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Las medidas de ajuste fiscal planteadas hasta el momento son insuficientes para restaurar la sostenibilidad de las finanzas gubernamentales.
Las autoridades conocen esta aritmética y pretenden un ajuste mayor durante sus cuatro años de gestión, mediante medidas adicionales que propondrán en el futuro, una vez se aprueben las que se encuentran en discusión hoy.
El problema con esta estrategia radica en que los mercados también hacen sus cuentas, conocen que las soluciones sobre la mesa se quedan cortas y, lo que es más grave, tienen muy buenas razones para dudar –¡se las hemos dado, una y otra vez en los últimos años!– que termine, finalmente, completándose el ajuste requerido.
Así, las expectativas de los consumidores, de las empresas y, por supuesto, de quienes financian al Gobierno difícilmente mejorarán. Esto significa que las condiciones crediticias continuarían siendo restrictivas y, por tanto, se profundizará la ralentización de la economía, del consumo y de la inversión.
Entre tanto, los riesgos se acentuarán. Un ajuste que se percibe insuficiente significa que las vulnerabilidades seguirán aumentando, poniendo en juego el crecimiento y, como si la apuesta no fuera suficiente, la estabilidad macroeconómica. En este punto, shocks externos e internos de muy diversa naturaleza pueden influir sobre las expectativas, generando volatilidad financiera y cambiaria, configurando un escenario mucho más complejo.
Es hora de que la seriedad y la responsabilidad se impongan. El tamaño del desequilibrio y el tiempo que se dispone para corregirlo no son consistentes con la estrategia de mínimos, a la que nos ha llevado la disfuncionalidad del sistema y de los actores políticos. Por supuesto tampoco debería siquiera considerarse, como una salida, la posposición del ajuste, mediante financiamiento externo.
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Cada una de las partes de este rompecabezas –el Ejecutivo, la oposición y los grupos de interés– deben entender que lo está en juego no es un difuso resultado electoral, el porcentaje de aprobación en una encuesta, los egos personales o las rentas apropiadas gracias a la acción u omisión gubernamental. A lo que realmente se está jugando es a detonar una crisis, en un momento en el que hacerlo no sólo pondría en riesgo el bienestar económico sino que, dado el malestar y la indignación de la ciudadanía, abriría una Caja de Pandora con consecuencias políticas y sociales inimaginables.
