EscucharLos magistrados de la Corte Plena exigieron una rendición de cuentas a los administradores del régimen de pensiones de los empleados judiciales por las inversiones en bonos de deuda de Desyfin y las eventuales pérdidas para el sistema por el proceso de cierre de la financiera.
En la sesión del 26 de agosto pasado, el órgano convocó a una reunión urgente, tres días después, para que los dirigentes de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (Junafo) brindaran explicaciones sobre las “malas inversiones” en la entidad financiera.
El acuerdo se tomó después de los reproches de varios miembros de la Corte sobre el impacto negativo en el fondo, en el cual cotizan 14.336 trabajadores activos y 4.181 pensionados. También fue consecuencia de un comunicado de la Junafo, emitido el 21 de agosto, en el cual se minimizó el efecto para el régimen por las inversiones en Desyfin.
El régimen de jubilaciones del Poder Judicial invirtió ¢11.500 millones en títulos valores de la financiera, lo que representa el 1,5% del portafolio total, es decir, ¢761.916 millones. El pago de esas emisiones está congelado desde el 13 de agosto, cuando el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenó la intervención de Desyfin. El informe final de la intervención estimó que los inversionistas de Desyfin tendrán una pérdida de entre el 25,3% y el 39,8%.
“Hemos visto algunos comunicados de preocupación en relación con el tema del fondo de pensiones y jubilaciones en lo que se refiere a inversiones que hicieron en la entidad Desyfin (...) Son alrededor de ¢10.000 millones lo que se había invertido ahí“, justificó Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, para hacer la convocatoria.
El magistrado Paúl Rueda, de la Sala IV, consideró necesario la presentación de un informe a la Corte sobre “las pérdidas" y las “malas inversiones”.
“Sería bueno saber qué otro tipo de inversiones están haciendo (...) no podemos pasar de Guatemala a ‘guatepeor’, no podemos pasar de unas inversiones que casi no le daban rendimiento al Poder Judicial, en épocas de antaño, porque eran inversiones malísimas, a otro extremo, que es un mal cálculo de los riesgos", expuso Rueda.
Hemos visto algunos comunicados de preocupación en relación con el tema del fondo de pensiones y jubilaciones en lo que se refiere a inversiones que hicieron en la entidad Desyfin"
— Orlando Aguirre, presidente Corte Suprema de Justicia
Las magistradas Damaris Vargas e Ingrid Hess, de la Sala I y Constitucional, respectivamente, pidieron que Junafo brindara un mayor detalle sobre las inversiones del régimen y la exposición en los casos del BCR SAFI y Coopeservidores. A junio pasado, el régimen solo tenía inversiones por ¢13.281 millones en fondos administrados por BCR SAFI y ninguna en la cooperativa, según los estados financieros.
Mediante la Oficina de Prensa del Poder Judicial, se detalló que la Corte Plena tuvo el informe por recibido, pero no tomó ninguna decisión al respecto.
Administradores del fondo judicial defienden inversión
En un inicio, la presentación se iba a concretar en una sesión extraordinaria, el 29 de agosto, pero al final se llevó a cabo un taller de trabajo no grabado entre los magistrados y la Junta Administradora, y no una sesión de Corte Plena, según el oficio N.° 0686-Junafo-2024, del 10 de octubre, del cual tiene copia La Nación.
En este documento, se indica que a los magistrados se les brindó la justificación de las razones por las cuales la inversión realizada en Desyfin se hizo de manera técnica y profesional.
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“Desde la parte del Comité de Inversiones (...) hemos seguido las políticas normativas y demás establecidas por la Supén (Superintendencia de Pensiones)“, dijo Rodrigo Arroyo Guzmán, miembro de la Junta Directiva de Junafo, según consta en el documento en poder de este diario.
No podemos pasar de Guatemala a ‘guatepeor’, no podemos pasar de unas inversiones que casi no le daban rendimiento al Poder Judicial, porque eran inversiones malísimas, a otro extremo, que es un mal cálculo de los riesgos"
— Magistrado Paúl Rueda
Por escrito, el órgano administrador de las pensiones judiciales insistió a La Nación en que las inversiones en Desyfin se hicieron apegadas a la normativa vigente y que la probabilidad de materialización de un evento de riesgo es inherente a cualquier portafolio de inversión.
“Como se aclaró ante las personas integrantes de la Corte Plena, las actuaciones de la Junafo han sido acorde a la reglamentación, las reglas y la ciencia que rigen esta actividad", se recalcó.
Sin embargo, en el oficio en poder de este diario, se aceptó el efecto adverso para el régimen de jubilaciones. La cuantificación del impacto se conocerá hasta el proceso final de resolución de la financiera y la valoración de los activos residuales. Pero se descartó que se comprometa el pago de las jubilaciones y pensiones.
Diversificación
La Corte Suprema confirmó que no abrió ningún proceso contra la Junta Administradora porque se trata de un órgano de desconcentración máxima.
“La Corte no puede darle órdenes ni instrucciones particulares a la Junta y esta tiene potestades suficientes para autoadministrarse y financiarse (...) lo anterior, impide ejercer potestades jerárquicas para con la Junafo. A lo sumo la Corte tiene potestades de dirección es decir dar orientaciones generales a la Junafo, pero no órdenes concretas ni instrucciones particulares“, se precisó por escrito.
La Superintendencia de Pensiones es el órgano encargado de la fiscalización y de ejercer medidas sancionatorias, en caso de que se determine una irregularidad financiera.
La Nación consultó a la Junta Administradora si hará una investigación a raíz de las inversiones en Desyfin. Sin embargo, no respondió la pregunta, se especificó que la actuación fue correcta y no se modificará la estrategia de inversiones.
Desde este 2024, los fondos de pensiones, en general, deben iniciar un proceso de mejora en la diversificación de sus inversiones, sobre todo para reducir la alta exposición que tienen a los bonos de deuda del Gobierno Central.
En el caso del del Poder Judicial, este proceso se inició desde el 2022, cuando la Junta Administradora del Fondo comenzó a adquirir valores en el mercado internacional.
