EscucharEl Ministerio de Hacienda anunció que enviará a la Fiscalía los casos de supuesta evasión fiscal que superen los 500 salarios base (¢230 millones), como parte de una nueva estrategia para enfrentar el fraude.
La medida fue comunicada, este jueves, por el ministro de esa cartera, Nogui Acosta, durante una conferencia de prensa en la que también adelantó que se informará abiertamente cada vez que se remitan casos al Ministerio Público.
Acosta explicó que la definición de los 500 salarios base para enviar asuntos a la Fiscalía obedece a que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece que los casos que superen ese monto son un delito con pena de prisión (de cinco a diez años).
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En ese misma línea, el jerarca también indicó que Hacienda destinará 15 de sus 100 auditores fiscales a casos catalogados como “fraudes complejos” y que estos mantendrán estrecha coordinación con la Policía Fiscal.
Mario Ramos, director general de Tributación, comentó que las medidas se deben a un “cambio en el enfoque” de la lucha contra el fraude fiscal, la cual se concentrará ahora en el defraudador.
Las autoridades de Hacienda mencionaron que, en la actualidad, hay 23 denuncias activas por fraude fiscal, y que esperan remitir otras tres antes del 15 de febrero. Además, mencionaron una denuncia presentada en forma reciente contra un banco privado.
El director de Tributación indicó que los casos ya formalizados representan una suma de ¢27.405 millones, que los tres asuntos en trámite llegan a ¢6.370 millones y que el caso de la entidad financiera asciende a ¢11.000 millones.
Casos expuestos
Mario Ramos detalló tres denuncias enviadas a la Fiscalía, pero sin identificar a los involucrados. En el caso del banco privado, el ministro Nogui Acosta ofreció a la prensa dar el número del expediente judicial, pero al cierre de esta nota no lo había hecho.
Con respecto a este último asunto, Ramos comentó que la investigación surgió a partir de una denuncia anónima que recibieron, en setiembre del año pasado, sobre la existencia de un presunto esquema de triangulación para evadir al fisco.
Ramos sostuvo que, por medio de transacciones a otras empresas en Panamá, se habrían movido $65 millones entre el 2008 y el 2015 para crear un escudo fiscal y, de esa forma, evadir el pago de ¢11.000 millones del impuesto sobre dividendos.
Señaló que este caso fue remitido al Ministerio Público en condición de noticia criminis y no como denuncia, como los otros asuntos, ya que por la fecha en que ocurrieron las aparentes anomalías, Hacienda ya no puede tomar medidas administrativas.
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El plazo para que Tributación pueda ejercer una acción administrativa contra un contribuyente por indicios de evasión fiscal es de cuatro años. El plazo se extiende hasta 10 años en el caso del Ministerio Público, para acciones penales.
También expusieron el caso de una sociedad anónima dedicada a la venta de legumbres que no justificó compras por ¢3.700 millones, lo cual habría generado una diferencia de ¢1.136 millones por evasión del impuesto determinado.
Además, mencionaron el caso de una empresa inscrita para venta de autos, cuyos mayores ingresos fueron por venta de celulares. Ramos aseguró que la empresa no pudo respaldar la compra de los teléfonos y que el perjuicio para el fisco sería de ¢3.300 millones.
