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Por cada ¢1 de remuneración básica que prevé pagar el sector público este año, tiene previsto gastar ¢1,10 en incentivos salariales.
Esta relación crece cada año desde el 2010, según advierte la Contraloría General de la República en su informe “Presupuestos públicos 2017. Situación y perspectivas”.
Los incentivos se establecieron como un beneficio adicional al salario, con el objetivo de estimular a los trabajadores por su desempeño o por realizar ciertas labores.
Sin embargo, con el tiempo se hicieron más grandes que los salarios mismos.
Según el ente contralor, para el año 2017, el sector público destinará ¢5,8 billones al pago de remuneraciones, de las cuales un 40,8% corresponde a incentivos. También componen ese rubro los salarios base y las cargas sociales.
“Esquemas donde los incentivos superan en gran medida el salario base desvirtúan la naturaleza de ambos, pues en la praxis el incentivo se ha convertido en un mecanismo para compensar salarios base bajos”, indica el informe de la Contraloría.
Consultado sobre la tendencia, el viceministro de Hacienda encargado de gastos, José Francisco Pacheco, explicó que si se evalúa el aumento en la planilla respecto a la inflación, aquella crece más, pero si se hace respecto a la producción del país (la riqueza que se genera), hay una participación estable en los últimos años, a pesar del crecimiento en los pluses o incentivos.
Explicó que el gasto en incentivos crece por varias razones: la forma en la cual se han diseñado, la elevada participación de profesionales en la estructura de empleo gubernamental (50% de la planilla tiene grado universitario, y este el grupo con los pluses más fuertes) y la elevada edad promedio del empleado de Gobierno (43 años).
Esto último implica que muchos funcionarios acumulen una cantidad significativa de anualidades.
Por lo tanto, conforme los actuales trabajadores se pensionen e ingresen otros más jóvenes, este gasto se desaceleraría, pero aún así se debe racionalizar el otorgamiento de ciertos incentivos, dijo.
El Gobierno propuso una iniciativa de ley para limitar los pluses salariales en el sector público, el cual se encuentra actualmente en la Asamblea Legislativa.
Algunas entidades. Según el órgano contralor, en algunas entidades la relación entre los incentivos y los salarios base sobrepasa el promedio del sector público, como en Recope, en la Defensoría de los Habitantes y el Poder Judicial.
“En el caso de Recope, el pago de las anualidades tiene un peso significativo, debido fundamentalmente a que más del 60% de la población laboral supera los 10 años de servicio, de los cuales un 19% excede los 30 años. Conforme esta última población se acoja a su jubilación, se espera que el peso de la anualidad disminuya”, explicó la entidad en una respuesta escrita.
La defensora de los habitantes, Monserrat Solano, dejó claro que para ella es necesario ordenar el aspecto salarial en todo el sector público; no obstante, explicó que en la Defensoría los incentivos están incluidos en la ley y, por lo tanto, deben reformarse por esa vía, para lo cual tienen un plan que incluye también otros temas.
En el Poder Judicial, José Luis Bermúdez Obando, director de Gestión Humana, justificó que los incentivos han sido una de las formas más eficaces que ha tenido la institución para asegurarse la permanencia de la calidad y la estabilidad de su personal humano.
Añadió que, por la naturaleza compleja y sensible del servicio de administración de justicia, el personal debe ser muy diverso y calificado.
