EscucharDeclarar y pagar impuestos en Costa Rica es un camino tan tortuoso para los contribuyentes que muchos terminan pagando para que otros les hagan los trámites. Con el fin de atenuar las dificultades, el Ministerio de Hacienda prepara algunas medidas para simplificar el proceso, aunque la solución más contundente, la llegada de Hacienda Digital, es aún incierta.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, informó de que han encontrado que la complejidad de algunos formularios, por ejemplo, el del IVA (impuesto al valora agregado), hace de la presentación de la declaración un trámite engorroso y por ello están trabajando en su simplificación.
También indicó que, en enero 2023, la Administración Tributaria pondrá a disposición un nuevo formulario de declaración de impuestos, para que el ciudadano pueda desplegar solo los bloques que debe llenar y que contiene fórmulas internas que cargan automáticamente los espacios de la liquidación del impuesto, con lo cual facilita los cálculos.
El jerarca añadió que están actualizando las herramientas colaborativas, por ejemplo, el facturador gratuito, Eddi7 y Declara, la cual esperan resolver por medio del proyecto de Hacienda Digital.
El motivo de estas medidas no es casual. En su Memoria Anual del 2021, la Contraloría General de la República argumenta con varias fuentes las dificultades que pasan las personas y empresas, y plantea una serie de sugerencias para discusión.
Según detalla el documento, en Costa Rica un contribuyente requiere invertir el triple de tiempo que una persona en Estonia para declarar y pagar sus impuestos, según información recolectada del Banco Mundial.
“Se encontró que en Costa Rica un contribuyente requiere invertir aproximadamente 100 horas más para la declaración y pago de impuestos, en comparación con el país en el que se requiere invertir menos tiempo”, detalla el texto.
Julissa Sáenz, gerente de área de Desarrollo de las Finanzas Públicas de la Contraloría, explicó que esas horas son anuales y provienen del proyecto Paying taxes del Banco Mundial.
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La Contraloría también cita el estudio Experiencia Ciudadana en el Pago de Tributos: IVA, Renta y Bienes Inmuebles, que realizó el Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública Innovaap de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica y que se publicó en setiembre del 2021.
Entre los principales problemas o dificultades que experimentan los ciudadanos, según este estudio, al cumplir con sus obligaciones tributarias, específicamente en el impuesto de renta e IVA (impuesto al valor agregado), se encuentra la información compleja y desorganizada disponible respecto a los pasos necesarios para presentar la declaración y efectuar el pago de los tributos en los diferentes sistemas de declaración tributaria.
Además, señalan la duplicidad y cantidad de pasos necesarios para completar la declaración, la atención poco oportuna y con respuestas genéricas por parte del Ministerio de Hacienda ante las consultas y que la plataforma Administración Tributaria Virtual (ATV) es considerada como un sitio web poco amigable, ya que no tiene un enfoque en la persona usuaria: no cumple criterios de accesibilidad, es inestable y presenta un exceso de información que no resulta útil para el contribuyente.
Todo esto hace que muchos tengan que pagar para que otra persona les haga el trámite. En relación con el IVA, 20% de los usuarios participantes declaró que requieren ayuda de un profesional en contabilidad en razón de que los formularios resultan complejos, mientras que para el de impuesto de renta este porcentaje fue de 31%.
Las trabas aparecen incluso para personas con algún grado de conocimiento del sistema tributario. “Actualizar el registro de beneficiarios finales “me come” y, la última vez, tuve que ir a pedir ayuda al quiosco de Hacienda (se me fueron un par de horas entre ir, declarar, y regresar)”, narró a La Nación, Alberto Franco, un consultor y economistas que labora como trabajador independiente.
Según este estudio, el 29% de los que pagan informaron de que desembolsan más de ¢75.000 y un 27,5% entre ¢15.001 y ¢30.000 a la persona que les hace la declaración.
En la Encuesta Nacional de Servicios Públicos realizada por la Contraloría, en el 2021, 55% de los encuestados reportaron que no pueden realizar el proceso de pago de impuestos en la plataforma ATV por su cuenta.
En relación con el impuesto de bienes inmuebles, los contribuyentes expresaron sentir inestabilidad jurídica, al considerar que las actuaciones realizadas por las municipalidades son arbitrarias y no consistentes entre sí.
