyecto de reforma a la legislación de eurobonos, Fitch destacó que el gobierno pidió reducir la meta de superávit primario para que del 1,85% del producto interno bruto (PIB) baje al 1,3% de la producción. Además, que el límite de pagos de intereses de la deuda pase del 4,9% del PIB, a 5,1%.
“La propuesta del gobierno de relajar los objetivos fiscales señala los desafíos que implica adherirse a los objetivos fiscales contenidos en la ley de eurobonos. Los objetivos fiscales de los eurobonos son más restrictivos que la regla fiscal, ya que se basan en resultados fiscales efectivos en lugar de estimaciones presupuestarias”, enfatizó la agencia. Aunque subrayó que la revisión de los objetivos de los eurobonos no implica un incumplimiento de los objetivos de la regla fiscal.
