EscucharEl proyecto de ley que promueve el Ejecutivo para eliminar 15 órganos desconcentrados de manera definitiva, eliminando sus funciones o trasladándolas a sus respectivos ministerios, significaría ahorros por unos ¢17.000 millones anuales para el Gobierno Central. La estimación inicial de la Administración consta en el propio expediente legislativo de la iniciativa y se realizó con base en datos del año 2020.
Los ahorros, indicó la ministra de Planificación, Laura Fernández, llegarían por distintas vías. Entre ellas, señaló que la eliminación de personerías jurídicas a esos organismos permitiría al Estado deshacerse de juntas directivas que ya no tendrían funciones de decisión y hasta recortes en alquileres, por el traslado de funcionarios a edificios ministeriales.
Solo los ¢17.000 millones de ahorro automático que se estima con el proyecto de Ley de Recuperación de Competencias y Fortalecimiento de las Jerarquías de los Ministros (23.105) implicaría un impacto en el balance de ingresos y gastos del Estado del 0,05% del producto interno bruto (PIB). Ese dinero representa 40% de lo que el gobierno anterior estimó recaudaría con un nuevo impuesto del 25% sobre los premios de lotería y es equiparable con la totalidad del presupuesto asignado para el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), en este 2022.
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Más allá de esos resultados directos, la ministra Fernández señala que el mayor impacto de esta transformación sería por medio de una mejor utilización del tiempo por parte de las entidades técnicas y de sus autoridades. Al reasignar potestades de decisión a los ministerios y sus jerarcas, y al eliminar jerarquías intermedias de desconcentración, se espera reducir redundancias en trámites que actualmente atrasan proyectos e implican mayores inversiones de tiempo laboral por parte de funcionarios.
“La principal ventaja de estos proyectos es que estaríamos reduciendo tiempos y generando ahorros en ‘horas hombre’”, consideró la jerarca. “Hablamos de horas que pueden perfectamente invertirse en otros productos institucionales que están reclamando la ciudadanía”, subrayó.
Los ahorros materiales
La eliminación completa de órganos desconcentrados o de sus personerías jurídicas, sin embargo, promete ahorros materiales inmediatos. Según las autoridades de gobierno, la mera eliminación de juntas directivas ya implicaría menores erogaciones pues estos organismos usualmente pagan dietas a sus integrantes, viáticos, alimentación y otros rubros.
La ministra Fernández añadió que se eliminarían actores de órganos desconcentrados en direcciones ejecutivas (o títulos similares enunciados en leyes particulares), los cuales suelen designarse como en plazas de confianza. “La jerarquías, con estos proyectos, recaerían de nuevo en los ministros y en jefaturas de planta, en un nivel de dirección interna, y ya no como jerarcas aparte”, observó.
A eso se suman gastos regulares de operación, según describió la ministra. Entre ellos están el pago de alquileres de edificios, la gestión del mobiliario propio de las entidades desconcentradas, las cuentas propias de facturación y los pagos de servicios como Internet, telefonía o seguridad.
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“También se pueden generar ahorros en partidas de materiales y suministros. Esto ocurre porque, cuando compramos en masa (para un solo ministerio y no para un órgano desconcentrado) tenemos precios mucho más competitivos de mercado. No es lo mismo que un órgano desconcentrado compre 10 resmas de papel a que esas compras se hagan en conjunto con una proveeduría institucional fuerte que masifique las compras”, explicó.
Según redactaron las autoridades del Poder Ejecutivo en el propio proyecto de ley, se estima que 44% de los ¢17.000 millones anuales en ahorros provendrían de servicios que se dejen de contratar y 34% de bienes que ya no tendrían que obtenerse por aparte. El 22% restante provendría de materiales, suministros y, en menor medida, de remuneraciones.
