EscucharEl grupo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) evaluará, a inicios de marzo del 2022, si Costa Rica muestra un cumplimiento satisfactorio de las metas acordadas para la primera revisión del acuerdo de Servicio de Facilidad Ampliada (SAF, por sus siglas en inglés) que alcanzó el Gobierno con el organismo internacional en enero del 2021. Este examen es necesario para tener acceso a un segundo desembolso de recursos por $296 millones.
“Alrededor de la primera semana de marzo ellos harían una lectura de cómo está la situación de aprobaciones (de proyectos de ley) en Costa Rica y con base en eso deciden si envían los documentos de aprobación a la Gerencia del Fondo y luego al Directorio, para poder ir ahí hacia finales de marzo, pero todo eso toma su proceso interno”, informó el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero.
El Presidente del ente emisor había explicado, en una entrevista con este diario, en diciembre pasado, que si no se lograba completar la agenda de aprobaciones legislativas en noviembre del 2021 para poder ir al Directorio del Fondo Monetario en diciembre de ese mismo año, entonces había que esperar hasta mayo o junio del 2022; sin embargo, el organismo dio la oportunidad de no tener que esperar tanto y hacerlo en febrero o marzo.
“El Fondo decidió mantener la ventana abierta para que se pudieran dar las aprobaciones legislativas en estos meses, hasta marzo (del 2022) de hecho, de manera que si se daban las aprobaciones legislativas mínimas ellos poder llevar la aprobación de la revisión del programa al Directorio del Fondo y se pudiera hacer en estos meses de febrero o marzo”, indicó Cubero.
En contexto
El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó, el 1°. de marzo del 2021, este acuerdo por aproximadamente $1.778 millones (el monto original está denominado en derechos especiales de giro, que está basado en una canasta de monedas y puede variar) a 36 meses para ayudar a respaldar la recuperación de Costa Rica y estabilizar su economía.
Esta aprobación permitió al país desembolsar un primer tracto por $296,5 millones y luego se desembolsarían los siguientes tractos iguales cada seis meses si el país cumplía con las metas acordadas con el organismo. Una parte de esas metas son numéricas y se refieren a un piso de saldo primario (diferencia entre ingresos y gastos del Gobierno, excluidos los intereses), un piso de reservas monetarias, un rango para la inflación y un techo para la deuda el Gobierno Central.
El Gobierno cumplió con dichas metas, incluso los resultados primarios fueron mejores a los esperados. Pero el acuerdo incluyó también la aprobación de los proyectos de ley de renta global dual, exoneraciones (que ya fue rechazado en el Congreso), casas de lujo, dividendos de las empresas del Estado, reforma a la Ley General de Aduanas y un impuesto a la lotería. Además de la reforma a la Ley Marco de Empleo Público.
De todos estos proyectos el que tiene mayor avance es el de empleo público. El 8 de febrero pasado la Sala Constitucional indicó que este proyecto no contiene vicios de inconstitucionalidad, y con ello dio luz verde a los diputados para que se realice la votación. Cubero explicó que la aprobación de este texto es un “minimum minimorum”, un requisito mínimo para poder tener la aprobación de la primera revisión de parte del Fondo.
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, por su parte, indicó que por ahora siguen a la espera de los avances en la Asamblea Legislativa. “Todavía sigue abierta la revisión y estamos en las mismas condiciones que días atrás, así que estamos a la espera, y ojalá, de haber algún avance en la Asamblea, creo que ya lo de empleo público es bastante importante”, dijo Villegas.
La aprobación de la primera revisión permitiría al país no solo tener acceso a otros $296,5 millones, sino también facilita el ingreso de recursos de otros organismos y enviaría una señal positiva a los inversionistas para una futura emisión de bonos de deuda externa por hasta $1.000 millones, como supone el Banco Central que se haría en sus proyecciones económicas del 2022 y 2023.
