La propuesta de un impuesto mínimo global a la renta empresarial, que puso de nuevo sobre la mesa Estados Unidos, traería cambios en los sistemas de incentivos a las multinacionales en todo el mundo y obligaría a Costa Rica a evaluar su estrategia.

La idea, que hace ocho años lanzó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la retomó Estados Unidos, el 7 de abril pasado.

Ese día, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, presentó un plan de aumento de impuestos corporativos en ese país, con el fin de obtener recursos para financiar el plan de reactivación del presidente Joe Biden, por $1,9 billones, el cual fue aprobado por el Congreso, el sábado 6 de marzo.

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Sin embargo, si Estados Unidos aumenta su impuesto, las empresas de allá podrían migrar a otros países con menores tributos.

“Al incrementar el impuesto a las corporaciones, Estados Unidos prevé un riesgo, que estas corporaciones quieran irse de Estados Unidos a buscar otros lugares que ofrezcan una base tributaria mucho más baja”, explicó el ministro de Comercio Exterior (Comex) de Costa Rica, Andrés Valenciano.

Por eso, dentro del plan se incluye el establecimiento de un impuesto mínimo global, el cual eliminaría este riesgo, pero para que funcione debe tener el respaldo de la mayor cantidad de países, pues cada uno es soberano en definir su tasa.

La principal economista del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo compuesto por 190 países, Gita Gopinath, expresó su apoyo a la idea el 6 de abril pasado, y otras naciones, como Alemania y Francia, también lo hicieron.

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El tema además se incluyó en la agenda de los ministros de Finanzas del G20 (las 20 economías más desarrolladas del mundo), en la reunión del 7 de abril, y el grupo podría entregar una propuesta, en julio próximo.

La OCDE ya tenía este tema en su agenda dada su preocupación por “la erosión de la base imponible”, que es el traslado de beneficios que realizan las empresas para reducir el pago de impuestos, lo que se conoce como BEPS por sus siglas en inglés (Erosión de la base y el desplazamiento de beneficio).

En octubre del 2020, 137 países reunidos en el Marco Inclusivo OCDE/G20 sobre BEPS, acordaron trabajar para alcanzar un acuerdo tributario, a mediados del 2021, y para ello se pusieron en consulta dos pilares.

El pilar uno está relacionado con las empresas multinacionales con un fuerte componente digital para que paguen impuestos en el lugar en el que operan, aunque no tengan presencia física; y el dos, establecería un impuesto mínimo mundial para afrontar el problema de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios por parte de las empresas multinacionales.

¿Qué se sabe, hasta ahora, de la propuesta?

La idea general está planteada, pero falta la definición de los detalles, entre ellos, la tarifa.

La administración de Donald Trump había bajado el impuesto a las corporaciones estadounidenses de 35% a 21%, y ahora la propuesta del gobierno de Biden es subirlo a 28%, pero dejar un mínimo de 21%, que sería el piso para todos los países.

Randall Madriz, asesor fiscal y socio de impuestos de Deloitte, explicó que la OCDE había propuesto una tarifa de 12,5%.

El segundo tema por definir es a quiénes va dirigido el impuesto.

“Esta iniciativa va dirigida a empresas con presencia en múltiples jurisdicciones, bien sea generando servicios; o compañías que se dedican a fabricar bienes y que han esparcido por el mundo su cadena de producción, generando utilidades en distintas jurisdicciones”, explicó Madriz.

Sin embargo, no está definido si esto incluye solo grandes multinacionales o cualquier empresa que tenga su casa matriz en un país y opere también en otras naciones.

También se debe considerar que algunos países tienen renta mundial (si la casa matriz está domiciliada en una nación paga los tributos ahí, no importa donde opere) o territorial, como es el caso de Costa Rica, donde las empresas pagan el impuesto solo sobre las rentas generadas en el territorio nacional.

¿Qué pasaría si un país decide no ajustarse al mínimo global? ¿Podría haber acuerdos tributarios entre países? Son parte de las incógnitas que todavía no tienen respuesta.

