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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) comunicó que no realizará el Censo Nacional en el 2022, como tenía previsto, en vista de que el Ministerio de Hacienda le negó la autorización para aumentar su presupuesto y financiar el estudio.
La aplicación de la regla fiscal contemplada en la Ley N.º 9635 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas), impide la ejecución del gasto más allá del límite establecido año a año para la institución, y hace totalmente inviable realizar el XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, declaró la entidad, en un comunicado.
Para el ejercicio 2022, dicha regla es de 1,96%; lo cual implica que el monto de los gastos totales presupuestados no puede sobrepasar ese porcentaje respecto al plan de gasto del 2021.
La medida afecta también la aplicación del Estudio Económico de Empresas y la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, todas programadas para el 2022 y con disponibilidad de recursos.
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El viceministro de Egresos de Hacienda, Isaac Castro, repitió que ese ministerio no puede liberar al INEC de la denominada regla fiscal.
“El Ministerio de Hacienda es respetuoso de la legislación vigente aprobada por la Asamblea Legislativa. Con la aprobación de la Ley 9635 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas), se definió, en el Título IV, como ámbito de aplicación de las normas relacionadas con la responsabilidad fiscal, a todas las entidades que integran el sector público no financiero, dentro de las que se encuentra el INEC”, respondió por escrito.
“Sobre estas normas –agregó– este ministerio tiene potestades de verificación y seguimiento, no de eximir a ninguna entidad pública de su cumplimiento. La misma ley es la que establece las excepciones, por lo tanto para ampliarlas se debe recurrir a la Asamblea Legislativa”.
Esta sería la segunda vez que se suspende el estudio estadístico que está pendiente pues inicialmente debía hacerse en el 2021, sin embargo, un recorte en el presupuesto de este año truncó dichos planes.
Las gestiones para lograr la autorización de la inversión en esos estudios se realizan desde el 2020 ante Hacienda, así como ante la Presidencia (de la República) y el Ministerio de Planificación, adujo el Instituto. “Lamentablemente no ha habido voluntad política”, enfatizó.
Consecuencias
El INEC advirtió, en el comunicado de que al no contar el país con información censal, y la de otras operaciones estadísticas, las repercusiones podrían ser muy negativas, principalmente de cara a la recuperación de la crisis económica y social pospandemia.
Argumentó que una de las consecuencias se dará con el sector privado nacional, el cual no contará con insumos que les permita desarrollar estrategias de negocio e inversión con miras a la reactivación económica.
Según el INEC, en igual condición estarán inversores externos y se corre el riesgo de que, a las bajas calificaciones económicas de organizaciones internacionales, se sume el que dichos entes no podrán tener cifras sobre la realidad nacional para valorar el entorno social.
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Una consecuencia directa, aseguró ese instituto, sería el despido de 150 personas capacitadas en estos proyectos, aumentando así las estadísticas de desempleo nacional.
El gobierno próximo tampoco contará contará con cifras actualizadas y no podría darse seguimiento a los compromisos suscritos en la Agenda 2030 relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el ámbito local, y los organismos internacionales, entre ellos la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Interamericano de Desarollo (BID), el Fondo Monetario Internacinal (FMI), Banco Mundial (BM) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aseveró el INEC.
Con la OCDE el país se comprometió a realizar el censo de población y vivienda en el 2021, de acuerdo con la frecuencia de los censos establecidos mediante la Ley número 9694, pero también tiene el compromiso de aplicar la regla fiscal.
La entidad encargada de las estadísticas del país insistió, en su informe, en que cuenta con los recursos necesarios para financiar el censo y otros productos incluidos en el Plan Plurianual de Producción Estadística. Agregó que, por tanto, no se está solicitando que se le exima de la regla fiscal ni solicitando presupuesto adicional.
La institución anunció, en setiembre del 2021, que contrataría a cerca de 14.500 personas para la recolección de datos.
