EscucharParís. El gobierno francés impondrá durante dos años a unas 400 empresas una “contribución excepcional” sobre sus beneficios obtenidos en Francia, según el proyecto de presupuestos para 2025 presentado este jueves, que busca sanear las finanzas públicas.
La medida, que se aplicará a los beneficios obtenidos en Francia en 2024 y 2025, afectará a las empresas con al menos 1.000 millones de euros de facturación y debería representar 12.000 millones de euros ($13.100 millones) para las arcas públicas en total entre 2025 y 2026.
El nuevo primer ministro francés, el conservador Michel Barnier, ya había avanzado, aunque sin detallar, esta medida temporal, que pone fin a siete años de política de reducción de impuestos a las empresas impulsada por el presidente de centroderecha, Emmanuel Macron.
Barnier asumió el cargo en un momento en que la deuda pública se situó a finales de junio el 112% del producto interno bruto (PIB) y su gobierno espera que el déficit se reduzca al 5% en 2025, tras un 6,1% este año, en pleno procedimiento disciplinario abierto en la Unión Europea.
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Para lograrlo, el proyecto prevé en concreto recortes en el gasto público por 40.000 millones de euros ($43.750 millones de dólares) y un aumento de impuestos a grandes empresas y fortunas por 20.000 millones de euros.
En el campo de los ingresos, prevé además un impuesto excepcional a las grandes empresas del trasporte marítimo, con el que espera ingresar 800 millones de euros entre 2025 y 2026. Respecto al transporte aéreo, también estudiaría un aumento de la imposición al sector, por concretar.
El gobierno prevé obtener 200 millones de euros más con un impuesto sobre la recompra de acciones por parte de empresas que luego las cancelan y distribuyen parte de su excedente de efectivo entre sus accionistas.
En el terreno de la reducción del gasto público, prevé suprimir 2.201 puestos de funcionarios, sobre todo en la educación pública, una reducción del presupuesto de los ministerios, salvo algunos como el de Defensa, y una simplificación de la administración, entre otras medidas.
El presupuesto de la Seguridad Social debería también reducirse en unos 15.000 millones de euros, entre otras medidas, por el retraso de seis meses de la revalorización de las pensiones.
Barnier debe conseguir ahora el apoyo del Parlamento, donde carece de mayoría absoluta, para aprobarlo, o intentar sacarlo adelante sin el voto de los legisladores, exponiéndose a una posible moción de censura.