Lo que es certero, explicó Madriz, es que de llegar a aprobarse la propuesta el panorama mundial cambiará.

¿Qué puede hacer Costa Rica?

A Costa Rica le corresponde revisar un sector muy importante de su economía y la obliga a actuar para seguir siendo atractiva a la inversión extranjera.

El país tiene un régimen especial en el cual ofrece incentivos a las empresas multinacionales para operar en nuestro territorio.

Uno de esos incentivos es la exención del impuesto sobre las utilidades por un periodo definido según sea su ubicación (dentro o fuera de la Gran Área Metropolitana ampliada).

Según estimó el Banco Central, con base en las cuentas nacionales del 2017, en el régimen especial laboraban, en ese año, 358 productores, los cuales generaban la décima parte del valor de la producción.

Según el estudio más reciente sobre el impacto del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica (del 2019), existían en ese momento 394 empresas en zona franca, activas, que proporcionaban 125.039 empleos directos y 62.132 indirectos.

Actualmente, es el sector más dinámico de la economía y contribuye a paliar los fuertes daños económicos que ha generado la pandemia.

“Tenemos que tener mucho cuidado en analizar este tipo de propuestas porque, en primer lugar, Costa Rica no es un país extremadamente competitivo y precisamente el régimen de Zonas Francas, con sus beneficios de exoneraciones y otros, compensa parcialmente la falta de competitividad del país para poder atraer flujos de inversión extranjera directa importantes”, opinó Ricardo Monge, economista consultor de organismos internacionales.

La estrategia de Costa Rica, según Monge, debería ir en dos direcciones: vigilar atentamente las decisiones de otros países y, por otro lado, establecer una mesa diálogo con las empresas para conversar posibles opciones de cara a los cambios.

Monge citó el caso de Irlanda, donde el gobierno se sentó con las empresas y acordaron que si tenían que cobrarles algo eso se invirtiera en proyectos beneficiosos para las multinacionales, y uno de los acuerdos fue usar parte de los recursos para mejorar la educación técnica y profesional en áreas que son fundamentales para su competitividad.

El Ministro de Comercio Exterior de Costa Rica considera que todavía falta información para definir una estrategia.

“Como en muchos de estos temas, el diablo está en los detalles y es por eso que básicamente en este momento lo que estamos es a la espera de tener más información, para poder tener una posición y hacer un análisis técnico sobre qué es lo que esto significa”, dijo el jerarca de Comex.

Sobre la idea de ir estableciendo una mesa de diálogo como Irlanda, el Ministro indicó que en Comex tienen una coordinación muy directa con las empresas, no solo para un tema como impuestos, sino para entender temas de competitividad de manera mucho más amplia y lo hacen en diferentes espacios.

Citó el Consejo Consultivo Externo de Comex (Ministerio de Comercio Exterior) donde participan otras entidades de Gobierno y cámaras; la junta directiva de Procomer (Promotora del Comercio Exterior) y una relación directa con Azofras (Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica).

Valenciano considera que eso es uno de los grandes beneficios de formar parte de la OCDE, como lo espera Costa Rica, porque el país va a poder estar ahí, en el seno donde se toman esas decisiones.

El jerarca indicó que Costa Rica está bien posicionada para seguir compitiendo con: la estabilidad democrática, la estabilidad social, la seguridad jurídica, el talento humano, la sostenibilidad ambiental, que son ventajas que no se construyen de la noche a la mañana.

De parte de las empresas, Carlos Wong, presidente de Azofras, consideró que Costa Rica no debe aventurarse a hacer cambios a su estructura de zonas francas.

“En estos momentos Colombia, Panamá y Guatemala mejoraron sus leyes de zonas francas para ser más competitivas. Una idea de un impuesto mínimo requiere un cambio global para evitar los desplazamientos de capital internacional y Costa Rica debe proteger sus posiciones competitivas”, opinó Wong.

Otro actor importante en la discusión es la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), entidad encargada de atraer inversión al país, pero esta prefirió no externar un criterio hasta tener mayor definición.