EscucharEl Gobierno proyecta para 2025 la inversión en obras públicas más baja, como porcentaje del producto interno bruto (PIB), en los últimos 19 años. En el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República para el próximo año, presentado por el Ministerio de Hacienda el 30 de agosto, se contempla un gasto de capital de ¢620.751,2 millones, lo que representa una reducción de ¢34.609 millones en comparación con los ¢655.360,2 millones previstos para el cierre de 2024.
Esta suma representa el 5% del plan de gasto total, que asciende a ¢12.397.486,2 millones, y equivale aproximadamente al 1,18% de la producción prevista para 2025. Para encontrar un año en el que esta partida de gasto fuera tan baja en relación con el PIB, es necesario remontarse a 2006, cuando se situó en un 0,9% de la producción.
Los gastos de capital incluyen diversas actividades, como la construcción de edificios, la compra de terrenos, la inversión en carreteras, maquinaria, equipos, y activos intangibles, como licencias de software, además de la adquisición de otros bienes. También se contemplan las transferencias de capital que el Gobierno tiene previsto realizar a otras entidades para la inversión en obras.
Para este análisis, se consideran los montos de gasto de capital devengados por el Gobierno Central en cada año (registrados cuando se generan las obligaciones), excepto en los casos de 2024 y 2025, donde se utilizan los montos presupuestados en agosto de 2024 en el proyecto de presupuesto ordinario.
Andrés Fernández, economista del Consejo para la Promoción de la Competitividad (CPC), advirtió que no todo el presupuesto programado se ejecuta, lo que podría agravar la situación, ya que la cifra final del próximo año podría ser aún menor.
En 2019, la inversión en obras públicas alcanzó su nivel más alto desde 2010, pero en 2020 este tipo de gasto disminuyó debido a que la pandemia detuvo la compra de activos y bienes duraderos. Aunque en 2021 la cifra se recuperó en comparación con 2020, el gasto de capital ha continuado disminuyendo cada año.
Isaac Castro, exviceministro de Egresos de Hacienda, atribuye esta tendencia a la regla fiscal.
La regla fiscal establece que, cuando la deuda gubernamental supera el 60% del PIB, como es el caso actualmente, el aumento del gasto corriente no debe exceder el 65% del promedio de crecimiento del PIB. Para el presupuesto de 2024, el gasto total y corriente no puede incrementarse más del 3,53%.
Sin embargo, según Castro, la mayor caída en 2025 se debe a que los ingresos corrientes del Gobierno proyectados para ese año —incluyen ingresos tributarios, no tributarios, contribuciones sociales y transferencias corrientes (sin considerar la deuda)— no crecerán al mismo ritmo que la economía. Además, el Gobierno ha aumentado las transferencias a instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el gasto en remuneraciones.
“El Gobierno decidió asignar más recursos a las transferencias y no al gasto de capital; es una decisión del Gobierno. Además, tras la última revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno optó por acelerar el gasto, lo que deja menos espacio para la inversión en capital”, afirmó el exviceministro Isaac Castro, quien también es economista.
El economista y consultor internacional Jorge Cornick destacó que una menor inversión en infraestructura pública impacta directamente en la calidad de vida de las personas. Como ejemplos, mencionó la construcción y mantenimiento de escuelas, la compra de equipos para la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito, y la mejora de carreteras. Agregó que esta última situación genera mayores tiempos de transporte de mercancías en las carreteras nacionales, lo que eleva los costos de diversos bienes y servicios.
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Andrés Fernández coincidió con esta opinión y explicó que una menor inversión en obras públicas afecta la competitividad del país, lo que podría comprometer el crecimiento económico de Costa Rica en los próximos años. “Son las inversiones en capital físico las que generan crecimiento económico a largo plazo, al atraer y fomentar la inversión de empresas de régimen especial y definitivo”, expresó el especialista.
Estas son algunas de las principales obras del presupuesto para 2025
El total del gasto de capital para 2025 se distribuye de la siguiente manera:
- ¢176.617 millones para formación de capital, como carreteras y edificios públicos.
- ¢81.798,6 millones para la adquisición de activos.
- ¢362.335,6 millones en transferencias de capital destinadas específicamente a las instituciones del Estado.
En la exposición de motivos del proyecto de presupuesto 2025 se destacan algunas de las obras planeadas para ese año.
El Ministerio de Salud tiene previsto destinar ¢8.938,6 millones para la construcción de Comités CEN Cinai en cantones como Pérez Zeledón, Buenos Aires, Cañas, Esparza, Nandayure y Paso Ancho, además de realizar 157 remodelaciones o ampliaciones en establecimientos similares en Guápiles, Talamanca, Pococí, San Carlos, Turrialba y Cartago.
El Ministerio de Salud también contempla una transferencia de capital de ¢6.166,5 millones para la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños, destinada a la construcción y equipamiento de la Torre de la Esperanza en ese centro médico.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) presupuestó ¢8.072 millones para el mantenimiento de rutas de lastre. Además, asignó ¢3.990 millones para la adquisición de equipos de salvamento y extinción de incendios en los aeropuertos internacionales, y ¢3.000 millones adicionales para la construcción y ampliación de la pista, el área de maniobras y obras conexas en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós.
El Ministerio de Justicia y Paz destinó ¢3.900 millones para continuar con mejoras en la infraestructura penitenciaria, incluyendo proyectos de remodelación y ampliación en varios Centros de Atención Institucional (CAI). Algunos de estos proyectos buscan cumplir con órdenes sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud debido a las “condiciones insalubres y la obsolescencia de la infraestructura actual”.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) asignará aproximadamente ¢2.000 millones para la compra de una licencia de software que abarcará 2.500 centros educativos y 144 direcciones regionales, en el marco del Programa Nacional de Formación Tecnológica (PNFT). Además, destinará ¢5.439,2 millones para la adquisición de maquinaria y equipo diverso.
¿Cuándo podrá volver a aumentar el gasto de capital?
Isaac Castro estima que, dado que el Gobierno no prevé que la deuda se reduzca por debajo del 60% del PIB antes de 2026, el gasto de capital no volvería a aumentar como porcentaje de la producción hasta aproximadamente 2028. Sin embargo, señaló que, para que esto ocurra, es fundamental que el Gobierno reasigne los recursos de manera adecuada.
Esto se debe también a que el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024-2029 anticipa una reducción en el gasto destinado al pago de intereses de la deuda, lo que permitiría destinar más recursos a la inversión en obra pública.
Andrés Fernández sugirió, por su parte, que en el corto plazo el país debe evaluar la posibilidad de sustituir algunos gastos corrientes en diversos ministerios para redirigirlos a gastos de capital. También recomendó priorizar ciertas obras específicas para concluirlas adecuadamente y, una vez alcanzada la infraestructura necesaria, reorganizar el gasto corriente.
El economista del CPC concluyó que el Gobierno Central debería revisar las transferencias que realiza al sector privado y evaluar si estas realmente generan el valor agregado esperado.
