EscucharEl Gobierno propuso un proyecto de reforma legal que establece una nueva metodología para calcular el valor fiscal de los automóviles y el impuesto a la propiedad de los vehículos que se cancela, anualmente, cuando se paga el marchamo.
Este jueves 18 de mayo, el Poder Ejecutivo entregó a la Asamblea Legislativa, cinco propuestas de ley, entre ellas este cambio en la manera como se calcula el valor fiscal de los automotores. Las otras iniciativas incluyen una nueva ley de impuesto sobre la renta, la eliminación de exoneraciones fiscales y un proyecto para dar más potestades a Hacienda para el cobro de impuestos, entre otros.
La iniciativa sobre el impuesto a la propiedad de vehículos expone que, actualmente, existe inseguridad jurídica y malestar entre los propietarios porque la fórmula existente para calcular la base imponible del tributo, es decir, el valor fiscal del carro, no es precisa y varía de un periodo a otro por factores como la inflación, tal como ocurrió el año pasado.
El proyecto detalla que el valor fiscal para los automóviles nuevos será el precio de compra consignado en la escritura de compraventa. Mientras que para los vehículos usados la base imponible sobre la cual se calculará el impuesto corresponderá al precio estipulado en la escritura de compraventa con la que se inscribe el vehículo.
Una de las principales novedades del plan es la creación de una tabla de depreciación anual acumulada para los automóviles. Por ejemplo, un vehículo nuevo se deprecia 10% durante el primer año, mientras que, para el cuarto año, el porcentaje acumulado será de 42,6%, según la tabla propuesta.
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Nogui Acosta, ministro de Hacienda, afirmó que la nueva metodología se propone porque la normativa actual no tiene lógica dado que algunos carros suben de valor fiscal, pese a ser más antiguos.
La otra novedad del proyecto es la creación de una tarifa progresiva en tramos que gravan el valor del vehículo. En el primer rango, para los vehículos cuyo valor es de hasta ¢1.155.500 el impuesto será de ¢31.000.
Posteriormente, el tributo irá en tramos. Por ejemplo, sobre el exceso de ¢1.155.500 y hasta ¢3.000.000 se paga 3%. Los rangos y porcentajes irán en ascenso según se eleve el valor del automóvil. La última tasa es del 7,5% que se aplica sobre el exceso de ¢19.000.000.
Estos cambios propuestos aplican solo sobre el impuesto a la propiedad de los vehículos que actualmente representa, en promedio, el 70% del costo del derecho de circulación. El porcentaje restante está conformado por el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), así como tasas especiales, municipales e infracciones de tránsito.
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Los ejemplos
Para dimensionar las implicaciones del cambio propuesto, La Nación efectuó cinco ejemplos de cuánto se tendría que pagar del impuesto con las nuevas tarifas propuestas en el proyecto de ley.
Los valores de los carros asignados en el ejemplo son el precio promedio de los últimos 12 meses registrados en el portal crautos.com y corresponde a unidades usadas.
Veamos los casos. Para un Nissan Tiida del 2012, cuyo valor de mercado promedio del último año es de ¢4.900.000, el impuesto a la propiedad a pagar en el marchamo sería de ¢134.112. Hay que destacar que en la tabla se utilizan valores de mercado, los cuales podrían diferir del valor fiscal.
En el caso de un Hyundi Accent, del 2016, con un valor promedio de ¢6.800.000, el tributo a pagar sería ¢200.112.
Conforme el valor del automóvil se eleva, así lo hará el tributo a pagar. Esa es la razón por la cual para un sedán BMW del 2021, cuyo valor promedio es de ¢31.200.00, el impuesto a la propiedad ascendería a ¢1.924.612.
La iniciativa legal que presentó este jueves al Congreso para su discusión da la potestad a Hacienda para mantener el actual proceso de cobro del impuesto, es decir, que el Instituto Nacional de Seguros (INS) recauda el tributo al momento del pago del marchamo y, posteriormente, traslada los recursos al Gobierno.
En el marchamo 2023, la recaudación ascendió a ¢188.250 millones, según los datos brindados por Hacienda.
El plan mantiene la exenciones del tributo que actualmente tienen los vehículos de las embajadas y consulados, organismos internacionales, Gobierno Central, municipalidades; así como los bomberos, Cruz Roja y la Caja Costarricense de Seguro Social.
