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El Ministerio de Hacienda prevé una situación fiscal “crítica” si el Estado costarricense se viera obligado a rescatar el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el fondo de pensiones del Poder Judicial.
La alerta se plasmó debido a que ambos sistemas de jubilación mantienen voluminosos déficits actuariales, a pesar de que pasaron por un proceso de reforma en busca de su sostenibilidad futura.
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“Si los fondos del IVM y del Poder Judicial llegaran a experimentar déficits, el Gobierno deberá salir al rescate, para cumplir con el pago de las pensiones correspondientes, por la garantía de solvencia que posee el sistema de seguridad social”, se advierte en el Informe de Riesgos Fiscales: Regímenes de Pensiones, elaborado por la Dirección de Crédito Público de Hacienda.
El estudio, de marzo del 2021, agrega que, además, Hacienda debe cargar con el endeudamiento gubernamental, el cual, en julio anterior, fue equivalente al 69,1% del producto interno bruto (PIB).
“Por tanto, resultaría una situación bastante crítica para el país”, se explica en referencia al respaldo estatal a los fondos de pensiones básicos.
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El temor de Hacienda se genera porque el último estudio actuarial al IVM, de julio del 2019, registró un déficit en el sistema de ¢100 billones para un periodo de 75 años. Dicho monto es equivalente a dos veces la producción de un año de Costa Rica.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reformó el fondo en agosto anterior, y extendió la vida de la reserva del fondo hasta 2052 desde el 2037; pero aún no se ha determinado la reducción en el déficit.
En el caso del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial se reportó un faltante de ¢698.139 millones, según el respectivo estudio actuarial, de marzo del 2021.
Este régimen tenía un déficit de ¢5,3 billones, previo a la reforma legal del 2018, que redujo beneficios y elevó el aporte de los trabajadores y pensionados.
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Los desequilibrios de estos dos regímenes básicos no implican que el Estado deba aportar el dinero de manera inmediata, sería de forma gradual por varias décadas, en caso de cumplirse las proyecciones de los informes actuariales.
Por ejemplo, el IVM requeriría de un aporte excepcional de ¢3,1 billones, en el 2053, para poder pagar el total de pensiones ese año, según el último estudio del régimen.
En el caso del sistema de los empleados judiciales, el faltante de recursos sería de ¢263.530 millones, en el 2048, momento en que se proyecta se acabe la reserva del sistema.
El Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), administrado por la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), es el único fondo básico que no presenta desequilibrios. El más reciente estudio actuarial, de marzo anterior, proyectó un superávit de ¢75.610 millones para los próximos 75 años.
Los tres sistemas de jubilaciones contaban, hasta junio pasado, con 2,42 millones de trabajadores cotizantes y casi 320.000 pensionados, según la Superintendencia de Pensiones (Supén).
Sin espacio fiscal
Elian Villegas, ministro de Hacienda, enfatizó que el país está actualmente en un proceso de ajuste fiscal que se afectaría de manera importante en caso de ser necesario aplicar el respaldo estatal a un fondo de jubilaciones con dificultades.
“Si hablamos que un régimen de pensiones se requiere poner alrededor de un 1% o 2% del PIB, para ajustar el pagos de jubilaciones, le pegaría muy fuerte al Estado. Hay que entender que no tenemos espacio fiscal para asumir este tipo de contingencias”, subrayó el jerarca.
Villegas dijo que no espera la materialización de este riesgo en el corto plazo.
Para Rocío Aguilar, jerarca de la Supén, el riesgo para el Estado se redujo, pero sigue latente.
En el caso del IVM, la reciente reforma permitió elevar la solvencia de un 48,3% hasta casi 65%, es decir que el sistema aún no tiene la capacidad de pagar el 35% de sus compromisos a futuro.
“Los riesgos, para el Estado siguen existiendo, en el tanto sea el garante de las pensiones en los regímenes básicos y sigan presentándose rezagos en las decisiones respecto a los cambios demográficos”, destacó Aguilar.
La funcionaria destacó que es necesarios efectuar un nuevo estudio al régimen administrado por la Caja, pues el último se hizo previo a la pandemia de la covid-19, con lo cual no se tiene certeza del efecto para el sistema.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, enfatizó, en agosto pasado, que los cambios al sistema permiten al país tener tiempo adicional para discutir las opciones de darle un financiamiento de más largo plazo al IVM.
En el caso del régimen del Poder Judicial, el actuario Raúl Hernández afirmó que la reforma del 2018 otorgó al fondo un escenario más manejable, a diferencia de la situación previa.
“Si para los próximos años se da una entrada de nuevos trabajados del 1% anual, el déficit del sistema sería de ¢279.000 millones, lo cual considero que es administrable”, dijo Hernández, el pasado 8 de setiembre, durante una rendición de cuentas hecha por la Junta Administradora del Fondo.
Igualar cotizaciones
Por otra parte, la jerarca de la Supén consideró que debe establecerse un trato igual en los aportes del Gobierno a los regímenes básicos.
Por ejemplo, en el IVM la contribución patronal es el equivalente al 5,25% de cada trabajador.
Pero en el régimen del Poder Judicial es del 14,36% y en el Magisterio Nacional del 6,75%.
“No deberían haber diferentes aportes patronales dependiendo del fondo en que se encuentra inscrito el afiliado”, destacó Aguilar.
La jerarca explicó que cualquier modificación para una eventual uniformidad debe hacerse vía reforma legal, pues en el Congreso se estableció la cotización a dichos fondos.
La Superintendente también aboga por la unificación de los diferentes regímenes básicos de pensiones en el país, para reducir las desigualdades.
Un jubilado del IVM tiene una pensión promedio de ¢284.250 por mes y de ¢392.911 en el RCC.
Sin embargo, en el Poder Judicial, la jubilación promedio es de ¢1,6 millones.