El proyecto de ley del Poder Ejecutivo propone eliminar las personerías jurídicas de cinco órganos menores adscritos al Ministerio de Salud, tres del Ministerio de Cultura, dos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), dos del Ministerio de Educación, uno del Ministerio de Ambiente, uno del Ministerio de Gobernación y uno del Ministerio de Hacienda. Asimismo, propone reestructurar la posición del Servicio Civil y su tribunal en el organigrama estatal.
La iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo al Congreso apenas el 9 de mayo pasado, e iniciará su camino legislativo en las próximas semanas. Su elaboración se realizó con base en estudios que realizó la administración anterior, los cuales sugerían estas y otras transformaciones para diversos entes estatales.
La aplicación de esas recomendaciones se pospuso por motivos políticos, según afirmó, a El Financiero, la exministra de Planificación, Pilar Garrido, antes de dejar sus funciones. Consultada por ese semanario, la entonces jerarca saliente aseguró que se decidió priorizar el impulso de la reforma al empleo público y la atención de la pandemia, entre otros intereses.
Caso MOPT
Estas estimaciones no contemplan los ahorros que también se esperan a través del proyecto de Fortalecimiento de Competencias y Rendición de Cuentas del MOPT (23.114). Esta iniciativa se presentó el 16 de mayo y, con ella, el Poder Ejecutivo busca eliminar la desconcentración de cuatro órganos adscritos al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y trasladar sus funciones de decisión directa al propio ministerio de gobierno, de manera centralizada.
Los eventuales ahorros con esa reestructuración todavía se desconocen, pero podrían presumirse sustanciales, al tratarse de cuatro entidades con un gran volumen de operaciones: los consejos de Seguridad Vial (Cosevi), Transporte Público (CTP), Concesiones (CNC) y Vialidad (Conavi).
Luis Amador, nuevo ministro de Obras Públicas, afirmó que la intención de la iniciativa es hacer más eficiente la gestión de la institución a su mando y reconoció en declaraciones a la prensa que ello implicará movimientos de personal y revisiones de puestos, entre otras reformas. La cartera, sin embargo, todavía no brinda datos sobre eventuales estimaciones de contención o disminución del gasto.
Consultada al respecto, la ministra Fernández explicó que el Mideplán no ha realizado cálculos por su cuenta, pues el proceso de reingeniería de la entidad lo coordinó el propio Ministerio de Obras Públicas. El MOPT, por su parte, no respondió sobre la existencia o no de estimaciones hasta el cierre de esta edición.
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Fin ulterior
Más allá de los ahorros inmediatos en gastos que dejarían de realizar los órganos desconcentrados reformados en sí mismos, la ministra Fernández considera que el objetivo central del proyecto es generar eficiencia en la gestión pública y en la toma de decisiones.
“La inyección de eficiencia en las instituciones públicas nos genera ahorros importantes también”, anotó. “El hecho de que una decisión tarde seis u ocho meses en manos de una junta directiva no solo nos resta competitividad sino que hace que las instituciones vayan tomando decisiones y se ejecuten en tiempos que no se ajustan a las necesidades de la ciudadanía”, subrayó.
De forma similar opinó el ministro de Obras Públicas, Luis Amador, al momento de presentar el proyecto de reestructuración de su cartera.
“Lo que se busca es hacer más eficiente la forma en la que nosotros como ente rector podemos hacer las diferentes labores”, afirmó sobre la iniciativa de reforma impulsada por el gobierno. “Yo en este momento si quiero tomar una decisión me tengo que sentar en Conavi, en Cosevi o en Transporte Público, gastar cinco o seis horas explicando un tema y muchos de los miembros tal vez no son técnicos o no están empapados de los temas, y eso implica hacer toda una labor para que ellos comprendan... Eso hace muy lenta la toma de decisiones”, explicó.
Costa Rica cuenta a día de hoy con hasta 322 instituciones estatales separadas. Según un recuento publicado por El Financiero en marzo pasado, de ellas, 18 son ministerios y 67 órganos adscritos a ellos. El resto corresponde a entes públicos no estatales, municipios o gobiernos locales, empresas públicas, instituciones autónomas y demás componentes del aparato estatal.
