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Un enfrentamiento político en El Salvador provocó que las calificadoras de riesgo degradaran la nota a la deuda de largo plazo del país a los niveles más bajos, y ahora el Gobierno enfrenta serias dificultades para conseguir recursos tanto para financiar sus propios gastos, como para pagar a las administradoras de fondos de pensión.
A raíz de la situación, los afiliados no van a recibir los rendimientos de sus jubilaciones en sus fondos y hasta el pago mismo de las pensiones está en peligro.
Édgar Robles, exsuperintendente de pensiones de Costa Rica, explicó que esta historia comenzó hace más de una década cuando el Estado salvadoreño pasó de un sistema de pensiones de reparto (seguro solidario, como funciona en Costa Rica el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte), dado que existían problemas para su sostenibilidad, a uno de capitalización individual donde cada cotizante tiene su propia cuenta.
No obstante, hay personas que quedaron en el sistema viejo porque tenían derechos adquiridos, pero estos quedaron sin reservas para pagar a los jubilados, detallaron Robles y el economista José Luis Arce.
Para enfrentar esta sitaución el congreso salvadoreño aprobó una ley para exigirle a las AFP (Administradoras de Fondos de Pensión), que compraran bonos del Gobierno, de forma obligatoria, con los recursos que captaban de las cuentas individuales. Estos se llaman Certificados de Inversión Previsional.
"Los bonos del Gobierno eran un mal negocio para los afiliados porque establecían que la tasa de interés que pagaban era la tasa Prime Rate más 0,75 puntos en momentos en que la tasa Prime estaba históricamente baja", comentó Robles.
Este año la situación empeoró porque el Gobierno no incluyó en el presupuesto el dinero para pagar los bonos que han vencido, entonces dejó de pagar los intereses y ahora también el principal.
Como repercusión inmediata las agencias calificadoras degradaron este mes las notas de deuda de largo plazo de El Salvador llevándola a los niveles de mayor riesgo.
Standard & Poor's colocó al país en "SD" (incumplimiento selectivo), pocos días después de que lo había degradado a "CCC-", calificación que indica una muy mala calidad crediticia; Moodys le bajó la calificación a la deuda de largo plazo de El Salvador de B3 negativa a Caa1, y Fitch llevó al país a "default restringido", argumentando que al no pagar los intereses a los fondos de pensiones, incumple con sus obligaciones soberanas.
La degradación de la calidad crediticia del país aumenta el costo del financiamiento no sólo para el Gobierno, sino también para las empresas, lo cual golpea sus costos de producción y lo cual se traduce, a su vez, en mayores precios de productos y servicios.
También las personas ahora deberán pagar mayores tasas de interés por sus préstamos.
Pero, además, los afiliados a las operadoras no van a recibir los intereses y hay riesgo de que tampoco los jubilados reciban sus pensiones.
El Gobierno, del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), propuso al congreso que le autorice una nueva emisión de bonos para pagar las deudas; no obstante, el partido de oposición, Arena, le pide como condición reducir los gastos estatales.
"El Salvador está políticamente muy polarizado entre el Gobierno del FMLN (izquierda, antigua guerrilla) y Arena (derecha), la debilidad legislativa del Ejecutivo hace que les resulte muy difícil aprobar leyes o negociar reformas y lo que sucedió a inicios de abril es un resultado de esa parálisis. Es un tema grave en lo político y por la consecuencia que ha provocado que es la reacción de las calificadoras", opinó Arce.
Lección
Para nuestro país Robles y Arce descartan que se pueda dar algún efecto contagio por estar físicamente cerca.
Otra repercusión podría venir por los inversionistas locales que compraron bonos en El Salvador y ahora estos bajan de precio. Arce que no cree que sea mucha este tipo de inversión.
Para Robles lo que hay para Costa Rica es una enseñanza. "La enseñanza es que si nosotros dejamos que los sistemas de los fondos públicos revienten, como es el camino que se ha venido tomando, eventualmente el Gobierno puede entrar a una situación similar a esta, en donde va a tener que emitir bonos para hacerle frente a los pagos de pensiones", dijo Robles.
Aclaró que hoy Costa Rica está un poco lejos de esa situación porque los fondos de pensiones siguen manteniendo eso: un fondo.
"El problema en El Salvador es que ese dinero se acabó y que pasó a ser un sistema en el cual las pensiones pasaron a ser con cargo al presupuesto público y no hay forma de financiarlas, sino emitiendo bonos", añadió el economista.