Por último, respecto de los timbres los malestares se relacionan con falta de publicidad y de coordinación institucional a la hora de cobrarlos o establecer su monto.
Otra arista de las dificultades que afrontan las personas tiene que ver con la cantidad de actores involucrados en materia de los impuestos. Al 2021, la Contraloría enumeró 99 tributos activos, en los cuales participan 35 instituciones recaudadoras diferentes y 37 instituciones administradoras.
Estos 99 tributos activos recaen sobre 38 tipos de objetos gravados, dentro de los cuales sobresalen las certificaciones (gravadas por 13 tributos), los salarios (gravados por 10 tributos), los vehículos (gravados por 8 tributos) y los trámites migratorios (gravados por 6 tributos).
“Desde el punto de vista del contribuyente, el diseño del sistema tributario es poco amigable, complejo y le representa un alto costo de cumplimiento. No fue pensado en facilitar el pago de los impuestos a los contribuyentes, quienes en muchas ocasiones invierten largas horas para pagar o bien, deben buscar ayuda externa para hacerlo”, resumió Marta Acosta, contralora general.
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Propuestas para mejorar
El economista Jorge Cornick, quien ha trabajado el tema tributario, comentó que el país tiene herramientas para digitalizar y hacer más sencilla la declaración y el pago de impuestos, pero todavía no se utilizan bien. Por ejemplo, la firma digital y la factura electrónica.
El país cuenta con firma digital, pero para Cornick todavía es complicada de utilizar y no todas las entidades la aceptan.
“La firma electrónica que tenemos es muy complicada de usar, que hay que bajar un software, pero además ni siquiera la acepta todo el sector público en Costa Rica, lo cual es ilegal, y ¿qué vas a hacer si no te la aceptan? Pero ese es el paso para poder digitalizar, que vos podás no tener que ir a ningún lado porque tenés firma electrónica”, comentó el economista.
“Para ventas (el IVA) no debería ser necesario llenar el formulario, porque tenemos factura electrónica, el sistema de Hacienda sabe todo lo que compré y todo lo que vendí y ya sabe que es deducible, y que es tasable (…)”, indicó.
Para Cornick, el asunto central es entonces que la firma electrónica funcione de manera muy sencilla y utilizar la información que ya tienen los sistemas para hacer predeclaraciones.
En su Memoria Anual la Contraloría también indica varias ideas. La primera gran esperanza es la aplicación del proyecto Hacienda Digital, el cual agilazaría y automatizaría los procesos tributarios en el Ministerio de Hacienda.
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Este tema de Hacienda Digital lo señala la Contraloría y también la exministra de Hacienda y excontralora, Rocío Aguilar, para quien el proyecto tiene una visión al ciudadano o contribuyente y aunque solo se aplicaría a los impuestos que recauda el Gobierno Central, Aguilar tiene la esperanza de que genere un “efecto demostración” para el resto de entidades que recaudan impuestos.
Se consultó al nuevo ministro sobre cuándo cree que comenzaría a operar Hacienda Digital, a lo cual respondió: “Si bien tenemos un cronograma establecido, trabajaremos de manera intensa para reducir estos plazos”.
En la investigación Innovaap, los contribuyentes recomendaban migrar hacia una plataforma única para la gestión de servicios hacendarios y tributarios, así como suscribir convenios con organizaciones como el Tribunal Supremo de Elecciones, la Caja Costarricense de Seguro Social, las municipalidades, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Seguros y bancos, entre otros, de modo que se pueda precargar información de la persona usuaria y simplificar así los requerimientos.
Las declaraciones preelaboradas se constituyen en un instrumento de facilitación y control utilizado en otros países. De esta forma, se evitaría que se solicite la misma información al contribuyente varias veces, según indica la Contraloría en su memoria.
Según Innovaap, en el caso de los gobiernos locales, específicamente para el impuesto de bienes inmuebles, sobresale el habilitar y mejorar los medios digitales para la declaración y pago respectivo.
“Estas propuestas de la Contraloría General de la República están basadas en una visión que el Ministerio de Hacienda ha venido evaluando y va a plantear en el momento que sea necesario. Este Ministerio ha venido trabajando en la facilitación y modernización de los mecanismos para la declaración y el pago de impuestos. Hay otras modificaciones que estarán siendo valoradas para conocer el impacto y la conveniencia de su aplicación”, indicó el Ministro.
