El Ministerio de Hacienda priorizará la venta de activos fijos estatales como el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), y el capital accionario del Instituto Nacional de Seguros (INS) en el 2024. Además, la cartera anunció la inscripción de un bono a 30 años plazo en el mercado de deuda local para el siguiente año.
Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, en conferencia de prensa, este jueves 14 de diciembre, donde adelantó otros proyectos e iniciativas que Hacienda tendrá en su lista de prioridades para el siguiente año, entre ellos, la reforma al impuesto sobre la venta.
Acosta indicó que tendrá lista una nueva propuesta del proyecto de venta del BCR la próxima semana y que ya cuenta con un borrador, sin embargo, señaló que no se lo podrá presentar a los diputados en el 2023 debido a que el Congreso estará de vacaciones a partir del 18 de diciembre.
El jerarca añadió que la cartera no ha encontrado espacio en el plenario con los proyectos para la venta de los activos presentados anteriormente por el Gobierno, por lo que deberán volver a plantearlos. Acosta insistió en que la venta de esos activos “es la única manera” de avanzar rápidamente en la reducción del endeudamiento.
Al alcanzar la relación deuda-PIB (producto interno bruto) por debajo del 60%, el Gobierno tendrá más espacio para aumentar el gasto de capital, según explicó el jerarca.
La intención de vender el BCR la anunció el mandatario Rodrigo Chaves, el 16 de agosto del 2022. El primer proyecto de ley lo presentó el Gobierno un mes después, en setiembre, el cual fue archivado en febrero pasado por el Congreso.
Posteriormente, el Ejecutivo planteó una segunda propuesta en julio de este 2023, la cual también enfrentó el rechazo de algunos diputados. La segunda versión del proyecto daba a Hacienda la rectoría del proceso.
Reforma al impuesto sobre la renta
En la presentación de este jueves, el Ministerio de Hacienda señaló que en 2024 también buscarán la aprobación en la Asamblea Legislativa de varios proyectos, en donde resalta la propuesta de reforma al impuesto sobre la renta, en la cual se propone la renta global.
La renta global consiste en que las personas tendrían que pagar impuesto de renta sobre la totalidad de sus ingresos, en sustitución del esquema cedular actual en el que se paga el tributo por separado según el tipo de ingreso, con distintos tratamientos.
Acosta defendió que un modelo de renta global sería “más justo”, porque cada persona paga de acuerdo a la suma de todos sus ingresos.
En mayo del 2023, el Gobierno presentó cinco proyectos fiscales en la Asamblea Legislativa. Se trata de reformas en materia de impuestos y de incentivos, entre las que destaca la reforma al tributo sobre la renta, el cual se tramita bajo el expediente N°. 23.760.
Mayores plazos de deuda y otras prioridades
Por otro lado, Acosta adelantó que en el 2024 Hacienda colocará un bono en el mercado interno a 30 años plazo en colones, un instrumento que actualmente no existe en la emisión de deuda a nivel nacional, según mencionó.
Acosta acotó que se ofrecerá ese bono con el fin de analizar si el mercado local está dispuesto a entrar en ese tipo de vencimientos, a tan largo plazo. Para ello, inscribirá el valor a 30 años, ante la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
“Queremos abrir la oportunidad de que inversionistas institucionales con visión a largo plazo, como las operadoras de pensiones, tengan un título que se adecue más a sus necesidades”, añadió.
El jerarca confirmó que la prioridad del Gobierno es extender los vencimientos de la deuda, y colocar emisiones a más de siete años, con el fin de que no se acumule el pago de responsabilidades en los años más cercanos, donde ya existen vencimientos acumulados que hay que cancelar.
“Hemos calculado que el mercado local puede proveer unos ¢300.000 millones en un mes particular. Debemos hacer que nuestras emisiones calcen con eso que nos ofrecen”, explicó.
Finalmente, como parte de otros proyectos de ley que el Gobierno apoyará para su avance, el próximo año, se encuentra la adhesión de Costa Rica como miembro pleno en el Banco de Desarrollo de América (CAF), el cual Acosta prevé sea aprobado por la Asamblea Legislativa en enero.
A este se le suman propuestas como Fortalecimiento del control tributario (23.759), Evaluación de incentivos fiscales (23.763) y Esquema de incentivos para mitigar la emisión de gases en la flota vehicular.