Bogotá. El presidente colombiano, Gustavo Petro, comunicó este martes su intención de solicitar la colaboración de Brasil y Estados Unidos para dilucidar un escándalo millonario que involucra a uno de los principales grupos financieros del país en relación a sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
El Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos informaron el jueves pasado que el Grupo Aval y su filial Corficolombiana accedieron a pagar más de $80 millones para evitar cargos por violación de las leyes anticorrupción.
De acuerdo con la pesquisa, Corficolombiana y Odebrecht habrían colaborado entre 2012 y 2015 para desembolsar más de $23 millones en sobornos a altos funcionarios colombianos, asegurándose así un contrato para la expansión de la Ruta del Sol, vía que conecta el centro del país con la costa Caribe.
Petro, un crítico del sector bancario y opositor a ciertos políticos y empresarios ligados a Odebrecht, solicitó la ampliación de las investigaciones.
El mandatario manifestó “que le pidió a la cancillería de Colombia utilizar todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de Estados Unidos y Brasil para determinar los perjuicios y compensaciones derivados de la confesión del Grupo Aval hacia el Estado Colombiano”, expresando su mensaje en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.
“Los brasileños que cometieron delitos en Colombia están disfrutando de total impunidad y Odebrecht no ha pagado un peso de las multas impuestas en Colombia. Los contratos entre Corficolombiana y el estado colombiano deben ser minuciosamente revisados”, subrayó.
El Grupo Aval, cuyo líder es Luis Carlos Sarmiento, considerado el hombre más adinerado de Colombia, difundió un comunicado en el que señalaba que el proceso no sería llevado a instancias judiciales en Estados Unidos.
En la perspectiva de Petro, la justicia no examinó exhaustivamente el proceso en Colombia. “Le solicito respetuosamente a la fiscalía reabrir los casos”, añadió el presidente, quien ya había denunciado estas irregularidades durante su etapa como senador.
Aval está cotizado en la bolsa de Nueva York y opera en Colombia, Centroamérica y Florida (Estados Unidos).
En 2016, Odebrecht acordó pagar $3.500 millones para resolver acusaciones relacionadas con sobornos en diversos países.
A diferencia de otras naciones latinoamericanas como Perú, en Colombia no se enjuiciaron a altos funcionarios por estos hechos.
En 2018, la investigación tomó un giro cuando Jorge Pizano, testigo clave y auditor de un consorcio para la construcción de una autopista, falleció por ingerir cianuro. Tres días después, su hijo también murió envenenado al beber de la misma botella. Ambos fallecimientos están siendo analizados.